Sólo el pasado año, cerca de tres millones
de turistas llegaron al Caribe
mexicano a ocupar una de sus 40.000
plazas hoteleras, mientras muchos
de sus habitantes subsisten con un
salario que no supera los 150 euros
al mes en Cancún, la ciudad más cara
de México después de Monterrey.

En los ‘70 el Gobierno mexicano
concibió la región, Quintana Roo, como
un parque de atracciones para
los turistas, atraídos por el agradable
clima tropical y las exóticas ruinas
mayas de Cobá, Chichen Itzá o
Tulum. De la misma manera que nacieron
Acapulco, Los Cabos o Puerto
Vallarta, el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) atrajo a
las grandes transacionales hoteleras
hasta Cancún y la Riviera Maya a través
de créditos, inversiones y la promesa
de una total impunidad para
de explotar los recursos naturales y
humanos que hasta ahora sigue vigente:
el presidente Echevarría decretó
en 1973 que todo el territorio
de Quintana Roo es zona libre. De
los 80 hoteles con 17.000 plazas previstas
por Fonatur se ha llegado a superar
ampliamente el centenar y medio
de megahoteles. De ellos, la gran
mayoría pertenecen a cadenas estadounidenses
y españolas.

En diciembre de 2007, la publicación
mexicana Proceso denunció las
malas condiciones laborales y de salud
a las que se enfrentaban cientos
de trabajadores, principalmente procedentes
de Chiapas, en la construcción
de uno de los hoteles de lujo de
la cadena española NH. Según detallaron
en un extenso reportaje, la
mayoría de estos obreros vivían hacinados
en campamentos de 80 metros
cuadrados sin atención médica,
trabajando siete días a la semana y
pudiendo salir del recinto, ubicado
al lado de la construcción, sólo los
domingos por la tarde. Aunque, debido
a la crisis económica y a que ya
no queda prácticamente terreno para
construir, los trabajos de edificación
se han reducido, aún quedan
campamentos de este tipo en algunas
obras de la Riviera Maya, pero
resulta casi imposible acceder a ellos
al estar flanqueados por vigilantes
armados.

Explotación, sol y playa

Según explica Gabriela Campos Cortés,
coordinadora del Centro de
Atención al Migrante de la Riviera
Maya, en estos campamentos los
obreros se ven obligados a dormir en
el suelo protegidos por plásticos después
de trabajar jornadas interminables
para cobrar un sueldo que suele
ir de los 700 a los 1.000 pesos semanales
(40 a 60 euros), de los cuales se
descuentan la comida y, en muchos
casos, hasta el hospedaje. Los contratos
son semanales, de forma que,
para que la siguiente semana puedan
volver a trabajar, regalan a la
empresa la mañana del domingo.
Fuera de estos campamentos, las
condiciones de vida de las miles de
personas que llegan a la Riviera Maya
para trabajar no mejora mucho.

La plaza de la colonia Colosio se llena
cada mañana con decenas de trabajadores
a la espera de que alguien
les ofrezca ocupación. Muchos de
ellos consiguen trabajo para dos o
tres días a la semana, por lo que difícilmente
el salario les alcanza para
enviar dinero a sus familias después
de pagar la renta de un cuarto de dos
metros por dos metros que comparten
con entre tres y diez personas y
que supera los 1.700 pesos mensuales
(aproximadamente cien euros).

En Cancún viven ya más de un
millón de personas. La pobreza colinda
con la opulencia, pero con una
demarcación bien definida. Según
explica Alejandro Eguía Lis, una de
las personas que luchan por la adecuación
de un centro sociocultural
en esta población, hace 30 años conformaban
la industria hotelera varias
decenas de pequeños hoteles
en los que los trabajadores cobraban
un buen sueldo y podían después
acercarse a las numerosas e
impresionantes playas conquenses.
“Con la llegada de las trasnacionales
todo cambió”, lamenta Eguía.
Actualmente, los hoteles son los
propietarios de las playas y la ciudad
está dividida en dos zonas: por
un lado, las áreas urbanizadas, denominadas
“supermanzanas”, donde
vive la clase media y alta; y, por
otro, las que se fueron habitando
por sí solas, las regiones, que son
casi guetos llenos de casas de empeño,
centros de Alcohólicos Anónimos
y “cervecentros”.

De esta manera, frente a las inmensas
mansiones y hoteles de las
zonas ricas, las regiones se constituyen
como hormigueros con las conocidas
como casas Geo o de “interés
social”, apartamentos de cuatro
metros de ancho por ocho de largo
en los que la cocina está unida al baño
y que se venden por unos 300.000
pesos (cerca de 18.000 euros). Colindantes
a estos barrios se han
organizado una serie de colonias
donde la gente se construye sus casas
y lucha día a día para que no les
arrebaten el terreno.

Rubí Argáez, del Comité de Vecinos
de una de estas áreas, la colonia
Maracuyá, explica cómo, en enero
de 2008, las más de 50 familias que
habitan actualmente la comunidad
fueron asaltadas por decenas de intrusos
armados con machetes y pistolas
que robaron y quemaron varias
de sus casas. Esta colonia nació hace
poco más de cinco años con dos familias,
después de que éstas pagaran
10.000 pesos (588 euros) por el terreno
y desde entonces han tenido que
hacer frente en varias ocasiones a estos
ataques que, según explican desde
el Comité de Vecinos, están dirigidos
por las grandes empresas para
hacerse con el terreno sobre el que
viven, y poder seguir construyendo
grandes hoteles y urbanizaciones.
“La mayoría de los que vivimos aquí
somos mayas. Estamos acostumbrados
a vivir así y a luchar por nuestras
tierras”, continúa Rubí. La mayoría
de estos vecinos trabajan para esos
mismos hoteles y restaurantes, a
cambio de sueldos de miseria.