Los mercados parecen haberse
puesto como objetivo minar el bienestar
social bajo la excusa de la crisis
y disminución del déficit. Las
autonomías han decidido realizar
un tijeretazo de 70.000 millones al
presupuesto orientado a servicios
sociales, que pondrá en peligro a
colectivos acogidos a la ley de
Dependencia y con riesgo de exclusión
social.

Las cifras no han hecho
más que aumentar. En 2010,
553.716 personas recibían en
España algún tipo de prestación, a
los que hay que añadir otros
250.000 que sufrieron retrasos en
su recepción. En un reportaje de
Carmen Morán publicado en El
País, se alerta de que las solicitudes
de la renta básica de inserción –para
personas que no perciben ningún
otro ingreso– aumentaron un
37% en 2009, algo que ha afectado
especialmente a familias y ancianos.
La Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales avisa de que el deterioro
de los servicios sociales es un índice
muy preciso de la calidad ética
de una sociedad.

Madrid

En el aire la atención a los discapacitados

En Madrid, la demanda para cobrar
la renta básica de inserción aumentó
en 2009 un 9,8%, aunque las cifras
se duplicarán cuando se conozcan
los resultados de 2010. Varios
centros de dependencia con discapacitados
mentales o personas mayores
están siendo blanco de los recortes
del Gobierno de Esperanza
Aguirre con la excusa de reducir el
déficit. En marzo se comunicó [el
cierre “forzoso e indefinido” del
centro ocupacional Magerit http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/08/urgente-%E2%80%93-8-de-junio-no..., en el
barrio de Oporto, junto a otros dos
centros públicos, lo que implicó el
traslado forzoso de 150 discapacitados
intelectuales y la movilización
de 55 trabajadores, que se encerraron
como protesta.

El pretexto
para el cierre fueron unas obras
de rehabilitación, pero “no se nos
ha dado fecha para retomar actividades
ni sabemos cuál será el futuro
del centro”, critica Magdalena
Casado, trabajadora social del
Magerit. Se denuncia la sistemática
reducción de personal, con prejubilaciones
y bajas sin sustitución por
interinos, con el consiguiente ahorro
a las arcas públicas. Entre medias,
los rumores de privatizaciones
se disparan.

Castilla-La Mancha

Las ayudas a dependencia se quedan congeladas

La presidenta de Castilla-La Mancha
y número 2 del PP, Dolores de
Cospedal, anunció a bombo y platillo
un recorte presupuestario del
20% para salir de “la ruina que dejó
el legado socialista”, con un déficit
del 5% y una deuda pública superior
a los 7.000 millones de euros, a
los que hay que sumar “2.500 millones
más en facturas reconocidas
pero sin pagar”.

El Plan de Garantía
de los Servicios Básicos, defendido
por Cospedal como “justo y equitativo”,
congela la oferta pública de
empleo, conlleva mermas en
Educación y Sanidad, reduce horas
extras de funcionarios y suprimirá
subvenciones a sindicatos. Mientras,
el PSOE lamenta el impago a
las farmacias y la eliminación de
las pagas de viudedad, así como el
retraso de las ayudas a la dependencia
como efecto de los recortes
de los populares.

Castilla-La Mancha
tiene actualmente 40.014 beneficiarios
de prestaciones por la ley
de Dependencia, lo que supone un
1,91% de la población –la media nacional
está en el 1,56%–, que deben
recibir una prestación de unos 22
millones de euros al mes. En junio
no se habían abonado aún a los beneficiarios
los 11 millones aportados
por Sanidad, según distintas
fuentes.

Galicia

Dependientes y sin hogar, en el punto de mira

En algunos municipios como Pontevedra,
una cuarta parte de las
familias solo tienen ingresos procedentes
de prestaciones, y en un
25% de casos representan la casi
totalidad del dinero que entra en
casa, un 24% más que antes de la
crisis. Los colectivos más afectados
son aquellos con dependencia
del alcohol y las drogas. La Red
Social Galicia Sur exige que no se
recorten servicios para personas
sin hogar, como los pisos de atención
a las mujeres en situación de
emergencia.

Andalucía

6 meses de retraso en el cobro
de prestaciones

Las medidas varían según la provincia.
El Ayuntamiento de Granada
avisó de que peligraban los programas
de Ley de Dependencia, –a los
que hay que destinar unos cinco millones–,
si no recibía fondos de la
Junta. Resultado: más de 50 funcionarios
a la calle. El Ayuntamiento de
Granada amenaza con reducir las
ayudas a inclusión social si no recibe
fondos de la junta. Las partidas destinadas
a inmigración han sufrido
un tijeretazo de un tercio respecto a
años anteriores, no se asegura la total
financiación de asistencia a mayores,
y la ayuda a menores se redujo
este año en un 5%. Por su parte, el alcalde de Algeciras anunció recortes
que no eliminarán puestos de trabajo
de “forma masiva”, pero no especificó
cifras.

Protestas vs recortes

Cada comunidad tiene su propia agenda de movilizaciones

Galicia: Nuevas jornadas reivindicativas el 20 y el 21 de septiembre

El próximo 20 septiembre el profesorado
gallego hará huelga de brazos cruzados de
10:00 a 10:30 de la mañana. Para el 21
y 27 de septiembre, el profesorado hará
huelga general en el sistema educativo
no universitario.

Navarra: Los directores amenazaron con dimitir en bloque en junio

El 9 septiembre se produjeron concentraciones
delante de cada escuela en Navarra.
Para el día 14 convocaron una cadena
humana y una asamblea posterior en la
que en el orden del día estaba la posibilidad
de convocar una huelga.

Castilla-La Mancha: El profesorado frente a los recortes de Cospedal

El 8 septiembre, cientos de profesores boicoteraron
el pregón de Ferias en
Guadalajara. El profesorado amenaza
con ir a la huelga, pero aun no hay
acuerdo. De momento, el 20 también
están convocados a movilizarse.

Comunidad de Madrid: La marea verde de profesores toma la iniciativa

La opción de convocar
una huelga en la enseñanza para los
días 20, 21 y 22 de septiembre gozaba
de amplio apoyo en el profesorado,
pese a [la reticencia de CC OO, UGT y
otros sindicatos sectoriales.

Catalunya: La sanidad ya es un campo de batalla

Mas de un mes acampados llevan los trabajadores
del hospital 2 de maig, en Barcelona,
tras anunciar la Generalitat el cierre del
centro. Numerosos ambulatorios que iban
a ser cerrados han sido ocupados y, en
algunos casos, reabiertos.

Comunitat Valenciana: Las movilizaciones todavía no están definidas

La Conselleria de Educació debe a los institutos
los gastos de funcionamiento de los
dos cuatrimestres del año al 60% de
ellos, y a la totalidad el segundo cuatrimestre.
El 8 y el 14 los sindicatos convocaron
concentraciones en la Consellería.