Preocupación es el sentimiento común
que late en las organizaciones
feministas de todo el Estado
ante las posibilidades de que el texto
definitivo de la nueva Ley del
aborto no recoja sus reivindicaciones.

Hacía mucho tiempo que el
movimiento feminista no se unía
bajo una consigna común. A través
de la Plataforma Mujeres ante el
Congreso, más de 60 asociaciones
reclaman al Gobierno la despenalización
total del aborto y la interrupción
voluntaria del embarazo
dentro de la red sanitaria pública.

De forma paralela, las asociaciones
afines al PSOE defienden la actual
propuesta del Gobierno.
El último paso hacia la nueva norma
ha sido la aprobación en el
Consejo de Ministros del anteproyecto
de Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo y Salud Sexual
y Reproductiva. Mujeres ante
el Congreso va a elaborar un documento
de enmiendas que hará llegar
a los diputados del Congreso y
a la ministra de Igualdad con sus
preocupaciones y propuestas. El
anteproyecto establece 14 semanas
de libre elección y un periodo de
tres días de reflexión desde que la
mujer solicite la intervención. Maika
Cuadrado, integrante de esta
Plataforma por la Federación de
Mujeres Jóvenes, considera que este
plazo convertirá a la Ley en una
de las más atrasadas entre los 15
países europeos más desarrollados.
“Apostamos por eliminar los plazos
porque significan dudar de la capacidad
de tomar decisiones de la mujer.

Las que abortan en un periodo
avanzado de gestación siempre son
casos clínicos, que, de no haberse
producido, la mujer hubiera preferido
seguir adelante”, señala. Por su
parte, Isabel Soriano, también
miembro de Mujeres ante el Congreso,
sostiene que 14 semanas son
suficientes para decidir pero coincide
con Cuadrado en que es absurdo
fijar tres días de reflexión cuando
una mujer ha manifestado su deseo
de abortar. El anteproyecto contempla
interrumpir el embarazo hasta
la semana 22, cuando dos expertos
hayan dictaminado que existe grave
riesgo para la salud de la madre
o graves anomalías en el feto. A partir
de las 22, sólo se podrá abortar si
dos médicos, distintos de los que
realicen la intervención, o un comité
clínico, dictaminen una enfermedad
grave o incurable para el feto,
pero no se menciona a la embarazada
en este supuesto. Soriano critica
que no se concrete “cómo va a
ser ese comité técnico” y, sobre todo,
que las mujeres que necesiten
abortar a partir de este plazo “estarán
desprotegidas” y podrán ser
perseguidas por la justicia. La asociación
catalana Ca La Dona recibe
“bastantes de estos casos”, según
señala una de sus integrantes, Belén
Cañizar. Por eso temen que si
se aprueba este punto, muchas
mujeres en esta situación tendrán
que viajar a otros países para interrumpir
su embarazo. Las feministas
coinciden en que se trata de un
paso atrás, pues uno de los supuestos
de la ley actual permite abortar,
sin límite de tiempo, en caso
de grave riesgo para la salud física
o psíquica de la madre.

Debate hipócrita

El Gobierno responde a la reivindicación
feminista de modificar el
Código Penal, en el que se penalizaba
el aborto, pero que sigue contemplando
supuestos en los que se
considera que abortar es delito para
las mujeres, aunque se suavizan
las penas para ellas y se endurecen
los castigos a los profesionales médicos.

Otro de los aspectos polémicos
es la obligatoriedad de comunicarlo
a los padres para las menores
de 16 años, un debate “hipócrita”,
según Belén Cañizar, pues “se
obliga a pedir permiso para interrumpir
el embarazo a los 16, y sin
embargo, se asume que a esa edad
puedas ser madre”, explica la representante
de Ca La Dona. Sobre
este asunto, la Federación de Mujeres
Jóvenes opina igual: “¿Podemos
tener hijas e hijos pero no
interrumpir una gestación?”, se
pregunta Mayka Cuadrado. Asi-
mismo, recuerdan que la edad media
de inicio de las relaciones sexuales
es de 16 años, según datos
del Ministerio de Sanidad de 2008,
y casi un 20% de los abortos tras las
14 semanas lo realizan menores de
20 años, si bien el colectivo que más
aborta tiene entre 20 y 25 años.

Por su parte, la clínica ginecológica
Dator hizo un estudio con 321 chicas
menores de 21 años. De las jóvenes
mayores de edad que abortaban,
un 59% no informaba a sus progenitores
y sólo un 12% venía acompañado
de sus padres. Es decir, ya sea
“por desconocimiento o por miedo”,
las adolescentes alargan más la decisión
de abortar y podrían quedarse
fuera del plazo legal de las 14 semanas.
Maika Cuadrado recuerda que
en 2008 se denunció al Instituto madrileño
del Menor y la Familia por
impedir que menores bajo su tutela,
que deseaban abortar, pudieran hacerlo.
Confirma que la Comunidad
de Madrid está subvencionando asociaciones
antielección y lamenta la
situación de indefensión de hijas que
han sido víctimas de incesto o cuyos
padres son maltratadores. “Detrás
del argumento moralista sobre las
menores de edad hay un deseo de tutorizar
la voluntad de la mujer”,
agrega. Por otro lado, las feministas
demandan que se regule la objeción
de conciencia dentro de la red sanitaria
pública para evitar que ningún
médico se niegue a efectuar abortos
acogiéndose a este derecho.

Acoso a las mujeres y a las clínicas

La Asociación de clínicas
acreditadas para la interrupción
voluntaria del
embarazo (ACAI) considera
el plazo de 14 semanas
un “límite conservador”
que distancia la ley
de las más progresistas,
como la holandesa, que
lo fija en torno a las 24
semanas, señala la vicepresidenta,
Francisca
García. Tampoco están
de acuerdo con establecer
un periodo de reflexión
y recomiendan abordar
la objeción de conciencia
para asegurar “el
acceso real” a la prestación.
Asimismo, aceptan
reforzar las medidas de
protección de la confidencialidad
de los datos
de las pacientes, pero
piensan que con la nueva
normativa las fuerzas y
cuerpos de seguridad del
Estado “podrían volver a
pedir las historias clínicas”,
como advierte su
vicepresidenta. Respecto
al acoso de los grupos
antielección, ACAI no
cree que esté vinculado a
la actual reforma de la
ley, aunque “en épocas
de crisis se encuentran
con fuerza para luchar”.
A su juicio, la presión
que sufren los profesionales
y las mujeres que
acuden a los centros
“tiene que ver con la
gente que quiere resolver
los conflictos por la
fuerza y no por la vía
democrática”.