CONSTRUCTORAS, COMPAÑÍAS SANITARIAS Y CAJAS DE AHORRO, LAS MÁS BENEFICIADAS POR LAS ADJUDICACIONES
Diez años de un negocio seguro

País Valencià y Madrid, las comunidades donde más hospitales están en manos de compañías privadas. En total, el peso del gasto en sanidad pública en el Estado español se redujo más de un 4% entre 1994 y 2007.

, Redacción
13/05/09 · 14:04
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El 1 de mayo se inauguraba de forma
oficial un nuevo hospital público
con gestión privada en Valencia. Un
centro que sigue la estela de Alzira,
convertido en 1999 en el primer hospital
público gestionado íntegramente
de forma privada ver Valencia: precursora de los modelos de gestión privada. Aunque, finalmente, por
miedo al número de pacientes que
acudieran por la gripe A el nuevo
centro de Manises decidió retrasar
su puesta en marcha real hasta el día
7. Según la dirección del propio hospital,
cumplir el protocolo sanitario
que marcaba la Consellería en caso
de alerta sanitaria obligaba a los hospitales
a tener un refuerzo de personal
en urgencias con el que de momento
no podían contar. Sanitas, que
junto a Ribera Salud son sus administradores,
presentaba días antes
sus resultados económicos de 2008:
95,3 millones de euros de beneficios,
un 7% más que en 2007. El consorcio
Sanitas-Ribera Salud también se ha
hecho cargo de los 36 centros de salud
de todo el área L’Horta-Manises.

Ésta es la primera incursión en la
medicina pública de la aseguradora.
“Un negocio seguro porque hace
años cuando este modelo privado
de gestión fracasó en Alzira, finalmente
fue la Administración pública
quien lo recuperó para volver a privatizarlo
después”, explica un
miembro de la plataforma ‘Mi salud
no es un negocio
’, compuesta por
profesionales sanitarios y pacientes
contra la privatización de la sanidad
en la Comunidad de Madrid. Entre
2005 y 2007, el hospital de Alzira logró
7,5 millones de beneficios.

Las compañías sanitarias privadas
como Adeslas, Asisa, Quiron (en
Portugal) o DKV han hecho su incursión
en la gestión de los servicios
públicos, aunque durante estos diez
años las grandes constructoras han
sido las mayores beneficiadas. Según
el Barómetro Social, la sanidad
pública se ha visto reducida al 71,2%
del total del gasto sanitario existente
en el Estado. Este dato de 2007 es inferior
al 75,5% que suponía en 1994.

Suma y sigue

En Madrid, durante 2008 se inauguraron
ocho hospitales bajo sistemas
de gestión privada. Entre las
20 empresas beneficiarias de estas
concesiones por 30 años, la mitad
eran constructoras (Hispánica,
FCC, Sacyr Vallehermoso, Dragados,
Acciona, Begar-Ploder, Sando,
OHL y Bovis Lend).

Una situación que en los próximos
meses se extenderá a Burgos, Palma
de Mallorca y, aunque mucho más
tarde de lo previsto, a Toledo. Y también
tiene como principales beneficiados
a las constructoras. En el sistema
sanitario inglés, este modelo
tiene uno de sus mayores referentes.
En 2003, según la Federación de la
Industria de la Construcción Europea,
en Reino Unido ésta “creció por
encima del 8%”, mientras que en Alemania
y Francia el sector menguó un
2,5% y un 0,7%, respectivamente. Los
motivos, según este informe, la gestión
privada de hospitales públicos.

Especialmente en el País Valencià,
se repite otra fórmula: la unión de
una empresa sanitaria y otra bancaria.
Esta última bajo la denominación
de Ribera Salud, participada al 50%
por Caja de Ahorros del Mediterráneo
y Bancaja. Aunque otras cajas
también participan en Madrid y en
Burgos. En total, los 13 hospitales
públicos con gestión privada que
funcionan actualmente han necesitado
de una inversión privada de 1.340
millones, pero el canon que las administraciones
públicas pagaran, por
diez de ellos, será de 6.000 millones,
más el incremento anual del IPC.

Una apuesta más que política

Desde que en 1997 se aprobara la
privatización de la sanidad, el paso
de cargos públicos a empresas privadas
o viceversa ha reflejado el
beneplácito de este proceso por la
mayoría de los partidos políticos.
Por ejemplo, Eduard Rius (CiU),
conseller de Salut entre 1996 y
2002, pasó a dirigir en 2005 Acciona
Servicios Hospitalarios que desde
finales de 2006 gestiona servicios
no sanitarios de los hospitales
de Torrevieja y San Sebastián de
los Reyes, y en México (Bajío).

En Madrid, la apuesta por el modelo
Alzira es tan contundente que,
el actual director general de Hospitales
de la Comunidad, Antonio Burgueño,
fue el encargado de idear el
proyecto que posteriormente tuvo
que ser recuperado con la Consejería
de Sanidad valenciana.

También controvertido fue el
nombramiento como gerente del
Servicio de Salud asturiano (PSOE)
de Elena Arias Menéndez. Previamente,
había sido apoderada del
Grupo Capio y directora de Recursos
Humanos. Esta empresa es una de
las más polémicas en cuanto a las
concesiones realizadas en la Comunidad
de Madrid. Además de gestionar
íntegramente los servicios sanitarios
del hospital de Valdemoro,
también lo hace en los ambulatorios
de Pontones y Quintana. Su principal
accionista es una empresa de capital
riesgo: Apax Partner.

Pero no es la única compañía sanitaria
que cuenta con el beneplácito
de este sector especulativo: USP
está participada por Cinven y Quirón
por Mercapital. “Es un sector
acíclico. La gente se pone enferma
con o sin crisis económica, la demanda
es infinita, y varios factores
dicen que va a crecer el mercado”,
explicaba el director general corporativo
de Capio a El País.

Consecuencias de la privatización

Laborales

Reducción o congelación de las plantillas
(pese al incremento poblacional),
individualización de las relaciones laborales
o introducción de incentivos económicos
ligados teóricamente a la productividad
por puesto de trabajo.

Médicas

Devaluación y reducción de la atención
debida a quienes generan mayor gasto:
personas mayores con patologías múltiples,
enfermos crónicos y, en general,
personas sin recursos que acumulan
todo tipo de necesidades.
Por otro lado, reducción de los ingresos,
altas más rápidas y menos solicitudes
de pruebas diagnósticas.

Económicos

El objetivo prioritario de las nuevas formas
de gestión es la disminución global
de costes y, por tanto, la disminución de
costes fijos (como los de personal); sin
embargo, al final, los procesos de privatización
suponen un incremento de los
costes variables en una segunda fase.
Por otro lado, presentan una «ventaja»
para la Administración debido a que
Eurostat ha fijado las condiciones en las
que el gasto realizado bajo ese concepto
puede quedarse fuera del balance público
a efectos de déficit y deuda.

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