ENTORNO | EL GOBIERNO APUESTA POR EL MODELO DE TURISMO Y LADRILLO
La contrarreforma ambiental del PP

Industria elimina las primas a las energías renovables
Los intereses de las eléctricas se imponen en un Real Decreto que
acarreará la destrucción de empleo en el sector de las energías limpias.

Más ladrillo: Fomento anuncia 3.500 kilómetros más de autovías.
El Estado español se aleja con estas medidas de sus objetivos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

- “Este modelo ha supuesto una bancarrota moral”

- "La única explicación a la apuesta por las energía sucias son las ganancias que éstas aportan a las grandes empresas eléctricas"

- "Está pensando en que la regulación ambiental no entorpezca el crecimiento económico"

22/02/12 · 10:00

Como un torrente. Dos periodistas de
El País y Público ironizaban, la mañana
del 1 de febrero, sobre la velocidad
a la que el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, explicaba cuál
va a ser su programa al frente del
Ministerio. Ese mismo día aparecían
en su página web, con una edición
también apresurada, las 66 propuestas
que Arias Cañete va a tratar de
desarrollar en su segunda etapa como ministro.

Las respuestas de los grupos ecologistas
a la batería de propuestas de
Miguel Arias Cañete han sido de franco
rechazo. Así, Mario Rodríguez
Vargas, director ejecutivo de
Greenpeace España, describía la acción
del Gobierno como un “desmantelamiento
del Estado del bienestar
medioambiental”. En Ecologistas en
Acción se subraya que estas medidas
profundizan las archisabidas políticas
desarrollistas: más ladrillo, a través
de la construcción de infraestructuras
y la puesta en cuarentena de la
Ley de Costas de 1988, y más contaminación,
al priorizar la recuperación
económica por encima del cumplimiento
de los objetivos de reducción
de gases de efecto invernadero asumidos
en Kyoto. Paco Segura, coordinador
de Ecologistas en Acción, califica
de “contrarreforma” los planes
del Gobierno. “La legislación en materia medioambiental
en el Estado español
es buena, el problema es que
no se aplica, sin embargo esto es una
vuelta dramática al pasado”, concluye
Segura, quien comenta que no se
esperaba estas medidas tras la primera
toma de contacto con los grupos
ecologistas del ministro Arias Cañete.

‘Knock out’ a las renovables

Entre las medidas expuestas brillan
por su ausencia referencias a aspectos
claves para entender la coyuntura
de las políticas ambientales como
el nuevo mapa que se dibuja
después de que la Agencia Internacional
de la Energía anunciase en
2010 que cuatro años antes se superó
el llamado “pico del petróleo”. En
febrero, este hidrocarburo alcanzó
su precio máximo desde mayo de
2011 debido al anuncio del embargo
comercial a Irán y el impacto en
los países más desarrollados del invierno
siberiano.

Al futuro inmediato de escasez de
crudo se unió, tres días antes del
anuncio de Arias Cañete, un duro golpe
a las políticas para consolidar la
llamada “soberanía energética”, que
consiste en poner los instrumentos
para que el Estado español no dependa
de las importaciones de fuentes de
energía, dado que éstas serán cada
vez más costosas, y tienen un peso
decisivo, por tanto, en el déficit comercial [Añadido a la edición digital: las compras de energía suponen el 86% del total del saldo negativo de la balanza comercial española, vía Expansión]. Ese golpe lo
anunció el titular de Industria, José
Manuel Soria, quien anunció el fin de
las primas para nuevas explotaciones
de energías renovables, verbalizado
en el Real Decreto Ley 1/2012.

El objetivo del Gobierno, en palabras
de Soria, es reducir el déficit de
tarifa, un complicado concepto que
establece la diferencia entre el monto
total recaudado por las tarifas eléctricas
fijadas por la Administración y el
coste real de la energía una vez se han
cuantificado los costes de adquisición,
transporte, primas, etc. Explicado
en otras palabras, la energía es
más cara que el precio que la ciudadanía
–no así la industria– paga por
ella, lo que ha generado una deuda
con las eléctricas de 21.000 millones.
¿Es responsabilidad de las energías
renovables, como defendió Soria?
Cristóbal J. Gallego, investigador del
Observatorio Crítico de la Energía,
opina que no, dado que el déficit tarifario
puede compensarse de distintas
formas. El Gobierno, según Gallego,
ha optado por apuntalar el carácter financiero
del muy opaco sector energético,
para favorecer con ello a las
grandes empresas eléctricas
(principalmente
Iberdrola, Endesa y Gas
Natural) en detrimento del sector de
las renovables, también controlado
por grandes empresas, pero en el que
también participan pequeñas explotaciones,
sobre todo en el caso de la
energía fotovoltaica solar. Desde este
Observatorio se insta a la ciudadanía
a que reclame una auditoría del déficit
de tarifa para establecer qué parte
de esa deuda responde a decisiones
“que no se han consultado ni aclarado
a la ciudadanía”.

Las primas a las renovables se introdujeron
en 1997 con el objetivo de
incrementar el peso en el mix energético
de aquellas fuentes que se obtienen
de recursos naturales abundantes
o inagotables y no produce residuos
contaminantes, como pueden
ser la eólica, la solar, o la hidroeléctrica.
El objetivo de estas ayudas era que
las energías limpias alcanzasen una
madurez tecnológica suficiente para
que su coste de generación se equiparase
paulatinamente con el de las
energías denominadas “sucias” por la
generación de residuos que conllevan
(carbón, petróleo, centrales de ciclo
combinado o la energía nuclear). Ese
objetivo de reducir los costes de las
energías renovables se ha logrado, especialmente
en la generación eólica,
apunta Ladislao Martínez, de Attac,
quien cree que el parón anunciado
por el Gobierno repercutirá en una
pérdida de tejido industrial en un sector
que actualmente da empleo a
120.000 personas y que hasta 2020 iba
a crear otros 180.000 empleos, según
el Plan de Energías Renovables. Para
Cristóbal Gallego, la medida “supone
lanzar la señal de que nuestro desarrollo
industrial y líneas de investigación
no van a ir por ese camino”.
Gallego recalca que el español es un
Estado puntero en el desarrollo de esta
energía, por eso no se explica este
paso atrás del Gobierno, que contrasta
con la apuesta de actores económicos
como Alemania o India, que recientemente
han presentado sendos
planes de aprovechamiento de las
energías renovables.

Cambios en lo climático

Marta Victoria, del Observatorio
Crítico de la Energía, establece una
relación directa entre el Real Decreto
1/2012 y los planes de disminución de
emisiones de CO2 , el principal carburante
en las emisiones de gases de
efecto invernadero causantes del
cambio climático, y pone como ejemplo
el último informe de Red Eléctrica
de España, que muestra cómo la recuperación
de primas al carbón autóctono
ha incrementado considerablemente
las emisiones de dióxido de
carbono, “alejándonos de la senda de
recuperación en la que nos encontrábamos
gracias a las renovables”,
apunta Marta Victoria.

Como ya sucedió en la anterior legislatura,
el peso de las acciones respecto
al calentamiento global recae
en el Ministerio de Industria y en el de
Fomento, que marcan el paso a Medio
Ambiente. El 9 de febrero era Ana
Pastor, titular de Fomento, quien
anunciaba un nuevo Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda que
parece hecho a medida de los automóviles:
en los próximos 12 años se
construirán más de 3.500 km de vías
de alta capacidad –autovías– sufragadas
con 18.668 millones de euros.
Otros 25.000 millones se destinarán a
líneas ferroviarias de Alta Velocidad.
El fin de las primas a las renovables
y la apuesta por las grandes infraestructuras
se ven reflejados en el punto
53 del documento presentado por el
Ministerio, que abre el apartado sobre
cambio climático y anuncia una
nueva estrategia “adecuada a las actuales
circunstancias económicas,
que permita reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero”. Las negociaciones
internacionales para establecer
un acuerdo vinculante que
sustituya al protocolo de Kyoto sobre
cambio climático tienen como objetivo reducir las emisiones de gases
–principalmente CO2– para disminuir
dos grados la temperatura global del
planeta en 2050. Esto obligará al
Estado español a comprometerse, antes
de 2013, a plantear una reducción
de emisiones de cara a 2020 con respecto
a 1990, el año de referencia establecido
en Kyoto. Daniel Carralero,
miembro del Observatorio Crítico de
la Energía, cree que es un error supeditar
la reacción contra el calentamiento
global a la recuperación de la
crisis financiera: “Luchar contra el
cambio climático requiere tener una
conciencia clara del problema, de sus
consecuencias y mantener políticas
coordinadas globalmente de forma
decidida durante largo tiempo”. Esta
visión se completa con el diagnóstico
de Pablo Cotarelo, del área de clima
de Ecologistas en Acción, que explica
que la sociedad tiene un grave problema
“si la creación de empleo y el
‘bienestar’ social siguen dependiendo
del crecimiento de las emisiones”.

Calidad del aire y residuos

En la misma comparecencia, el ministro
anunció que se revisarán las
normativas sobre calidad del aire “para
hacerla realista”. Esto, en cualquier
caso, debe atenerse a los límites
de contaminación marcados por
la UE, sistemáticamente incumplidos
en ciudades como Madrid, Barcelona
o Bilbao. Asimismo, se anuncia una
actualización del Plan Nacional Integrado
de Residuos 2008-2015, un
marco legislativo que según Alodia
Pérez, del área de recursos naturales
y residuos de Amigos de la Tierra,
depende en su ejecución de comunidades
y municipios y que, sorpresa,
está siendo objeto de los recortes
presupuestarios. En este caso, dice
Pérez, hay que considerar las diferencias
entre comunidades, así “la
gestión en Catalunya es buena,
mientras que Madrid está por debajo
de la media”.

Evaluación ambiental

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se estrenó el 22 de diciembre pasado reconociendo que no tenía ni idea de medio ambiente. Será por eso que entre las 66 medidas presentadas por su ministerio anuncia «simplificar los trámites ambientales» en referencia a los estudios de impacto ambiental necesarios para llevar a cabo cualquier obra pública o privada. Arias Cañete dijo: «Se trata de eliminar burocracia ambiental». Según ha declarado a DIAGONAL un urbanista experto en Estudios de Impacto Ambiental de Ecologistas en Acción: «El objetivo de Arias Cañete es eliminar cualquier traba para hacer obras. Pero, por mucho que quiera suprimir, tendrá como límite las leyes comunitarias. Si él trasgrede las directivas comunitarias serán los tribunales los que le pongan en su sitio», apunta. Ecologistas recuerda que el recorrido en normativas ambientales de EE UU y Europa cuenta con más de 50 años de historia legal. «Se trata de, a través de un procedimiento ambiental, comprobar si el proyecto es compatible o no con el entorno. Si no lo es, hay que descartar la obra», aclaran.

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comentarios

1

  • |
    anónima
    |
    28/06/2012 - 6:00pm
    Está clara la intención: las grandes eléctricas pretenden seguir dominando el sector de la generación y facturación de la electricidad, y con estas medidas se deshacen de futuros competidores. Pero hay mas, el desarrollo del sector de las renovables se hizo en España, bajo el anterior gobierno pepero, con vistas a la creación de relativamente grandes explotaciones de producción centralizada, para diversificar el negocio eléctrico, crear posibilidades de negocio a fondos provenientes de la especulación urbanística, y favorecer a propietarios de fincas con su reconversión a la actividad de las huertas solares (con el cobro de las correspondientes subvenciones). No se hizo como en Alemania, donde con casi la mitad de irradiación solar, se apostó por una descentralización de la producción de energía para hacer posible que millares de hogares pudieran instalar generadores caseros, normalmente en los techos de las viviendas. Seguir este modelo pasaría por derogar la regulación de que la posesión de generadores (no solo solares, también minieólicos) en zonas no aisladas de la red implica convertirse en empresa generadora de energía, siendo obligatoria la conexión a la red y la facturación periódica de la producción, que es la principal traba para que miles de productores anónimos puedan ponerse a generar de manera descentralizada energía eléctrica. Este modelo podría ponerse en marcha simplemente con poner un tope mínimo a la cantidad de energía que un particular puede producir sin ser considerado empresa (lo cual debería considerarse un derecho), e instalar en los domicilios un contador balanceado que pueda llevar las cuentas tanto de la energía consumida como la producida en el hogar, y sobre ese balance calcular la facturación mensual. Faltaría decidir que ocurriría en caso de que la factura saliera negativa, es decir, que el particular produjera mas de lo que consume, que puede ocurrir en épocas de poco consumo y gran irradiación, lo que nos llevaría al máximo dimensionamiento de los generadores de particulares. La experiencia demuestra que el límite podría estar entre 5 kW y 10 kW, lo cual nos llevaría a unos costos de instalación asumibles por muchas familias, y a unas facturaciones mensuales medias nulas o ligeramente favorables al productor, algo perfectamente asumible por las empresas facturadoras, tal y como ocurre en Alemania. Esto modelo, además, contaría con la ventaja de la disminución de las pérdidas por transporte en las líneas de AT, supondría un alivio económico a las familias, el desarrollo del negocio de los instaladores de paneles con el correspondiente aumento de puestos de trabajo relacionados -empleos para los que ya existen muchos profesionales formados a través de cursos de FPO, que hasta ahora parece que se les ha instruido solo para entretenerles, debido a la incongruencia de la formación impartida con el estado de las leyes que impiden el despegue de la actividad- y, por supuesto, una disminución de las emisiones y de la dependencia energética.
  • Foto: Juan Carlos Rojas
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