ANÁLISIS // LA AUDITORÍA DE LA DEUDA COMO SALIDA PARA CAMBIAR EL RUMBO DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS
¿Las deudas siempre deben pagarse?

El autor expone por qué debe considerarse ilegítima una deuda pública que ha crecido espectacularmente desde el comienzo de la crisis.

- El caso Bankia destapa la intervención de facto en España

- Análisis: ¿Por qué no una auditoría ciudadana de todas las deudas?, Por Daniel Albarracín.

- Crisis de la deuda griega: entre el rescate a la banca y el impago popular

- La versión portuguesa del "no debemos, no pagamos"

, investigador / Observatorio de la Deuda en la Globalización
14/06/12 · 7:05
JPG - 76.5 KB
 
Martin León Barreto

Alguien dirá que las deudas
siempre deben pagarse.
De hecho, al pago de una
deuda también se lo denomina
“honrar” una deuda, ya que
parece que se trata de algo más que
de un mero retorno: se trata, ante
todo, de cumplir con una palabra
dada. No obstante, en realidad, la
exigencia del pago de una deuda
–sobre todo cuando se trata de una
deuda soberana– debería depender
de cómo se originó, de quién la contrajo,
bajo qué condiciones y para
qué beneficios. En caso contrario,
sería injusto reclamar al pueblo que
se hiciera cargo de deudas que en
ningún caso contrajo y/o que no le
aportaron beneficio alguno. Injusto
y tal vez ilegítimo.

En el caso de la deuda pública española
parece, como en tantos otros
tantos casos (léase Grecia, por no citar
a cualquiera de los países empobrecidos)
que nos encontramos con
deudas públicas que podrían considerarse
ilegítimas
(por cuanto todavía
no se las puede considerar ilegales).
Ilegítimo es un término que
conlleva connotaciones morales o
éticas, pero que a veces pueden tener
más fuerza que el mismo peso
de la ley. Ilegítimo es recortar los
presupuestos de educación y sanidad
en 10.000 millones de euros y
pocos días más tarde salir al rescate
de Bankia
estando dispuesto a condonarle
deudas por valor de casi
4.500 millones de euros y apoyarle
con más de 19.000 millones. Ilegítimo
es estar dispuesto a nacionalizar
deudas que fueron contraídas
por promotores, constructores y
banqueros, que se beneficiaron con
la especulación inmobiliaria, y no
honrar el pago de servicios sociales
básicos. Ilegítimo es avalar el pago
de deudas que fueron contraídas por
aquellos que nos llevaron a esta situación
de bancarrota por el simple
hecho de que las contrajeron con la
banca alemana, francesa o norteamericana
(avales que en el caso de
Bankia se estiman en casi 30.000millones)
y no garantizar derechos sociales
básicos que creíamos garantizados
de por vida. Ilegítimo es permitir
que el señor Blesa y el señor
Rato hagan negocios con el ladrillo
con sus colegas de partido (léase
Esperanza Aguirre, Juan JoséOlivas
o Francisco Camps), de forma totalmente
irresponsable, y que ahora,
cuando el castillo de naipes se está
desmoronando, no se les exija responsabilidad
alguna –ni a unos ni a
otros– por este desaguisado. Ilegítimo
es que el Gobierno esté mezclado
y viciado con aquéllos que tienen
intereses económicos y que parezca
que ahora tan sólo le preocupe encontrar
la manera de cómo ayudarles
a pagar los platos rotos de su fiesta
con nuestro dinero
.

Por todo ello, parte de la sociedad
española está reclamando la suspensión
unilateral de pagos
, acompañada
de una auditoría de la deuda que
permita conocer su origen, repudiar
toda la deuda ilegítima y encausar a
los responsables, tanto nacionales
como extranjeros, que han llevado al
país a la bancarrota. Esta parte de la
sociedad civil, organizada bajo la
Plataforma Auditoría Ciudadana de
la Deuda
¡No debemos, no pagamos!,
es consciente de la necesidad de
construir un camino ciudadano por
el que sea posible un cambio en la
correlación de fuerzas para poder
auditar la deuda.

Así, al igual que se ha hecho en otros países que llevan
años sintiendo el golpe de la deuda,
como es el caso de Ecuador, se hace
necesaria una auditoría que explique
cómo y por qué la deuda pública se
ha más que doblado en tan sólo cinco
años
, pasando del 36% del PIB de
2007 al 80%estimado para finales de
2012. Una auditoría que pueda decidir
soberanamente qué es legítimo
pagar y qué no, para conocer cuánto
del aumento de la deuda pública ha
servido para salvar al sistema financiero
español y ayudar a sus ejecutivos
a evadir sus responsabilidades.
Una auditoría de la deuda que pueda
dirimir si es justo y legítimo
que en el
año 2012 el Estado tenga que pagar
más de 28.848 millones de euros en
intereses que provienen de deudas
de las que desconocemos su origen.
Una auditoría de la deuda que nos
permita exigir responsabilidades políticas
y judiciales
a aquellos que se
han enriquecido ilegalmente con dinero
público. Una auditoría ciudadana
comomedida de presión y de contención
para evitar que el Gobierno
transfiera toda la deuda privada bancaria
a deuda pública (tal y como ya
sucedió en Argentina en 2001, en
Islandia en 2008, en Irlanda en 2010
y en Portugal en 2011). Una auditoría
social para controlar el agujero
de la deuda privada española. Una
auditoría de la deuda como excusa, y
como una pieza más en el camino,
que ayude a concienciar y politizar a
la ciudadanía, con el objetivo de
que hagamos nuestro el futuro y no
volvamos a dejar en manos de banqueros
y políticos profesionales corruptos
nuestro destino y el de las
generaciones que están por vivir en
nuestro país. Tal y como están las
cosas, ésta parece la única salida
que permitirá al pueblo recuperar
el poder de su soberanía económica,
social y política
; es decir, la única
salida realmente “honrosa”.

Tags relacionados: Auditoría ciudadana
Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

Martin León Barreto
separador