EMPLEO Y RENTAS
La ayuda de 400 euros y la “última red de protección”

El 15 de agosto termina el plazo para solicitar la ayuda de 400 euros para parados de larga duración y el PP se ha negado a prorrogarla.

, Redacción
16/07/12 · 0:00

La imposibilidad de cumplir los requisitos establecidos por la Seguridad Social para cotizar en el Régimen General dejarán este mes a cerca de 30.000 personas en la economía sumergida. Son una mayoría de mujeres que hasta ahora cotizaban en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar, y el sindicato UGT ha pedido al Ministerio de Empleo una nueva moratoria para que la Seguridad Social permita regularizar el máximo número de casos. El paso de estas personas a la economía negra afectará a aquellas trabajadoras que trabajen como discontinuas, es decir, quienes se hacen cargo de sus cotizaciones ya que trabajan para más de un pagador.

A efectos legales, pasarán a engrosar las listas del paro, ésas en las que figura un 24,6% de la población, según las estadísticas del Eurostat. Ahí no se acaban las malas noticias. En julio ha entrado en vigor el plan de ahorro del Sistema Nacional de Salud, por el que los medicamentos pasarán a costar entre un 10% y un 20% de su valor a los pensionistas y entre un 40% y un 60% a la población activa. Además, 400 fármacos dejarán de tener financiación pública a partir del 1 de agosto. Sólo la Comunidad Autónoma Vasca ha anunciado que no acatará esta medida.

Las expectativas para lo que queda de año no dejan lugar para la esperanza. El ministro de Economía utilizaba el 1 de julio un latiguillo retórico como “crecimiento negativo” para anunciar una nueva caída del PIB en la segunda mitad del año –la previsión es que el año termine con un retroceso del 1,7% respecto a 2011–. Además, las condiciones del plan de rescate a la banca española repercutirán sobre el conjunto de la población, sobre todo después del contestado incremento de los tipos del IVA aprobado hace unos días.

Se acaban los 400 euros
El 15 de agosto termina el plazo para solicitar el Plan Prepara para personas paradas de larga duración. Si en febrero el ejecutivo accedió a una prórroga de seis meses, a mediados de junio el PP rechazó la propuesta de UPyD de extender esta prestación hasta 2013. Tras su llegada al Gobierno en noviembre de 2011, el PP modificó algunos requisitos para percibir lo que durante la etapa de Zapatero constituía el Programa temporal de protección por desempleo e inserción (Prodi). El Programa de Recualificación Profesional (Plan Prepara) incluyó la posibilidad de que solicitaran las ayudas personas menores de 45 años, después de que una reforma del Prodi limitase esta ayuda, que sólo se ha podido percibir durante seis meses y que ha corrido a cargo del Servicio Público de Empleo.

Cerca de medio millón de personas se han beneficiado de esta prestación de 400 euros, que se calcula en función del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un indicador que, como el Salario Mínimo Interprofesional, se congeló de cara a 2012. En el caso de que no se prorrogue el plan Prepara (algo que se da por hecho, sobretodo después de la tabla de recortes de la semana pasada), entre ochenta y cien mil personas en situación de paro de larga duración (esto es, que hayan agotado las prestaciones contributivas), perderán el derecho a esta prestación condicional y paliativa de cara al próximo curso. No obstante, como explica para este periódico Adrià Rodríguez, de la Plataforma de Trabajo por la Renta Básica Universal (@renta_basica), si consideramos que la mayoría de beneficiarios son mayores de 45 años y el contexto general de acceso precario a la renta (hay 1,7millones de hogares con todos sus miembros en paro), la cifra de afectados reales por el fin de esta prestación se multiplica por dos o tres.

“El final de estas ayudas conduce a la conflictividad social y al malvivir de mucha gente”, concuerda Laura Mora Cabello de Alba, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Para Mora, aunque se trata de una prestación “miserable”, sirve de colchón, “junto con la solidaridad familiar y la beneficencia privada, para no traspasar el terrible umbral de la pobreza que, normalmente, es un lugar de no retorno”. El economista José Iglesias Fernández coincide en que ése es el escenario, y añade que éste es el objetivo
final del nuevo modelo de producción y acumulación de riqueza: “Todo lo que contribuya a mantener
la esperanza de vida debe desaparecer”, denuncia Iglesias,
y bajo esa premisa se entienden también los recortes que los Estados están aplicando en salud, farmacia, pensiones y políticas sociales.

Así, las condiciones (o recomendaciones) establecidas (o sugeridas) por los integrantes de la troika (BCE, Comisión Europea, FMI) para el rescate financiero a España ya han modificado los requisitos para recibir prestaciones por desempleo y las consideradas contributivas, como ya ha pasado en Portugal, donde tras la intervención del triunvirato se redujo el tiempo en el que se puede cobrar el paro de 36 a 18 meses (en el Estado español el tope son 24
meses). Otras medidas acompañan esta tendencia a reforzar el llamado Workfare (Estado de trabajo) a costa del Wellfare (Estado de bienestar), como apunta el miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, José Luis Carretero: “No sólo se están produciendo recortes en las rentas, también en las becas y ayudas para personas que participan en cursos de las casas de oficios, talleres, etc.” y pone como ejemplo el recorte de 128 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha anunciado a finales del mes de junio en materia de políticas activas de empleo. La oposición en la Asamblea de Entrevías
ha criticado un nuevo bocado a los presupuestos que reducirá en un 80% las partidas destinadas a personas en paro, principalmente mayores de 45 años, jóvenes sin experiencia profesional o con algún tipo de discapacidad.

La última malla

Con la perspectiva de otro semestre negro para la creación de empleo y el anuncio de nuevas medidas de austeridad, las posibilidades para ese grupo cada vez más amplio de trabajadores pobres (working poor) se limitan más. Adrià Rodríguez explica cómo, en un momento en el que el mercado de trabajo neoliberal no ofrece un acceso digno a la renta y produce “una masa creciente de trabajadores precarios, intermitentes, temporales, con ingresos miserables”, las Rentas Mínimas Garantizadas son subsidios cuya única función es dar un mínimo a los pobres “para que nose mueran de hambre”.

Pero para hacer el mapa de esta clase de rentas hay que contar con que tampoco en el ciclo de crecimiento del PIB estosmecanismos tuvieron un desarrollo coherente. “En España, el tardío desarrollo de las prestaciones asistenciales en los ‘90 ha coincidido con la creciente influencia de las recomendaciones de gasto social y la necesidad de aumentar la responsabilidad del individuo”, explican las investigadoras Ana Arriba y Begoña Pérez en el artículo “La última red de protección
social en España”
. La asistencia social corre a cargo de las comunidades autónomas, y el desarrollo en éstas ha sido más que dispar. La notable
excepción de la Comunidad Autónoma Vasca, donde una de cada 42 personas percibe la Renta de Garantía de Ingresos y hay un alto gasto por titular en relación con la renta media por hogar, no sirve para esconder una carencia que convierte en anecdóticas las prestaciones asistenciales de comunidades como la Valenciana (en la que sólo recibe la renta mínima una de cada 567,5 personas) o Castilla-La Mancha (donde perciben esta renta uno de cada mil habitantes).

El futuro de las Rentas Mínimas Garantizadas, entiende Iglesias, “está condenado a una languidez por los propios objetivos del sistema”, habida cuenta de que se siguen endureciendo los requisitos para optar a ellas. Así, el Gobierno de CiU en Catalunya recortó en enero esta prestación de 423 euros a 4.500 personas por motivos como no haber sido localizadas, haber salido del país o “no colaborar en el proceso de control”, causa ésta última por la que casi 500 personas se quedaron sin el RMI.

Para Mora, no son necesarias reformas legales para cambiar el actual funcionamiento de la Seguridad Social con el fin de establecer un sistema de protección social con prestaciones universales y suficientes, algo para lo que sólo es necesaria “la voluntad política”. El paso de fórmulas condicionadas, como las Rentas Mínimas Garantizadas, con las que se provoca la estigmatización de la pobreza y fenómenos de clientelismo hacia un modelo universal e incondicional es el objetivo de los distintos grupos que reclaman la necesidad de una Renta Básica que replantee la relación
entre trabajo y renta, así como las formas de convivencia de la que se dota el Estado. “Según como se conciban e implementen, las rentas mínimas de inserción pueden ser más o menos progresistas. Son una forma de frenar la pobreza extrema, pero no son ninguna solución”, concluye Adrià Rodríguez.

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