En los últimos años, miles
de familias en el Estado
español han descubierto
horrorizadas que al quedarse
sin ingresos y no poder hacer
frente al pago de su hipoteca,
no sólo se enfrentan al drama de
perder su vivienda, sino que además
se les condena con una deuda
de por vida. Desde hace dos años,
la voz organizada de los afectados
ha conseguido elevar a debate público
una propuesta: regular la dación
en pago, para que con la entrega
de la vivienda se liquide la totalidad
de la deuda hipotecaria. A
medida que la propuesta se ha ido
abriendo hueco en los medios de
comunicación, ha ido recogiendo
la adhesión de entidades sociales y
organizaciones sindicales, obligando
a las formaciones políticas a posicionarse
públicamente. Sin embargo,
¿por qué no se aprueba la dación
en pago? Para abordar esta
pregunta es necesario analizar la
evolución del debate y los argumentos
desde sus orígenes.

Mitos que han caído

Primero fue aquello de que el contrato
hipotecario era un contrato entre
privados y que el Estado no podía
intervenir. Hasta que el Estado
intervino inyectando ingentes ayudas
públicas para dotar de liquidez
al sistema financiero sin exigir ninguna
contrapartida. Luego vino la
cantinela de que era un contrato libre
entre las partes y que los únicos
responsables eran los hipotecados,
puesto que nadie les había puesto
una pistola en el pecho para que firmaran.
Pero tratar de iguales a los
desiguales, y equiparar la necesidad
de las familias de acceder a una
vivienda a través de una hipoteca
con el lucrativo negocio de los créditos
hipotecarios de unas entidades
financieras provistas de un ejército
de economistas y abogados a
sueldo, era un insulto a la inteligencia.

Además, en ningún lugar del
contrato se especificaba la posibilidad
de que el banco se adjudicase el
inmueble por el 50% del valor de tasación,
dejando al ex propietario
con una deuda impagable para el
resto de su vida. Posteriormente se
atrincheraron en un subterfugio jurídico
alegando que aplicar la medida
con efectos retroactivos para
aquellos contratos hipotecarios ya
firmados era inaceptable en un
Estado de derecho, ya que implicaba
cambiar las reglas del juego en
mitad de la partida. Pero la reforma
laboral se encargó de echar por tierra
esta excusa, rebajando a 20 días
la indemnización por despido, con
independencia de si los contratos
laborales se habían firmado antes,
durante o después de la reforma.

"La fortaleza del sector"

Uno tras otro, los argumentos que
utilizaba el ejecutivo para rechazar
la medida se han venido desmontando
y lo que hace un año parecía
un grito en el desierto, se ha convertido
en un clamor popular. Ya nadie
pone en duda la injusticia de un ordenamiento
jurídico que sobreprotege
los intereses de las entidades
financieras y que hace recaer todo
el peso de la responsabilidad sobre
la parte más vulnerable e indefensa
del contrato. Aun así, el Gobierno
se muestra reacio. En unas recientes
declaraciones, la ministra Salgado
manifestaba la dificultad de
aprobar una medida que “pondría
en riesgo la fortaleza del sector financiero,
base de la recuperación y
del crecimiento económico” en un
momento en el que los mercados internacionales
tienen serias dudas
sobre la solvencia del sistema.

Pero ¿alguien se ha molestado
en cuantificar las pérdidas que conllevaría
para el sistema financiero
aprobar la dación en pago? ¿alguien
se ha tomado la molestia de
evaluar el coste económico y social
que implica no aprobarla?
Hagamos algunos cálculos. Según
el Instituto Nacional de Estadística,
Tinsa o el mismo Banco de España
desde que alcanzó su máximo histórico
en diciembre de 2007, el precio
de las viviendas se ha devaluado
un 20%. Desde 2007 hasta finales
del 2010, los procedimientos de
ejecución hipotecaria iniciados suman
300.000. Durante el auge inmobiliario,
el importe medio de las
hipotecas concedidas ascendía a
150.000 euros. Sin embargo, y habida
cuenta de que la mayoría de
procedimientos ejecutorios se producen
para hipotecas suscritas a
partir del 2004, el importe medio
de las hipotecas ejecutadas es de
un orden mayor. Siendo generosos
y tirando al alza, pongamos que la
deuda media es de 250.000 euros.
Puesto que en la mayoría de casos
el préstamo hipotecario se concedía
por el 100% del valor del piso,
una depreciación del 20% implica
que cada vivienda se ha devaluado
50.000 euros. Si multiplicamos
50.000 euros por las 300.000 viviendas
ejecutadas, nos da un total de
15.000 millones de euros. Es decir,
si se aceptara la dación en pago,
bancos y cajas perderían 15.000
millones de euros. Una cantidad
que, sin ser despreciable, es un 25%
inferior a los beneficios que obtuvieron
durante el ejercicio 2009, muy inferior a los 100.000 millones
de euros del FROB, y mucho menos
significante si lo comparamos
con el total de ayudas que en concepto
de avales, compra de activos
tóxicos e inyecciones de liquidez a
tipos de interés subsidiado, han
percibido las mismas entidades. El
problema, por tanto, no es lo que
pierden sino lo que dejan de ganar
adjudicándose unas viviendas a
precios de saldo, en lo que constituye
un ejemplo de acumulación por
desposesión.

A diferencia de lo que algunos
pretenden hacernos creer, lo que
mantiene en jaque a bancos y cajas
españoles no es tanto la deuda hipotecaria
de las familias como los
activos que se acumulan en sus balances
derivados de la quiebra de
centenares de empresas del sector
inmobiliario. Urbanizaciones fantasma,
promociones sin acabar, miles
de metros cuadrados por construir
e imposibles de colocar en el
mercado que han sufrido una depreciación
infinitamente mayor
que las viviendas procedentes de
ejecuciones hipotecarias.

Un primer paso contra la crisis

Por otro lado, el coste de oportunidad
de no aprobar la medida implica
no sólo condenar a la pobreza y
a la exclusión social a millones de
personas, sino que supone hipotecar
las políticas sociales presentes y
futuras. Una sangría para las finanzas
públicas locales, autonómicas y
estatales obligadas a subsidiar el comedor
de los niños, los libros de la
escuela, las ayudas al alquiler, etc.
No aprobar la medida implica excluir
del circuito a millones de personas
que acudirán a la economía
sumergida ante la amenaza de que
les embarguen el sueldo. Ello conllevará
un incremento de la evasión
de impuestos y una consecuente reducción
de los ingresos públicos, en
un contexto donde son más necesarios
que nunca. Condenadas a una
deuda de por vida, liberar a las familias
supondría liberar unos recursos
que contribuirían a reactivar la
demanda interna y por lo tanto la
economía. En un sistema donde el
principal motor de la economía es
la confianza, ¿cuál es el coste de dejar
en la cuneta a centenares de miles
de familias sin un horizonte de
expectativas?

Ganar la batalla de la dación no
solo supondría una victoria para las
familias afectadas y una cuestión de
justicia social. A nuestro entender
es una condición necesaria, aunque
no suficiente, para salir de la crisis.
Significa romper la lógica perversa
que imprimen los mercados y simboliza
un primer paso para que la
sociedad civil recupere el control
democrático de la economía y el timón
de la política, en estos momentos
secuestrada.

¿QUÉ ES LA
DACIÓN EN PAGO?

La dación en pago es una propuesta
de mínimos que permitiría
a las familias empezar de
cero, una propuesta que, formulada
de una u otra manera,
se aplica en todos los países
de nuestro entorno. A grosso
modo es una figura parecida a
la que se acogen las empresas
que se declaran en quiebra
para liquidar sus deudas
con los acreedores. La propuesta
que impulsada por la
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) y formulada
por el Observatori DESC, se
debatió en la comisión de
vivienda del Congreso de los
Diputados el pasado 16 de
Junio de 2010 a través del
grupo mixto ICV-IU-ERC, y se
encuentra bloqueada por el
Gobierno.