Los controles policiales de
identificación sistemáticos
en vías y espacios públicos
son el principal instrumento
operativo del Ministerio
del Interior para la expulsión de
los ciudadanos extranjeros en situación
irregular. La realidad de
estos controles, y que su finalidad
exclusiva, es la localización de estos
ciudadanos extranjeros resulta
incontrovertible. El Ministerio
del Interior ha negado con reiteración,
incluso en sede parlamentaria,
su existencia. Su realidad, sin
embargo, ha sido confirmada por
los sindicatos policiales, quienes
se dirigieron al Consejo de Policía
para manifestar su preocupación
por las garantías jurídicas de los
policías y por la práctica policial
de identificaciones masivas e indiscriminadas
en la vía pública.

¿Por qué el Ministerio del Interior
niega lo evidente? Son controles
ilegales y lo saben. La Ley
Orgánica para la Protección de la
Seguridad Ciudadana autoriza a la
Policía para que, en el ejercicio de
sus funciones de indagación o prevención,
requiera la identificación
de las personas. Ahora bien, la realización
de controles masivos e indiscriminados
de identificación en
lugares públicos sólo queda autorizado
cuando haya constancia de la
existencia de un delito causante de
grave alarma social y su finalidad
exclusiva sea la de descubrir a sus
autores para detenerlos y recabar
pruebas de dicho delito. Fuera de
estos concretos presupuestos, no
es posible instalar controles policiales
de identificación masiva como
los que acostumbramos a ver
en nuestras ciudades a la caza del
inmigrante en situación irregular.

Alarma social

Es evidente que cualquier operativo
montado en un intercambiador
de transporte o en espacios públicos
frecuentados por determinadas
comunidades de inmigrantes,
en que sólo se requiere la documentación
a aquellas personas
que, por determinados rasgos étnicos
o raciales, se sospecha que no
son nacionales, no es un operativo
de policía judicial en búsqueda de
los responsables de un delito que
cause grave alarma social. Es una
actuación de policía administrativa
en búsqueda de eventuales infractores
de la legislación de extranjería
carente de la más mínima cobertura
legal. Lo más grave está
por llegar. A la falta de cobertura
legal se suma que la actuación de
estos operativos, seleccionando las
personas a identificar sólo por sus
rasgos étnicos, supone un grave
atentado a la prohibición de discriminación
racial del artículo 14 de
la Constitución. El reciente dictamen
del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas de
17 de agosto de 2009 (Comunicación
núm. 1493/2006) condenó
al Estado español al considerar que
este tipo de actuaciones son racialmente
discriminatorias. El dictamen
hace expreso que, cuando se
efectúan requerimientos de identificación,
las meras características
físicas o étnicas no deben ser tomadas
en consideración como indicios
de una posible situación ilegal
en el país y que tampoco deben
efectuarse de manera tal que sólo
las personas con determinados rasgos
físicos o étnicos sean seleccionadas
para la identificación. Ello se
justifica no sólo porque afecta negativamente
a la dignidad de las
personas afectadas, sino porque,
además, es una conducta que contribuye
a la propagación de actitudes
xenófobas entre la población
en general y resulta contradictoria
con una política efectiva de lucha
contra la discriminación racial.

No es posible que Interior utilice
atajos vulnerando los derechos garantizados
por la Constitución con
el pretexto de una mayor eficacia
en la política migratoria. El ministerio
fiscal y el poder judicial no pueden
mirar para otro lado mientras
se lesionan derechos fundamentales
y somos señalados por ello desde
instancias internacionales. La
Ley Orgánica de Extranjería establece
que los inmigrantes deben
conocer y respetar los valores y derechos
constitucionales. Hay que
predicar con el ejemplo.

Queja sin respuesta

La queja presentada ante el
Ministerio del Interior y ante el
Defensor del Pueblo por el
carácter ilegal de las redadas
masivas contra inmigrantes
todavía no ha tenido respuesta.
El 1 de febrero el grupo de juristas
Inmigrapenal y la red Ferrocarril
Clandestino presentaron la
queja, apoyada por 140 asociaciones,
en la que exigían una
comparecencia pública del
Ministerio para anunciar la revocación
de las circulares que
ordenan la detención preventiva
de inmigrantes sin regularizar y
el fin de las redadas.