Aunque la reforma constitucionaldebería ser, junto a las propiasasambleas constituyentes, elprincipal mecanismo de participacióndemocrática, pues setrata, justamente, de que el pueblodecida con total libertad y enlas más altas instancias, lamentablemente,en numerosos sistemasconstitucionales, la reformase ha convertido bien en un sistemapara evitar toda modificacióndel texto, bien en una puertafalsa para que los poderesconstituidos (los partidos, el Congreso,el Gobierno, etc.) puedanalterarlo, sin contar con el puebloque lo aprobó.

El sistema español padece de
ambos males. Por un lado, su iniciativa
le está vedada al pueblo,
pues se le otorga en exclusiva
al Gobierno, al Congreso, al
Senado y a las Asambleas Legislativas
de las Comunidades
Autónomas. Por otro, existen dos
procedimientos separados para
los diferentes aspectos de la
Constitución. Uno, demasiado
sencillo, para la mayor parte del
texto constitucional. Otro, demasiado
complicado, para reformar
los derechos, la Monarquía o la
unidad de España. Según el primero
y con la composición
actual de las Cámaras, un acuerdo
PSOE-PP permitiría alterar
casi todos los aspectos de la
Constitución, sin intervención
popular y sin que el resto de partidos
pudiera hacer nada para
evitarlo o influir en la decisión
(salvo una más que improbable
alianza contra PSOE-PP en el
Senado). En el segundo, nuevamente,
correspondería en exclusiva
a PSOE-PP decidir su puesta
en marcha, exigiéndose, además,
elecciones generales, ratificación
por unas nuevas cámaras
y, sólo después, referéndum
popular.

Como se ve, el sistema está blindado
para que la población
nunca pueda actuar en contra o
con independencia de sus representantes.
Cuando lo que está en
entredicho es esta representatividad
(entre otras cosas, aunque
no exclusivamente, por el funcionamiento
del sistema electoral),
el panorama estrictamente jurídico
no parece muy alentador.
Ahora bien, conviene hacer dos
matizaciones. La primera es que
no hay por qué sacralizar las decisiones
constituyentes de 1978,
especialmente, cuando fueron
adoptadas con el aparato de la
Dictadura todavía en funcionamiento
y siguiendo un procedimiento
que ni por su transparencia,
ni por su apertura, ni por su
desarrollo puede calificarse de
satisfactoriamente democrático.
Lo que no parece razonable es
que la falta de democracia de
entonces nos impida ser democráticos
ahora.

La segunda es que otros sistemas
políticos han conseguido superar
cerrojazos constitucionales, incluso
más severos que el español. Y
ello porque las constituciones y
sus reformas tienen, a no dudarlo,
un sentido más político (o político-
jurídico) que meramente
legal. Dicho de otro modo, si existe
una voluntad popular incontrovertible
de reformar el orden constitucional,
éste tendrá que
flexibilizar sus mecanismos si no
quiere saltar por los aires.
¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, denunciar el
cinismo del binomio PSOE-PP que
alega obstáculos constitucionales
para no modificar, como primer
paso, el sistema electoral. Si,
como la mayoría de la población,
piensan que dicho sistema es
injusto, basta con que lo expresen
en una sencilla votación en Congreso
y Senado, conjuntamente, y
el obstáculo habrá desparecido.

En segundo lugar, habría que llevar
el debate constitucional a las
asambleas, movimientos y organizaciones
ajenas a los dos grandes
partidos. Aunque el sistema
constitucional no recoja una iniciativa
de reforma constitucional
popular vinculante, nada impide
–como enseña la experiencia en
otros países– que se organicen
foros, consultas o votaciones
populares apoyando algún cambio.
Si estas asambleas o estas
votaciones adquieren un nivel de
apoyo suficiente, los grandes partidos
se verán forzados a llevar
estas propuestas a los mecanismos
constitucionales previstos o
a flexibilizar estos últimos.

Es decir, hay que actuar desde
dentro y desde fuera del sistema.
Desde dentro, tratando de
convencer a quienes pueden
modificar la Constitución y no
quieren; desde fuera, para que
quienes quieren modificar la
Constitución (porque les parece
poco democrática) y no pueden,
adquieran las vías y el poder
político para hacerlo.

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