Ley de EXtranjería // Nuevos ataques a la libertad de movimiento con la crisis
Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis

En junio, el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año.

, Redacción
09/07/09 · 0:00

 

Ambas
normativas vuelven a endurecer unas políticas ya restrictivas
 y criticadas por limitar y castigar la libertad de
movimiento de las personas. DIAGONAL analiza cómo
 los aspectos más destacables de ambas normas tienen su origen en los discursos que apelan a la escasez
 de recursos y el miedo al otro. En el fondo, subyace
la afirmación: “Los españoles, primero”.

Desde la primera propuesta del Gobierno
 para reformar la Ley de Extranjería
 hasta el texto enviado al
 Congreso a finales de junio han pasado
seis meses. En nombre de la lucha
 contra la crisis, en ese tiempo el
 Gobierno ha salvado de la quiebra a
Caja Castilla La Mancha, ha financiado
las obras municipales pendientes
de ejecución y ha aprobado las
ayudas al sector del automóvil
.

Ninguna de las 46 páginas del proyecto
 de Ley sobre “derechos y libertades
de los extranjeros en España y
su integración social” hace referencia
 al hecho de que más de uno de
 cada tres desempleados de la Encuesta
 de Población Activa es extranjero
.
 Al mismo tiempo, la reforma sí
 consagra explícitamente “la política
de inmigración que vincula la llegada
de nuevos inmigrantes a las necesidades
 del mercado de trabajo”.

“Se trata de una ley con cierto carácter
 populista y
anticrisis”, corrobora
Joan Tardá, diputado de Esquerra
 Republicana de Catalunya
(ERC) en el Congreso. Parecido enfoque
mantiene Izquierda Unida,
que en su informe sobre el proyecto
compara la propuesta del Gobierno
con “una reforma laboral encubierta”
 dirigida a la población migrante.

A ras de tierra, las organizaciones
que trabajan en asesoría legal a migrantes
constatan que esta reforma
 silenciosa se está produciendo desde
la segunda mitad de 2008 en forma
de denegaciones para renovar el permiso
de trabajo
y con la reducción
hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, aquellos
a los que puede aspirar un inmigrante
 que necesite cambiar de tarjeta o
conseguirla por primera vez.

Los sindicatos de concertación,
 que podrían hacer visible esta realidad
 oculta en la reforma, dieron el
 visto bueno al borrador del Gobierno
a través del informe del Consejo
Económico y Social
, uno de los ocho organismos
 a los que el Ejecutivo ha remitido
el texto. Este informe justificaba
 la orientación general de la reforma
 por el “contexto de crisis económica”,
 una relación que no
 aparece ni siquiera en el texto del
 Gobierno, que lo oculta en la exposición
de motivos aludiendo a la necesidad
de adaptar la Ley “a la nueva
realidad migratoria existente en
 España, que presenta unas características
y plantea nuevos problemas
respecto de los que existían cuando
se aprobó la última reforma”.

En el Parlamento, la correlación
 de fuerzas no posibilita cambios sustanciales
a este enfoque. El PP reaccionó
 al borrador de diciembre reclamando
la autoría del 80% de las
 medidas previstas
por el Gobierno
 del PSOE. Pese al discurso de confrontación
con el que los populares
han recibido la propuesta aprobada
en el último Consejo de Ministros de
junio, lo más probable es que las dos
principales formaciones pacten el
 texto definitivo.

“La nueva Ley de Asilo ha marcado
 un precedente nefasto”, apunta
Tardá en referencia al consenso entre
social-liberales y conservadores
para endurecer el acceso de refugiados
al Estado español. “En los próximos
 meses, Zapatero y Rajoy se van
a disputar el espacio del centro político”,
 pronostica el congresista republicano,
 para quien este juego de
equilibrios se presta a un nuevo consenso
entre Gobierno y oposición
conservadora, esta vez en materia de
 extranjería
.

Sin embargo, el Gobierno puede
 tener margen de maniobra para pactar
enmiendas en un sentido garantista,
como mínimo con el nacionalismo
de izquierda de ERC y BNG, y
también con Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. La esencia de
la normativa española de extranjería,
que es la asimilación de los flujos
 migratorios a las estadísticas laborales,
 no será cuestionada tampoco
 por la izquierda,
tal y como reconoce
Tardá a DIAGONAL. La dureza
 de la reforma deja suficiente espacio
para una regulación más suave
 del periodo de reclusión en el
Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE)
, un tratamiento más
benigno a los menores no acompañados

o la eliminación de las multas
y expulsiones para quienes empadronen
en su casa y falsamente a
 personas sin papeles.

El tercer actor

El único actor capaz de situar la cuestión
de la extranjería más allá del discurso
de los derechos humanos, el
 propio movimiento migrante
, ha tenido
hasta ahora una presencia discreta
y dispar en el espacio público
.
 Pese a los prometedores avances
 en las experiencias de autoorganización
que se están extendiendo más
allá de las experiencias de los trabajadores
del campo en Andalucía, los
grandes discursos y las grandes movilizaciones
le siguen quedando
grandes a un sujeto que debe, más
 que ningún otro, resistir a la represión
cotidiana de los controles (con
un crecimiento de las expulsiones de
un 12% en 2008
, según el Ministerio
 de Interior) y los efectos de la crisis.
 El relato en primera persona sobre
cómo afectó la crisis de 2008/2009 a
las primeras generaciones asentadas
 de inmigrantes tendrá que esperar.


La puntilla a los menores

Las expulsiones ilegales de
menores inmigrantes no acompañados
son una realidad en el
 Estado español desde hace
 años, aunque en algunas autonomías
como Madrid y Cataluña
la actuación de asociaciones
pro derechos humanos ha
conseguido parar estas prácticas.
Ahora el Gobierno pretende
terminar con el problema
legalizando la expulsión
de este
sector de la población. Éste ha
sido uno de los aspectos más
criticados de la reforma desde
que se conoció el primer borrador.
 En el actual texto, el
 Gobierno admite la posibilidad
de que algunos de estos menores
puedan recurrir su expulsión
ante los tribunales.

 

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