Bruselas empieza a crear excepciones para evitar que su plan de austeridad resulte un fracaso.
Bruselas ya intenta ocultar su misión de “cobrador del frac”. La Unión Europea parece temer la mezcla explosiva entre crisis económica (la UE misma señala en sus últimas previsiones que la recesión será más larga de lo previsto) y los réditos electorales de los movimientos anti-austeridad, empezando por el resultado imprevisto de las elecciones italianas. En las generales del 24 y 25 de febrero, el Movimiento 5 Estrellas –fundado por el cómico Beppe Grillo– ha resultado el primer partido en Roma gracias a la propuesta de un referéndum sobre el euro y un programa muy crítico en contra de la austeridad. Porque cuando ésta “va demasiado de prisa, el riesgo es el rechazo de Europa. Ésta es la lección que hay que aprender”, acaba de explicar a sus socios el presidente francés François Hollande. Por esto las instituciones europeas intentan aflojar las riendas sobre la deuda. Y mientras el resultado de las elecciones italianas aumenta la presión de los especuladores, Bruselas quiere preservar la política de austeridad a través de una operación de maquillaje.
La prórrogas sobre las deudas
El primer paso del nuevo rumbo europeo ha sido prorrogar los préstamos otorgados a Irlanda y Portugal: el pasado 4 de marzo los ministros de Finanzas de la Eurozona se han puesto de acuerdo para “favorecer el camino de Dublín hacia los mercados”. Es decir, para que el país deje de ser financiado por la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) y pueda volver a vender sus títulos a través de subastas. Los acuerdos prevén que Irlanda acepte un nuevo plan de pagos para una gran parte de los 40.000 millones de euros de prestamos cuya restitución estaba prevista para el año 2016. “Hay pasos adelante” subrayan los mandatarios, haciendo hincapié en el hecho de que la agencia calificadora Standard & Poor’s acaba de elevar el panorama de deuda soberana de Irlanda a estable (BBB+) desde negativo.
La deuda irlandesa se negocia con rendimientos por debajo de los niveles equivalentes de los bonos español e italiano que han evitado los “rescates” soberanos. ¿Significa que la crisis de la deuda soberana ha acabado? Ni pensarlo Tras solicitar un rescate financiero a finales de 2010 después de verse abrumada por una crisis bancaria y fiscal sin precedentes, Irlanda –se vanaglorian en Bruselas– ha logrado cada una de sus importantes metas desde entonces y ha sido señalada por líderes de la zona euro como la historia de éxito que sus austeros planes necesitan desesperadamente.
Los mandatarios del Continente muestran con orgullo en sus discursos el hecho de que la última subasta de Dublín haya sido impulsada por una fuerte caída en el rendimiento de los bonos: Irlanda, que hace pocos días dio el mayor paso hasta ahora para abandonar el programa de ayuda al vender bonos a 10 años por 5.000 millones de euros, obtuvo un éxito en su primera emisión de títulos a largo plazo desde que saliera de los mercados a fines del 2010, alcanzando el doble del monto que muchos operadores habían previsto y registrando una fuerte demanda, de al menos 12.000 millones de euros.
Y la deuda de Dublín ahora se negocia con rendimientos por debajo de los niveles equivalentes de los bonos de los gobiernos español e italiano que han evitado los “rescates” soberanos. ¿Significa que la crisis de la deuda soberana ha acabado? Ni pensarlo. Lo demuestran las voces críticas, incluso procedentes de la misma Irlanda, a la prórroga europea: una columna de opinión en el principal diario del país, The Irish Independent, denuncia: “Evidentemente la UE necesita una victoria en Irlanda ya que su estrategia de austeridad como solución óptima se funda en el hecho de que Irlanda pueda salir del plan de rescate el próximo año. Pero en realidad sólo ha barajado el mazo de la deuda para evitar una quiebra total”.
Se relaja el déficit
Pero mientras el empollón de los “países periféricos” intenta volver al mercado, Bruselas tiene que poner un parche también a la situación de países que están en el centro de la Eurozona; es decir los que supuestamente tendrían que tener las cuentas en orden, empezando por Francia. La Comisión de Bruselas está en proceso de estudiar si dar a París plazo hasta 2014 para adecuarse a los requisitos europeos ya que el presidente Hollande dijo que el déficit público del país probablemente ascenderá al 3,7% del PIB este año, muy por encima del 3% al que se comprometió originalmente.
El presidente Hollande dijo que el déficit público del país probablemente ascenderá al 3,7% del PIB este año, muy por encima del 3% al que se comprometióLa cuestión fue debatida por los lideres de los 27 países que se reunieron el 14 y 15 de marzo en Bruselas con el objetivo de incidir en la necesidad de combinar las políticas de austeridad con las de crecimiento. Pero la cumbre terminó después de dos días de discusiones sin resultados tangibles. El Gobierno alemán sigue firme en su compromiso con los recortes: Berlín volvió a advertir al Ejecutivo francés de que debe cumplir con su objetivo de consolidación fiscal para este año.
La misma resolución muestran los inspectores de la troika, que abandonaron Atenas hace algunos días con “avances significativos” pero sin acuerdo para desbloquear el siguiente tramo del rescate. Los agentes de las tres instituciones de la austeridad deberán regresar a principios de abril para anunciar otra ronda de recortes.
La UE prueba en Chipre su “rescate salvaje”
Jörg Asmussen, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), anunció el sábado 16 la puesta en marcha de una medida sin precedentes en Europa: la creación de un “impuesto financiero de estabilidad” por el que la ciudadanía chipriota verá cómo la Troika tomará a cargo sus depósitos bancarios para deducir una “tasa” como contrapartida al rescate financiero del país aprobado el 22 de noviembre de 2012 por el Gobierno de Nikos Anastasiadis, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Esa tasa se ha traducido en un “minicorralito” financiero durante los primeros días de la semana del 18 de marzo que lleva aparejado una quita aún por determinar en los depósitos a aquellos ciudadanos con menos de cien mil euros en su cuenta bancaria y un “impuesto” mayor a partir de ese límite. Esto son 5.800 millones en un país con un PIB estimado de 23.000 millones y que ha solicitado un rescate por valor de 10.000 millones de euros que ya ha acarreado recortes en los presupuestos públicos --de más del 10% en partidas como sanidad y del 5% en sueldos de empleados públicos-- y privatizaciones.
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