ESTADO ESPAÑOL // A PESAR DE LA LEY DE DESAHUCIO EXPRÉS, EL PRECIO DEL ALQUILER SUBIÓ EN ENERO UN 1,5% RESPECT
La banca presiona para sostener la burbuja

Los desahucios de
viviendas alquiladas y los
embargos han aumentado
a raíz de la crisis. Frente a
esto, la política de vivienda
sigue favoreciendo los
intereses de banca y
promotores inmobiliarios.

10/03/10 · 10:26
Edición impresa



Si usted tiene pensado dejar de pagar
las mensualidades de su alquiler
tiene que saber que, desde finales de
diciembre, el proceso hasta que le saquen
de la casa donde vive será rápido.
Bastará con que la administración
clave un edicto en la puerta del
inmueble en el que habita para que
sea oficial su próximo desalojo. Virginia,
una funcionaria de justicia, comenta
que con la entrada en vigor de
la Ley, “la gente se rinde antes, vienen
al juzgado y dejan la llave, cuando
antes pasaban meses hasta que se
llevaba a efecto el desalojo”. En 2008,
último año del que se tienen datos, el
porcentaje de procesos de desahucios
fue el más alto desde 1994, y es
previsible que esa cifra haya crecido
en 2009 y se mantenga alta en 2010,
a tenor de las estimaciones del
Consejo General del poder judicial.

La Ley de medidas de fomento y
agilización procesal del alquiler, conocida
como la Ley de desahucios
exprés, fue aprobada en noviembre
del año pasado para “estimular” a
los propietarios a alquilar sus viviendas
desocupadas, ya que el Gobierno
pretende aumentar el 11% que representa
el alquiler en el Estado, un
porcentaje escaso si se compara con
la media europea, situada en el 40%.
Pero este estímulo para los arrendatarios
no ha llevado consigo un descenso
de los precios. En enero, el
precio del alquiler subió un 1,5% respecto
al mismo mes del año anterior.

Tal vez porque el desahucio exprés
no ha motivado en exceso a los posibles
arrendadores, el Ministerio de
Vivienda presentó a finales de febrero
nuevas recetas para incentivar el
alquiler. Éstas se encaminan a seguir
beneficiando fiscalmente a los arrendadores,
mientras que los arrendatarios
beneficiados por las modificaciones,
enmarcadas en la Ley de
Economía Sostenible, serán los jóvenes
que quieran emanciparse.

El interventor municipal de fondos
y economista experto en urbanismo,
Fernando Urruticoechea,
considera que “estas ayudas, independientemente
de cuál sea el sector
social al que van destinadas, siempre
terminan en manos de propietarios
de vivienda”. Para este experto, al
margen de parches coyunturales, el
problema del acceso a la vivienda es
más complejo: “El mito neoliberal de
que la necesidad se satisface construyendo
más viviendas es absolutamente
falso, como se ha demostrado
en esta década ‘prodigiosa’ del 97 al
2007, en la que se han construido
unos cuatro millones de viviendas
en el Estado español con el resultado
de que el número de personas
que necesitan un alojamiento independiente
es superior al que había
en 1997”. La urbanista Raquel Rodríguez
apunta en una línea parecida:
“el problema es que las competencias
están repartidas entre las
tres administraciones; lo que hace
el Estado es presupuestar, pero no
tiene capacidad legal para intervenir
en todas las fases del proceso”.

¿A quién se ayuda?

“La banca no puede asumir la deuda
inmobiliaria”. Este aviso a navegantes
del presidente de la Asociación
Hipotecaria Española tuvo su eco en
la intervención de Beatriz Corredor
en una Feria de Outlet inmobiliario
celebrada en Madrid. La ministra de
Vivienda declaró que 2010 “es un
buen momento para comprar vivienda”,
ya que las desgravaciones
se mantendrán este año. Para resumir
la situación en la que se encuentran
promotores, banca y Estado,
basta decir que se estima que los
bancos tienen cerca de un millón de
viviendas en sus balances. A esto se
suma que un buen número de personas
hipotecadas corren el riesgo de
acabar embargados y con una importante
deuda por la rebaja de las
tasaciones de sus pisos provocada
por el estallido de la burbuja.

“La banca es la propietaria accidental,
ellos no querían pisos, lo que
querían era cobrar intereses. La vivienda
les convenía porque todas las
familias necesitan una y porque esos
precios les garantizan que nadie lo
va a poder pagar a tocateja”, apunta
Raquel Rodríguez, para quien la situación
se ha complicado mucho ya
que “si la banca comienza a perder,
quien irá detrás será quien esté pagando
su hipoteca. Creo que no hay
manera de hacer esto sin que al final
las víctimas sean las mismas”, señala
esta experta en Urbanismo.
Urruticoechea teme que a lo largo
de 2010 asistamos a la compra pública
o a enormes subvenciones en
las calificaciones de Vivienda de
Protección Oficial (VPO) de parte
del stock que tiene la banca y la patronal
inmobiliaria. “Sabemos cuánta
presión están metiendo los lobbies
bancarios y de promotores para hacer
líquido todo ese stock de viviendas,
para poderlo vender, y vemos
cómo apelan a las ayudas, subsidios
y subvenciones públicas para deshacerse
de ese patrimonio”.

Paralizada por el hundimiento de
la demanda de vivienda libre, la conversión
en VPO puede servir para
que los dueños de la piedra se deshagan
de parte de ese excedente, aunque,
como señala Juankar, de la plataforma contra la exclusión social,
Berri Otxoak, mucha gente a la que
le toca un piso protegido, “tiene que
renunciar a él porque no tienen recursos
para mantenerlo”.

Detrás de estos intentos por dar
aire a la construcción, se encuentra
la dependencia del modelo y cierta
predisposición ideológica a la compra
e inversión en vivienda que, para
Urruticoechea, hunde sus raíces en
la sacralización de la propiedad fomentada
por el Franquismo y popularizada
por Margaret Thatcher y el
llamado “capitalismo social”. Esto,
apunta este economista, “tiene consecuencias
implacables, porque la
gente se hipoteca por 20, 30 y hasta
50 años para pagar su vivienda, consagrándose
como esclavos sociales
de la banca, algo que tiene enormes
consecuencias colaterales con respecto
al mercado laboral”. En este
último punto, Urruticoechea ve increíble
que cuando se habla de la reforma
del mercado laboral, “nadie
ponga en la mesa el factor estructural
que diferencia nuestro mercado
laboral del resto de los europeos, que
es la rigidez en la residencia”.

A la hora de buscar remedio al
problema del acceso a la vivienda,
cobra una importancia clave el uso
que se hace del suelo público: “Soy
testigo, como funcionario público,
de que ha habido un saqueo de millones
de euros, porque se ha dilapidado
el suelo público a precios
irrisorios; se ha permitido la apropiación
privada por parte de los promotores
de miles y miles de hectáreas
públicas para mayor satisfacción de
estos y ese dinero ha vuelto en muchas
ocasiones como comisiones para
financiar a los partidos políticos”,
denuncia Urruticoechea.

Hacia el alquiler social

Para salir de esta situación Raquel
Rodríguez cree que hay que modificar
los principios en que se ha basado
hasta ahora la vivienda protegida.
En lugar de seguir calificando el suelo
como residencial de protección,
para esta urbanista, ayuntamientos y
autonomías deben pedir un porcentaje
de las viviendas ya construidas
“así, además, no haría falta segregar
a la gente en un rincón del municipio”.
Rodríguez apuesta por la rehabilitación
de inmuebles y por un régimen
de alquiler que atienda a las
necesidades estudiando cada caso.

Urruticoechea cree que la forma de
regular el derecho a la vivienda pasa
porque se destine al menos un 3%
del PIB para crear un parque inmobiliario
de viviendas públicas, algo
que es prácticamente residual en el
Estado español pero que, en lugares
como Francia, ha paliado, hasta cierto
punto, la necesidad de vivienda.
Otra medida que propone este economista
es fiscalizar el uso de VPO
para que sólo las usen quienes realmente
tienen necesidad de ellas, así
como gravar fiscalmente a los propietarios
de viviendas privadas vacías,
de forma que tanto esa recaudación
como las viviendas que formen
parte de ese parque público sean
puestas a disposición de la población
en régimen de Viviendas de Alquiler
Limitado. Y es que, el pinchazo de la
burbuja ha vuelto a demostrar, opina
Urruticoechea, que no existe ningún
lugar en el mundo en el que el mercado
resuelva la necesidad de alojamiento
de la gente necesitada.

LOS PALMERALES
(ELCHE)

400 habitantes del barrio de los
Palmerales han recibido órdenes
de desahucio por parte del Instituto
Valenciano de la Vivienda por no
pagar un alquiler que ronda los 80
euros. Muchos de estos pisos se
encuentran en pésimo estado.
___________

PROTESTAS EN
SESTAO (VIZCAYA)

Dos madres de 26 y 30 años se
concentraron ante el Ayuntamiento
de Sestao para reclamar una
vivienda en régimen de alquiler
social, dado que se encuentran en
paro y no pueden costearse las
mensualidades de sus viviendas.
_____________

ASTILLEROS
DE SEVILLA

Siete familias, la mayoría formadas
por viudas que viven desde
hace 50 años en viviendas para la
plantilla de Astilleros, tienen una
amenaza de desahucio por parte
de la Autoridad Portuaria de Sevilla,
dependiente de Fomento.

Tags relacionados: Número 121
Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador