Los cientos de encierros en centros educativos de todo el Estado el 25 de abril fueron el adelanto del éxito que, dos semanas después, ha tenido la jornada de huelga en educación, que ya ha obligado al Gobierno a sacar de su agenda inmediata la aprobación de la conocida como Ley Wert (que no será llevada al consejo de ministros de hoy viernes). Mientras, el recurso a la desobediencia civil y formas de presión como los escraches amplían su legitimidad social. Que el apoyo a los escraches de la PAH –medido por Metroscopia para el Grupo Prisa– haya bajado del 89% al 78% mientras todos los medios convencionales –desde La Razón hasta La Sexta– han difundido un discurso criminalizador denota que el Go­bierno y su maquinaria mediática tienen una capacidad de influencia limitada. A 8 de abril, un 68% de los votantes del PP seguían justificando los escraches.

Con un Gobierno deslegitimado desde su propia base, las alternativas políticas siguen abiertas dentro y fuera del Parlamento. En el marco institucional, el PSOE ha cerrado filas en torno a los consensos básicos de la Constitución de 1978, el Estado de las Autonomías y el papel de la monarquía, pero ya ha hecho su jugada y a finales de abril ha dado por inaugurada la larga campaña electoral con el anuncio de primarias para elegir a su candidato.

En Catalunya, CiU, alumno aventajado del discurso neoliberal, ha planteado su propio proceso constituyente, que parece difícilmente acompasable con el marco vigente. Otras autonomías de distinto signo político han optado por una vía de reformas que contravienen el rumbo establecido por el ala alemana de la troika y el Gobierno central: Andalucía y Canarias, con sendas medidas paliativas contra los desahucios, o Extremadura, a través de una ampliación de las rentas mínimas de inserción, han ensanchado el marco establecido por la austeridad. Asimismo, las decisiones de determinados estamentos judiciales respecto a los desahucios o la reforma laboral han alimentado el pequeño campo de batalla que se extiende hacia los márgenes del arreglo liberal-constitucional vigente.

Las decisiones de determinados estamentos judiciales respecto a los desahucios o la reforma laboral han alimentado el pequeño campo de batalla que se extiende hacia los márgenes del arreglo liberal-constitucional vigente
Entre estos pequeños diques a las llamadas políticas de austeridad cabe citar el menor ritmo en la política de recortes que parece aceptar la Unión Europea al dar dos años más al Gobierno español para reducir el déficit. Como escribe Isidro López, del Observatorio Metropolitano, “en este contexto de bajada de las primas de riesgo, la Unión Europea se va a encontrar sin su mejor herramienta disciplinaria para sacar adelante los programas de acumulación por desposesión en la periferia del sur”. Éste no es el espacio para entrar en los problemas que un “impago desde arriba” aconsejado por el FMI puede crear en el corazón del proyecto de expropiación de estas periferias, es decir, el proyecto de la banca alemana y francesa. En todo caso, escribe López, “simplemente podría materializarse como un intento de retrasar, nunca de revertir o discutir, el programa de recortes y privatizaciones”.

El tímido relajamiento del rigor de la troika no va a avanzar, sino que va en contra, del cambio necesario que se planteó el 15 de mayo de 2011 y que pasa por una reformulación que sólo acaba de comenzar de las condiciones de vida en común. En los últimos meses, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha mantenido abierta esta coyuntura que también se ha nutrido de las formas de hacer de las distintas mareas. Espacios abiertos al debate pero con una determinación unívoca: defender los espacios de mantenimiento de la vida, llámese colegio, hospital o asociación cultural, frente a la expropiación. Aún faltan reclamas y puntos de encuentro que terminen de configurar esa plaza abierta, en la que se dignifica la política, para construir esa democracia real que reunió a millones de personas en torno a aquel 15 de mayo de 2011.