El
proyecto de la Comunidad de Madrid, que no ha especificado
el coste de la operación de desafectación, que
permitirá la venta de este suelo público, es respaldado
por vecinos de la Cañada y los ayuntamientos, aunque
desde Ecologistas en Acción denuncian que esta recalificación
no solucionará los problemas sociales.

Casi no quedan campesinos de
aquellos que llegaron en los ‘60 a la
Cañada Real Galiana. Ahora en el
tramo que transcurre en torno a los
municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid
y Coslada viven entre
30.000 y 40.000 personas, lo que lo
convierte en el asentamiento ilegal
más grande de la Unión Europea.
Todo este flujo de gente, que aparentemente
ha pasado desapercibida
por las autoridades a lo largo de
las últimas cuatro décadas, es ahora
el objeto de la gran pregunta: ¿Y
ahora, qué hacemos con ellos?
En julio, la Comunidad de Madrid
presentó un anteproyecto de ley, que
es ahora proyecto de ley después de
su aprobación el 24 de septiembre,
en el que se establece la desafectación
del suelo de un tramo de 14,2
km de la Cañada Real Galiana con el
argumento de que no es “adecuado
al tránsito ganadero”.
Hasta el momento, el proyecto ha
encontrado el beneplácito de PSOE,
IU y del Consejo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid, formado
por sindicatos y patronal. El proyecto
de ley ha sido aprobado en su
planteamiento general, y sólo se han
levantado 22 enmiendas parciales.
Previsiblemente, a finales de noviembre,
la ley será aprobada y entonces
comenzará una carrera a
contrarreloj de 24 meses para la actuación
de los Ayuntamientos sobre
los tramos de su competencia.
El proyecto de ley plantea que
los terrenos se pongan en manos
de los tres Ayuntamientos interesados,
para que busquen una solución.
De esta manera, según diversas
fuentes, la Comunidad de Madrid
está intentando “lavarse las manos”
en los problemas que supondrá
recalificar estos tramos de Cañada.

 

LAS GRÚAS LLAMAN A LA PUERTA. El ensanche de Vallecas ya se encuentra sólo a unos pocos metros del comienzo del tramo madrileño de la Cañada. David Fernández

Distintas posturas

Los vecinos de la Cañada, que desde
hace más de diez años se han organizado
en cuatro asociaciones, y que
han mandado estudios autofinanciados
a arquitectos y biólogos para
conseguir bases documentales de
apoyo a su legalización, consideran
el proyecto un acuerdo histórico y
agradecen “la valentía demostrada
por Esperanza Aguirre y su consejera
de Medio Ambiente [Ana Isabel
Mariño]”. En una nota de prensa del
4 de octubre exigen que una representación
vecinal de las cuatro asociaciones
“tenga también voz y voto
en la propuesta y decisión final”; califican
la desafectación como el inicio
de una solución y señalan que los
habitantes de la Cañada quieren ser
ciudadanos de Madrid con los mismos
derechos y obligaciones que
cualquier otro ciudadano: “No queremos
que se nos regale nada, y de la
misma forma que hemos invertido
ilusiones y mucho dinero en levantar
nuestras casas, estamos dispuestos a
adquirir estos terrenos”.
Uno de los aspectos claves de todo
este tema es la disparidad de los afectados.
Históricamente los asentamientos
han crecido de norte a sur.
En Coslada, las viviendas no se distinguen
del resto del entramado de
calles del municipio: tienen asfalto,
iluminación pública y los vecinos llevan
años pagando el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI). Se han establecido
comercios, restaurantes y naves
industriales, y el Ayuntamiento
ha declarado que es un despropósito
que todo se derribe para dejar espacio
a un parque, algo que ha sido
aplaudido por las asociaciones de vecinos
de la Cañada Real.
A medida que se llega al sur, las
condiciones empeoran, sobre todo
por lo que se refiere al estado de urbanización
de la calle. Rivas no ha
proporcionado iluminación, ni asfalto,
ni servicio de correos; pero las
viviendas, en su mayoría, son dignas
y la población es trabajadora,
con una mayoría de sin papeles y
migrantes del Magreb, Rumanía o Bulgaria. Es en el sector 6 donde el
paisaje cambia radicalmente. Hay
chabolas, basura junto a un camino
de barro, fuegos encendidos en barriles
de hierro y evidentes problemas
sociales; allí se ha establecido
el tráfico de droga y se vive en condiciones
sanitarias e higiénicas al
borde de la supervivencia. El sector
6 de la vía pecuaria está junto al vertedero
y la incineradora de Valdemingómez,
una zona que el Ayuntamiento
no duda que recalificará como
“no apta para uso residencial”.
Los Ayuntamientos de Rivas y Madrid
han anunciado su intención de
derribar los tramos que les corresponden
para construir un ‘corredor
verde’, que prevé la creación de un
parque urbano y que comportará el
derribo de toda vivienda a lo largo de
tres cuartos del tramo afectado por
la ley. Esta postura es rechazada por
distintos motivos tanto por las asociaciones
de vecinos, que consideran
responsables a ambos Ayuntamientos
de la situación generada a lo largo
de cuatro décadas en este espacio,
como por Ecologistas en Acción,
que alega que para devolver a esta
vía pecuaria a su uso original no es
necesario desafectar el dominio público,
sino desalojar a los ocupantes
con los medios legales a disposición
de la Comunidad y recurrir al Instituto
de Realojamiento e Integración
Social (IRIS) para el realojo e integración
de la población que lo precise.
Para esta organización la reclasificación
de este tramo de la Cañada
“podría esconder una importante
operación urbanística, favorecida
por el oscurantismo que la Ley introduce
al eliminar todo tipo de control
público y social sobre el proceso”.

¿Quién puede comprar su casa?

Económicamente tampoco hay certezas,
lo que ha causado enfrentamientos
entre los Ayuntamientos y
la Comunidad a cuenta de quién costeará
los gastos de eventuales realojos
de la población. Pero no se trata
sólo de los realojos, Ecologistas en
Acción denuncia que el proyecto de
ley no especifica cuánto costará la
adecuación y el mantenimiento de la
“ciudad lineal” de la Cañada Real ni
quién cubrirá servicios como el abastecimiento
de agua, el desagüe de
aguas residuales, la adecuación de
las carreteras, la recogida de basuras
o el servicio de correos. Para esta organización,
la desafectación de este
tramo ha creado nuevas expectativas
inmobiliarias que crearán tensiones
entre los habitantes con más medios
y el resto, “muy posiblemente la
población más marginal acabe expulsada
del tramo afectado por la ley
y se asiente en otras zonas de la
Cañada Real Galiana, actualmente
no ocupadas, esperando tal vez, que
en un futuro próximo ellos corran la
misma suerte que sus vecinos”.
Las asociaciones de vecinos recuerdan
que muchos de los que viven
en este tramo pagaron en su día
por la compra de sus parcelas a los
antiguos ocupantes. Estas transacciones,
ilegales, se han llevado a cabo
mediante contratos de cesión que
nada tienen que ver con una compra
efectiva. Según las investigaciones
de este periódico, el precio para tales
cesiones ha llegado este año a cien
euros por metro cuadrado.
José Fariña, catedrático de Urbanística
y Ordenación del Territorio
en la Universidad Politécnica de
Madrid, descarta que los Ayuntamientos
de Madrid y Rivas dejen las
parcelas en manos de quien las ocupa
actualmente y añade que, “en caso
de que se decidan a urbanizar las
parcelas ocupadas, tan sólo un 10%
de los vecinos podrá permitirse rescatar
la tierra, ya que ahora tiene
un precio de mercado muy alto”. El
motivo es que los Ayuntamientos se
encuentran “presionados por evidentes
intereses económicos”, explica
Fariña a DIAGONAL. “Hasta
hace unos años era una zona rural
de escaso interés, pero con el crecimiento
de la ciudad, del PAU de
Vallecas y de las urbanizaciones de
Rivas Vaciamadrid, ha cobrado una
importancia estratégica de cara a
futuras expansiones”.

107 HECTÁREAS MUY GOLOSAS

Con la ley, 107 hectáreas pasarán
a depender de la Comunidad.
La intención de su presidenta
es dar potestad a los
Ayuntamientos. “Que quieren
hacer zonas verdes y echar a
todo el mundo, pues lo harán,
no vamos a decir que no”, ha
explicado Esperanza Aguirre.
Los consistorios por su parte
critican que pasados dos años
se podrá vender el suelo ocupado
aunque no se haya solucionado
el tema de los realojos.

MARCO LEGAL

Los bienes de dominio público
son “inalienables, imprescriptibles
e inembargables”, explica
José Fariña. Esto quiere decir
que no se pueden ocupar, ni
vender, ni regalar, ni están sujetos
a las normas de usucapión
(prescripción de los derechos
de propiedad de los bienes
pasados 30 años de uso
ajeno). Son bienes del Estado,
que están en manos de las
Comunidades Autónomas para
su mantenimiento y gestión. Por
este motivo, el procedimiento
de desafectación de la Cañada
Real Galiana transformará los
bienes de dominio público en
bienes patrimoniales de forma
que la Comunidad Autónoma
podrá disponer de ellos para
venderlos si así lo desea.

RESIDUOS TÓXICOS

La Guardia Civil ha informado de la presencia de
4.500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos
en la Cañada, que los ocupantes de algunas parcelas
habrían aceptado a cambio de compensaciones
económicas por parte de empresas y fábricas.

UNA HISTORIA DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE SUELO

Nunca se ha deslindado el trazado de la Cañada en
esta zona del sureste de Madrid. Algunas fuentes
señalan que urbanizaciones legales como Covibar, en
Rivas Vaciamadrid, han ocupado hasta 17.000 m2 de
suelo de la Cañada. Durante el Franquismo varias
órdenes ministeriales permitieron reducir en varios
tramos los 75,2 metros de anchura hasta 14, sin
embargo nunca se usó el término ‘desafectación’.

POSTURAS DISTINTAS RESPECTO AL USO

La ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid eludió
tratar el tema de los asentamientos e instaba a proteger la biodiversidad, la flora y la fauna. La desafectación, en palabras de
Esperanza Aguirre, pretende “acabar con la hipocresía del uso ganadero y reconocer que allí no lo hay desde hace más de 50 años”.