DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE, DECENAS DE MILES DE PERSONAS SE QUEDAN SIN COBERTURA SANITARIA GRATUITA
“Es un decreto inmoral e inconstitucional”

- El Real Decreto Ley 16/2012 elimina la atención universal en el sistema sanitario español.
- Personal de los centros de salud y usuarios organizan la desobediencia contra la norma que deja fuera a inmigrantes irregulares.

19/09/12 · 0:00
OBJECIÓN DE CONCIENCIA. Cientos de personas protestaron el 1 de septiembre frente al hospital Gregorio Marañón de Madrid por la entrada en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 / Olmo Calvo

El 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, que expulsa de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
Esta reforma se anunció como: “Medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones”. Ante este decreto se ha puesto en marcha
la campaña denominada Yo Sí Sanidad Universal, integrada por profesionales de la sanidad y usuarios. Su objetivo es la desobediencia civil y mantener la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Más de 2.000 médicos han objetado ya a través de los formularios de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

“Dejar de atender supone un riesgo de enfermedad y un
riesgo de muerte. No estamos hablando de regular cosas, sino de personas
y salud”, dice Nacho Revuelta, integrante de la campaña Yo Sí Sanidad
Universal. Este médico de familia subraya que el texto no sólo afecta a los inmigrantes, “nos afecta a todos, es un cambio de modelo sanitario”.
Y recuerda que, cuando se anunció el proyecto en abril y los médicos
manifestaron públicamente su rechazo, el Ministerio modificó el primer
proyecto de ley, que incluía también a ciudadanos nativos que estuviesen
en paro y no estuvieran cotizando.

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan
José Rodríguez Sendín, intervino el 4 de septiembre en una rueda de
prensa en la que dijo que se debe facturar la atención “donde
corresponda”. Sin embargo, los médicos objetores se declaran en
desacuerdo con esa postura. “Eso es como si un concesionario de coches
dijera ‘nosotros garantizamos un coche para cada ciudadano, cuando usted
vaya tendrá que pagarlo’. Es absurdo”, dice Revuelta en referencia a
las palabras de Rodríguez Sendín sobre el pago de la atención sanitaria.
“No podemos decir que se garantiza la atención si tiene un coste que afecta a las personas que menos tienen”, argumenta.

Administrativos, no médicos

Las primeras que se están enfrentando con esta situación
son las administrativas y administrativos. “Cuando nos llegaron las
primeras instrucciones para que no se diera cita médica algunas nos
echamos a llorar”, dice a DIAGONAL Esther, auxiliar administrativo de un
centro de salud de Madrid. “Un auxiliar administrativo nunca puede valorar la urgencia de una persona, ni siquiera debe preguntar qué le pasa a una persona; si esa persona quiere ver al médico nuestra obligación es pasarle con el médico.
Nosotros no pertenecemos a la Seguridad Social, tampoco tenemos
formación sanitaria”, explica Ester, que hará objeción de conciencia
contra el decreto del Ministerio. Dice que el compromiso de pago que
firma el paciente tras ser atendido deben enviarlo al departamento de
Facturación a Terceros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Hasta
ahora las autonomías estaban ensayando una fórmula parecida, aunque no
exigían el pago: se entregaban a los pacientes una factura informativa
con el coste de la atención hospitalaria a los pacientes.

“Un auxiliar administrativo nunca puede valorar la urgencia de una persona. Nuestra misión es darle cita con el médico”

La traductora y activista Marta Malo, también dentro de la campaña, invita a crear
brigadas de acompañamiento a inmigrantes que necesiten atención médica y
denunciar en la web las situaciones en las que los inmigrantes no
reciban atención sanitaria
. “Desobedecer va ser a costa de
nuestro esfuerzo, a través de vericuetos que no son legales, lo que el
Gobierno intenta transmitir es que sólo afecta a un puñado de
inmigrantes y que ya los van a atender”, explica. Y asegura que no basta
con la desobediencia de los médicos, “es un cambio de modelo sanitario,
nos afecta a todos en el momento que la salud deja de ser un derecho y
se convierte en un servicio”.

Desde la llegada del PP al Gobierno, Sanidad ha
acometido reformas que eran impensables, como que los pensionistas
paguen parte de las recetas. Cinco días después de la entrada en vigor
del RDL 16/2012, la Cadena Ser anunció que el Ministerio iba a crear en
septiembre cinco grupos de expertos para estudiar el recorte de pruebas como la selección genética, la rehabilitación u otras preventivas como las mamografías.

Para el médico de familia Juan Luis Ruiz Jiménez, de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, “con
este decreto el Gobierno arrebata a los ciudadanos un sistema único,
universal y establece otro mucho más injusto basado en el aseguramiento,
que sienta las bases para la pérdida de protección
futura de otros colectivos sociales. Es ilegitimo e inmoral. Vamos a
luchar contra el decreto
con todas nuestras fuerzas”, añade.

Ruiz Jiménez indica que el Gobierno trata de ‘vender’ el
RDL 16/2012 diciendo que la Seguridad Social es insostenible: “El
presupuesto sanitario está alrededor del 6,3% del Producto Interior
Bruto, comparativamente es el 65% del promedio de lo que gastan los
países de la UE, menos de la mitad de lo que se gasta Alemania. Y no
sale de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino de los Presupuestos
Generales del Estado. Hay que recordar que la banca ha recibido en los
últimos años una cuantía de 166.000 millones de euros”.

“A nuestro vecino ya no le extienden la receta para su dolor de estómago, sino que se la apuntan en un papel”

A la espera de cómo se aplique el RDL
en cada autonomía, Roberto, voluntario de Apoyo, una asociación del
barrio madrileño de Moratalaz, relata su primera incidencia tras el 1 de
septiembre: a un vecino del barrio que se encuentra en situación
irregular ya no le extienden la receta para su dolencia estomacal, sino
que “se la apuntan en un papel”. En este caso, tener papeles tampoco le
serviría de mucho: su medicación, el omeprazol, está en la lista de
fármacos que Sanidad retiró en junio de la cobertura del Sistema
Nacional de Salud.

¿Expulsiones con la sanidad?

El impacto económico de dejar sin
tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares es dudoso: apenas 240
millones de euros si se da por buena la extrapolación de los 1.600 euros
anuales de gasto sanitario por habitante a los cerca de 150.000
inmigrantes sin permiso de residencia.
Pero dos portavoces distintos del Partido Popular, Rafael Hernando (en
la foto) y Alfonso Alonso, han hecho declaraciones que apuntan a otros
objetivos además del ahorro. Hernando declaró en agosto, cuando se
conoció que el Gobierno quiere hacer firmar un convenio sanitario a los
sin papeles con una cuota anual de 710 euros, que el objetivo de la
medida era que “España deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal”.
Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso, abundó en esta idea
el 9 de septiembre: “Naturalmente aquellos extranjeros que están en
situación irregular en nuestro país y no tienen capacidad de regularizar
su situación no pueden permanecer aquí”, declaró para justificar la
decisión de excluir a los irregulares de la atención sanitaria pública.
Desde la campaña Yo sí Sanidad Universal se ha denunciado el hecho de
que el Gobierno puede estar haciendo política de extranjería con la
sanidad.

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comentarios

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  • |
    SATçN
    |
    09/02/2013 - 9:15am
    CUANDO OIGO PEDIR MÁS SERVICIOS SANITARIOS ME PONGO MALA…. SI LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA PERMITIERA INVESTIGACIONES Y JUICIOS INDEPENDIENTES,, LOS CIUDADANOS NO ESTARÍAMOS TAN INDEFENSOS E IGNORANTES ANTE UN SISTEMA SANITARIO S_öMAMENTE CRIMINAL. SI TUBIERAMOS LIBRE ACCESO A NUESTRAS HISTORIAS CLÍNICAS, MUCHOS NOS LLEVARÍAMOS UNA SORPRESA AL VER QUE,SUPUESTAMENTE, HEMOS ACUDIDO A CONSULTA MÁS VECES DE LAS QUE HEMOS IDO…Y QUE NOS HAN TRATADO DE PATOLOGÍAS QUE NI SABÍAMOS QUE EXISTÍAN….O LO QUE ES PEOR…HEMOS IDO A REVISIÓN Y NOS HAN ENCASQUETADO UN DIAGNÓSTICO FALSO PARA JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE. LO MÁS CORRIENTE ES QUE NOS HAYAN MEDICADO INNECESARIAMENTE UN SIN FÍN DE VECES. Y QUE HAYAMOS SIDO VÍCTIMAS DE ENSAYOS CLÍNICOS SIN CONSENTIRLO. YO LO SÈ BIEN PUES HE TRABAJADO EN UN HOSPITAL 20 AÑOS. HAY UNA PARTE DE LAS HISTORIAS QUE NO SE MUESTRA NUNCA AL PACIENTE CON DIVERSAS EXCUSAS Y QUE DEBERÍAMOS CONOCER…MUCHOS COMPROBARÍAN QUE , AUNQUE ELLOS NO LO SEPAN, HAN ESTADO INGRESADOS…INCLUSO EN CIUDADES QUE NO HAN VISITADO NUNCA…. LO PEOR DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL ES DEJARSE ATRAPAR POR ÈL.
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