En el Estado español existen 417 campos de golf, la
mayoría asociados a urbanizaciones de lujo. El consumo
de agua de un campo de golf es similar al de
una población de 150.000 personas. Con la crisis las viviendas no se venden y los greens no se pueden mantener. Los promotores quieren que los Ayuntamientos se encarguen de los campos de golf.

Un campo de golf de 18 hoyos y 60
hectáreas consume 1.500.000 litros
de agua al día. En el Estado español
existen 417 campos de golf,
según datos de la Federación Española
de Golf. Hasta ahora los “pelotazos
urbanísticos” y la construcción
de estos centros estaban asociados:
en los últimos 10 años se han construido
112 campos, el 90% promovidos
por inmobiliarias. A causa de
la crisis las viviendas no se venden y
la construcción de campos de golf se
ha parado, unos 150 nuevos proyectos
programados en los últimos dos años,
no se han ejecutado.
El negocio del golf es insostenible.
Se esquilma un recurso escaso
como es el agua en beneficio del
negocio privado de unos pocos.
Según Ecologistas en Acción, en un
año el consumo medio de agua de
un campo de golf de 18 hoyos y 60
hectáreas (has.) es de 10.000 metros
cúbicos de agua por hectárea, es decir
18 hectómetros cúbicos (cifra
que se multiplica por dos en
Andalucía). Este volumen equivale
al consumo anual de una ciudad de
entre 150.000 y 200.000 habitantes.
Los recorridos y el número de hoyos
marcan el atractivo del campo: si tiene
18 se necesitan como mínimo 50
hectáreas de terreno. Pero también
los hay de 9, 27, 36, 54 y 60 hoyos.
Además, el campo de golf necesita
un green de unos 800 m2 por hoyo.
Ocupación del territorio
En zonas urbanizadas es imposible
conseguir tanta cantidad de terreno,
por eso se ocupan terrenos no urbanizables
y áreas próximas a espacios
naturales, que se privatizan. De paso,
se recalifican los terrenos y se
construyen urbanizaciones asociadas
al golf.
Agotados los espacios próximos a
la costa, se han comprado terrenos
de usos agrícolas y forestales.
Esta ocupación de tierras para el
sector del ocio privado de una élite
ha ido en detrimento del sector primario,
la producción de alimentos.
Entre 2000 y 2010, años de creciente
sequía, se construyeron más
de 100 campos de golf, mientras la
Administración llevaba a cabo campañas
que pedían cerrar el grifo del agua en los hogares y sitios públicos.
De los 417 campos de golf del
Estado español, 102 se han construido
en Andalucía y es la provincia
de Málaga donde más campos existen, más de 50, la mayoría asociados
a urbanizaciones de Marbella y
Mijas. Por comunidades le siguen
Cataluña, con 46, Castilla y León 37,
País Valenciá 37, Galicia 33, Madrid
32, Canarias 23, Baleares 21 y
Murcia con 18, entre otras. Por provincias
el listado lo encabeza Madrid,
Barcelona, Málaga, Murcia y
Alicante en quinto lugar.
Los alcaldes defienden los proyectos
de las constructoras con la
excusa del empleo, aunque un campo
de golf sólo necesita una plantilla
de 36 personas. Pero el verdadero
negocio está en las viviendas
asociadas, que se revalorizan entre
un 50% y 30% más, según estén o
no en primera línea del campo. No
son viviendas de primera ocupación,
son adquiridas por inversores del golf
y por familias de clase media que
las usan como segunda residencia.
Esta depredación del territorio de
un negocio privado con recursos públicos
tiene otras consecuencias graves
como la contaminación del subsuelo.
Los campos de golf necesitan
gran cantidad de abonos y fitosanitarios
que van a parar a los acuíferos.
Riego con agua potable
El riego de los campos de golf, en teoría,
debe llevarse a cabo con agua depurada,
pero eso no se cumple. Debido a la
alta salinidad de éstas, en la mayoría
de los casos, se mezcla al 50%
con agua potable. En otros casos, como
en el campo de El Encin, en
Madrid, se riega directamente con
agua que se extrae de pozos. Además,
muchas de las urbanizaciones y
campos de golf no tienen plantas depuradoras,
y son los ayuntamientos,
con fondos públicos, quienes reciclan
y trasladan el agua a los campos
de golf. En Málaga, Izquierda Unida
pidió a la Junta de Andalucía que no
se utilizaran las depuradoras públicas
para producir agua para estos espacios
privados.
“Los golfistas se aburren”
El golf es un deporte que practica el
0,67% de la población, según datos
de la Federación de Golf de España. En el Estado español están
federadas cerca de 350.000 personas,
de las cuales la mayoría son
turistas que vienen a jugar aprovechando
el buen tiempo. Para poder
jugar al golf es necesario estar federado
y pagar bastante dinero. Por
ejemplo, para ser socio del campo de
golf de la Moraleja (urbanización de
lujo próxima a Madrid) había que
pagar 6.000 euros hasta finales de
los ‘90. Ahora se pagan 75.000 al año.
Este deporte se dirige principalmente
a quienes se define como “jugadores
de alto nivel adquisitivo a
los que les gusta viajar por todo el
mundo para descubrir nuevos campos
de golf”, según el informe realizado
por Francisco Aymerich, gestor
de campos de golf. Estos turistas
generan cuatro veces más ingresos
que un turista normal, y el doble que
un golfista del Estado español.
Según el informe “al golfista le aburre
jugar en el mismo campo”.
La creación de nuevos campos,
con green y recorridos diferentes, es
un incentivo que atrae a estos viajeros
ricos. Y en esa fiebre de nuevos
campos el Estado español ocupa los
primeros puestos. Es el primer destino
de los golfistas de Europa, que
provienen de Alemania, Inglaterra y
Noruega, y el segundo destino del
mundo, tras EE UU.
Pero con la crisis eso se viene abajo.
El número de reservas por turistas
del golf en la Costa del Sol descendió
en 2009 un 37% respecto al
año anterior. Mientras, los empresarios
del golf se empeñan en justificar
el negocio intentando que calen
mensajes como que el negocio del
golf es “una industria”, “generador
de riqueza”, o “motor de desarrollo…”.
Este mensaje ha calado en la
Junta de Andalucía, que ha aprobado
un decreto que potencia los
campos de golf considerados ya un
Bien de Interés Turístico.
Según el informe Aymerich, sólo
en 2006 el golf movió más de
2.673 millones de euros, incluidos,
entre otros, los ingresos por el turismo
del golf y el negocio por la venta de viviendas. El informe
de Francisco Aymerich defiende
el golf desde el punto de
vista económico, pero pasa por alto
el aspecto ambiental.
Aymerich Golf, gestora de campos,
quebró este año. Su dueño argumenta
que “el golf ha estado colgado
de la actividad inmobiliaria, ofreciendo
un atractivo especial: aumentaba
el valor de las casas. Este modelo se
ha derrumbado y no se venden ni se
van a vender casas a un volumen necesario
para hacer nuevos campos
de golf”. El 90% de los campos de
golf son privados promovidos por
inmobiliarias o grandes empresas
del turismo, sólo un 9,1% son
‘públicos’, construidos con fondos
de la Administración pero
gestionados casi todos por empresas
privadas.
Socializar las pérdidas
Promotoras e inmobiliarias enriquecidas
al calor del negocio del golf
han empezado a reclamar la intervención
de ayuntamientos y Comunidades
Autónomas para socializar
pérdidas. Si las viviendas no
se venden, no se puede mantener
el campo de golf, que, como admiten
ahora los promotores, son
insostenibles. José Pons, de la
constructora Medogroup, señala
que “el negocio de inventarse un
campo de golf, poner cuatro casas
y largarse está agotado”. El
director de la Organización
Mundial del Turismo, Francesco
Frangialli, ya advertió en 2007 que
este tipo de residencias que acompañan
a los campos de golf, “son instalaciones
que consumen mucho agua,
bien que escasea cada vez más por el
calentamiento global que lleva a la
desertificación de algunas regiones
españolas”. En la revista Hosteltour,
una de las publicaciones del negocio
hotelero, se dice abiertamente que
este tipo de “proyectos son insostenibles”.
Por su parte, la Real Federación
de Golf de España se congratula del
aumento de “campos de golf de caracter
público y popular que completan
poco a poco la cada vez más extensa
red de instalaciones de carácter
público”, según señalaban en un
comunicado de enero de 2010.
Desde que empezó la crisis la federación
insiste en que “el golf se ha
popularizado y ya no se puede hablar
de un deporte elitista”. En esta
línea va la política de construcción
de campos de golf de Esperanza
Aguirre. En la Comunidad de Madrid
hay previstos 28 campos de golf más,
la mayoría considerados públicos
porque se harán en terrenos públicos,
incluso en zonas protegidas, pero
con gestión privada.
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