En Italia lo intentaron pero fueron bloqueados por un referéndum; en Grecia, Portugal e Irlanda, sin embargo, se está llevando a cabo y se preparan para extender su radio de acción a toda Europa. La privatización del agua es el próximo desafío de las instituciones europeas y de los grandes grupos transnacionales del sector que se preparan para hacer negocios con la crisis en la europeriferia. El marco de referencia es una directiva sobre las concesiones en los servicios públicos que, impulsada por la Comisión Europea, ya ha sido rechazada una vez por las comisiones del Parlamento europeo y ahora tendrá que ser examinada en el plenario de Estrasburgo.

Se trata de una medida que, aseguran desde Bruselas, “no lleva a la privatización del agua” sino que se limita a “definir las características del servicio”. Es decir, que en vez de obligar a la privatización, Europa intentará poner a cada Gobierno local tantos límites que éstos acabarán privatizando de su propia mano. El borrador de la directiva, de hecho, prevé que los ayuntamientos quedarán libres de ofrecer por sí mismos el servicio de aguas sólo si su compañía pública copa más del 80% en el territorio municipal. Si, al contrario, abastece a otros ayuntamientos se tendrá que subastar el contrato, lo que abre las puertas a los agentes privados.

Las justificaciones de Bruselas se esconden en el marco neoliberal del “mercado único europeo”. El objetivo, subraya una nota oficial de la Comisión explicando las razones de la directiva, es “completar la realización del mercado interno (…) asegurando que las empresas europeas tengan acceso a oportunidades de negocio y que las autoridades públicas obtengan la mejor relación calidad-precio”. Este razonamiento se funda en la lógica de la eficiencia del mercado: “El gasto público que, en un número preocupante de casos, ha sido autorizado sin ninguna transparencia ni responsabilidad, aumentando al contrario el riesgo de fraudes y hasta de corrupción”, denuncian desde la Comisión. ¿Su solución? La privatización o el partenariado público-privado que, aseguran, permitirá las inversiones para asegurar “un servicio de alta calidad”.

En realidad, las primeras experiencias de privatización han tenido un resultado muy diferente: por eso, la protesta en contra de la directiva europea no sólo se ha producido en los Estados más afectados, sino también en aquéllos que, como Alemania, temen que se extienda la privatización al corazón de la Eurozona, sobre todo viendo lo que la UE, el BCE y el FMI han llevado a cabo en países como Portugal, donde los precios no han bajado en el nombre de la competencia y del mercado –como intenta demostrar Bruselas– sino que han subido hasta el 400%.

Las cláusulas de los acuerdos de rescate de la troika imponen la privatización de los servicios hídricos en Portugal, Grecia e Irlanda. En Lisboa, la empresa pública Aguas de Portugal lleva tiempo en la lista de las compañías que el Gobierno quiere vender, y para sellar el matrimonio con las grandes empresas del sector –empezando por la francesa Veolia Water– sólo falta un acuerdo sobre el precio.

Grecia va un paso por delante: el país ya vendió en 2010 en Bolsa participaciones de los servicios hídricos de Salónica y Atenas y ahora el Gobierno heleno se prepara para aprobar la privatización total de las dos empresas. Mientras, Irlanda ha estrenado en enero su nuevo holding público, Irish Water, cuyo objetivo es reunir a los operadores locales e impulsar la privatización, o como explica su recién nombrado consejero delegado, John Tierney, crear “una autoridad de nivel mundial que asegure un servicio excelente”. El resultado es que hasta ahora en el país los hogares no pagaban el agua, considerada un bien abundante y público: en el futuro tendrán que acostumbrarse a tener un nuevo recibo en el buzón.

El aumento vertiginoso del precio siempre es el primer efecto de la privatización del agua: la Comisión Europea explica que es porque en este sector “se necesitan con urgencia nuevas inversiones”. Sin embargo, quien ha experimentado la gestión privada no ve mejorías, sino sólo especulación. La denuncia de los efectos de la privatización, de hecho, ha resultado clave en Italia, donde hace un año un referéndum derogó las leyes que obligaban a los ayuntamientos a privatizar sus servicios. Casos como el de Acqualatina –partenariado público-privado participado por Veolia y en el centro de un escándalo por los recortes masivos del servicio a los ciudadanos– han ayudado a construir un consenso alrededor de la plataforma Agua Bien Común. De momento, en el país transalpino el proceso de privatización se ha parado. Pero, señalan los movimientos, es pronto para cantar victoria: la austeridad y la troika siguen al acecho.