Catalunya recibió las transferencias
sanitarias en 1981 con
poca infraestructura pública y
muchos conciertos y escogió un
modelo con “una orientación
sensiblemente enfocada al
reforzamiento del ámbito privado”,
explica la investigadora en
temas sanitarios Raquel Gallego.
La reforma de la propia Ley
de Ordenación Sanitaria, en
1996, precedió a la estatal
15/97 en la aceptación del
ánimo de lucro en la gestión de
la sanidad. A los consorcios,
fundaciones y mutuas que ya la
ejercían, se sumaron las mal
llamadas entidades de base
asociativa, en realidad sociedades
limitadas. Hoy, la consejera
de Salud Marina Geli se esfuerza
en negar la privatización
mientras reabre el debate del
copago, llama a la participación
de la iniciativa privada,
hace adjudicaciones a empresas
gestionadas por antiguos
gobernantes y fomenta el pago
por servicios en los mismos
centros públicos. La constitución
de 37 gobiernos territoriales
de salud en forma de consorcios
es la fórmula ideada por
el Consorcio Hospitalario de
Catalunya (gobierno de facto)
para que los proveedores se
repartan el pastel de la nueva
financiación de base capitativa.

* Ramón Serna es miembro de Intersindical Alternativa de Catalunya