Deuda pública y recortes sociales. Después del ‘boom’ del ladrillo, Ayuntamientos y Comunidades han perdido su principal fuente de ingresos. Si en los últimos años, con las arcas de ayuntamientos y
comunidades repletas, se han disminuido prestaciones
sociales, tras las elecciones se prevé que las diferentes
administraciones anuncien importantes recortes.
El 14 de abril, miles de barceloneses
se manifestaron en la plaza de Sant
Jaume contra los recortes del nuevo
Gobierno de Artur Mas (CiU). La movilización
para defender la sanidad y
la educación pública hizo recular al
president, quien anunció que posponía
la aplicación de este tijeretazo
hasta después del 22 de mayo. No es
el único gobernante que ha postergado
la toma de decisiones impopulares
hasta esa fecha. Jordi Bonet,
presidente de la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Barcelona
(FAVB), considera que, probablemente,
tras los comicios se entre
en una nueva fase en la gestión
de la crisis en los gobiernos locales.
En opinión de Bonet, en esta nueva
fase no es tan importante el hecho
de que las administraciones no tengan
liquidez si no qué decisiones políticas
se toman: “No es lo mismo recortar
en publicidad institucional,
que recortar servicios básicos como
educación o sanidad”. Pepe Gálvez,
secretario de Defensa de lo Público
de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC OO, cree que es
peligroso que se deje fuera del debate
electoral cómo se va a gestionar la
crisis desde los ayuntamientos y que
tampoco se toque el asunto de la reducción
de empleo público.
Desde 2008, estos recortes son palpables
dentro de las partidas destinadas
a labores sociales en los ayuntamientos,
según Fernando Sabin
–de Andaira Sociedad Cooperativa–.
Se nota tanto en el recorte de los programas,
como en las dificultades para
pagar los que se mantienen.
Las propuestas
empresariales justifican
el dogma de la reducción
del gasto y eluden las
causas de la crisis
Pocos meses después de presentar
el millonario Centro Niemeyer,
el Ayuntamiento de Avilés
(Asturias) presentó dos Expedientes
de Regulación de Empleo
(ERE) que afectan a 113 personas,
el mayor ERE aprobado de un
consistorio hasta ahora, después
de que la Junta de Andalucía rechazase
el expediente de Jerez de
la Frontera (Cádiz), una localidad
en la que el consistorio es la empresa
que más trabajo da, después
del desmantelamiento de la industria
vitivinícola. Otros ayuntamientos
de Andalucía, Madrid y
Valencia han propuesto ajustes laborales,
pero esto, a juicio de
Gálvez, es sólo un anticipo de lo
que vendrá después del 22 de mayo,
“además hay que tener en
cuenta que, a los trabajadores laborales
no funcionarios (cerca de
un 70%) se les puede aplicar la reforma
laboral”.
“Los últimos presupuestos que
se aprobaron en Murcia anunciaban
despidos o aumentos de jornada
en la administración pública.
En Catalunya, más allá de lo anunciado
por la Generalitat, la patronal
de hospitales catalana anunció
que habrá unos 2.300 despidos,
mientras que en Madrid pasará lo
mismo y se reducirán 10.000 personas
de las 63.000 que trabajan
en la sanidad pública. Imaginaos
cómo se va a ver afectada la atención
sanitaria”, denuncia Ángel
Navarro, de Casmadrid, que además
denuncia que en Madrid no
despedirán a nadie, ya que con no
renovar los contratos eventuales
casi alcanzarán esa cifra.
- Reunión del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias. FEMP
Recorte de municipios
Los recortes se producen a todos los niveles y se encaminan a favorecer
una reestructuración aún no completada
del modelo territorial. Con la
crisis como pretexto, el presidente
de la CEOE, Joan Rosell, anticipó en
su campaña para presidir esta institución
que una de sus propuestas será
la concentración de municipios
hasta reducir a la mitad los 8.114 que
hay en 2011. De forma paralela, bajo
un discurso que apela a la austeridad,
la eficiencia y la transparencia,
el Círculo de Empresarios ha profundizado
en abril en la propuesta de
Rosell. En el documento hablan de
las exitosas iniciativas de reducción
de ayuntamientos llevadas a cabo en
Dinamarca o en Suecia, que “entre
los años 1950 y 1974 llevó a cabo una
drástica reducción del número de
municipios, que pasó de 2.281 a 278
por iniciativa del gobierno central”.
Consultado por DIAGONAL, Fernando
Díaz Orueta, investigador en
temas de ciudad, territorio y cambio
social y profesor de la Universidad
de La Rioja, cree que el objetivo de
esta serie de propuestas es justificar
el dogma de la reducción del gasto
por todas las vías y que se elude, seguramente
de forma interesada,
mencionar algunas de las causas de
la crisis de deuda de los municipios
como la celebración de megaeventos,
los grandes proyectos urbanos
o el aumento espectacular del número
de cargos de confianza y de
libre designación. Como ejemplo,
valga la Empresa Municipal de
Aguas y Alcantarillado (Emaya) de
Palma de Mallorca, una empresa
que, según los sindicatos presentes
en la corporación local, tiene “cinco
veces más de jefes, jefecillos y dinosaurios
políticos de los que realmente
necesita” y arrastra un déficit estructural
de 10 millones de euros.
Que viene el lobo
Reducir el empleo público, sin tocar
el modelo de gestión empresarial
de los gobiernos locales, es uno
de los principales objetivos de las
propuestas encaminadas a una segunda
descentralización desde las
autonomías hasta los municipios.
Para Díaz Orueta, se trata de dar
una “dentellada final” para acelerar
la privatización en ámbitos que, en
menor o mayor medida según el territorio,
siguen siendo competencias
de gobiernos electos, como la
sanidad, la educación o los servicios
sociales. Para Díaz Orueta, reducir
el número de municipios no
es necesario, sino que se debe avanzar
hacia otro modelo en el que prevalezca
una puesta en común de
servicios, como se ha hecho en zonas
de Catalunya o Asturias. Otras
propuestas en esta línea son los
presupuestos participativos y,
apunta Pepe Gálvez, que se fije un
marco general que impida una gestión
autoritaria del municipio.
La financiación con
impuestos ligados al boom
inmobiliario permitió
apostar por el modelo
de ciudad marca
El segundo asalto de la iniciativa
privada a ejes del bienestar como
servicios sociales o sanidad, se explicita
asimismo en una hoja de ruta
que la consultora internacional
KPMG presentó en 2009 con el significativo
nombre de Que viene el lobo:
la crisis económica global y el
sector público. El informe vaticinaba
que en 2011 y 2012 la crisis iba a
llegar a los ayuntamientos. Según
uno de los consultores citados “se
avecina una tormenta perfecta en la
gestión pública que se producirá durante los próximos años y que resultará
muy difícil de abordar”. De nuevo, la solución
presentada es adelgazar el sector
público y fomentar las iniciativas público-
privadas, ya extendidas en ámbitos
como el transporte, la gestión de recintos
feriales o de basuras.
Financiación inmobiliaria
Si cabe ponerle una fecha al comienzo
de la reconversión de los gobiernos locales
en empresas urbanas quizá la
más conveniente sea 1998, cuando se
promulgó una Ley del Suelo que otorgaba
amplias potestades a los municipios
en la disposición y planificación
del suelo. Esto, unido a la financiación
a través de los impuestos ligados al ‘boom’
inmobiliario (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, sobre construcciones
o sobre el incremento de valor de
los terrenos) permitió una expansión
territorial y financiera, que llevó a una
gran mayoría de los Ayuntamientos a
apostar por el modelo de ciudad marca
en detrimento de las condiciones medioambientales
y de la participación
ciudadana en la toma de decisiones.
Dos integrantes del grupo de estudios
Observatorio Metropolitano han estudiado
en profundidad esta transformación
en el libro Fin de Ciclo. “Los gobiernos
urbanos”, explican los autores
de este libro, “han asumido políticas
del todo alejadas de las clásicas asociadas
a la gestión de los marcos de producción
y reproducción industrial”, de
este modo, se ha producido “una identificación
cada vez más estrecha entre
la clase política y la clase empresarial,
remachada por la articulación de un
fluido sistema de intercambios y equivalencias
entre carreras profesionales
y carreras políticas”.
El desprestigio de la administración
pública, no obstante, no parece enfocarse
hacia este sistema mixto políticoempresarial
sino hacia los servicios y
empleados públicos, estima Fernando
Díaz Orueta, “hay que reconocer que
el discurso de la ineficiencia se ha planteado
hábilmente”. Pero esa idea de
que hay un exceso de empleo público
es incierta y se debe combatir, opina
este investigador: “Si en los últimos
años ha habido un crecimiento mayor
en este campo ha sido porque nuestros
servicios públicos están por debajo de
la media de la UE”, además su incremento
en autonomías y ayuntamientos
ha sido acompañado de una fuerte reducción
en la administración central.
Pese a esta transferencia, según Vicenç
Navarro, España tiene un 9% de población
adulta empleada en los servicios
públicos asociados al bienestar frente
al 25% que tiene Suecia.
Competencias 'impropias'
Uno de los aspectos que señala el
informe del Círculo de Empresarios
es el desconocimiento de la mayoría
de la población de qué competencias
son responsabilidad del Estado,
de las autonomías o de los gobiernos
locales. En este sentido, la
expansión del ciclo inmobiliario dio
pie a que los ayuntamientos asumieran
competencias «impropias». Se
calcula que los gobiernos locales
gastan una cuarta parte de sus presupuestos
en partidas para los que
no tienen competencias ni financiación
propia. En el caso de los ayuntamientos,
durante los años centrales
de la burbuja inmobiliaria, hasta
el 50% de sus ingresos directos (y el
30% de sus ingresos totales) se
recaudaron a partir de impuestos
ligados a la construcción, según
datos del Ministerio de Hacienda.
comentarios
0