LUIS DE MANO

La llamada “crisis de la deuda” sigue
escribiendo capítulos. La última
cumbre europea celebrada el 9 de
diciembre no parece haber cubierto
las expectativas que los medios
de comunicación crearon. Merkel
no cede y no habrá, de momento,
eurobonos, un mecanismo que consiste
en la emisión conjunta de deuda
que serviría para frenar las dinámicas
especulativas de los mercados.

Los 27 Estados de la UE estaban
llamados a “refundar Europa”
en Bruselas, después de unas semanas
en las que los rumores acerca
del futuro del euro y la misma UE
circulaban por todo tipo de foros.

“Esta cumbre no aporta
nada nuevo, es la
escenificación teatral del
Pacto del Euro Plus”,
señala Jorge Fonseca

La declaración, que incluye la reforma
de las constituciones europeas
para establecer un techo al gasto –
ya aprobada por el Gobierno español,
no es tan minuciosa con los detalles
de estabilización a la hora de
determinar en qué consiste un
“acuerdo internacional que será firmado
como muy tarde en marzo”.

“Las soluciones son inadecuadas
y vamos a peor” apunta Sol Sánchez,
miembro de ATTAC, “hasta que no
se tome una decisión conjunta de actuación,
las iniciativas parciales
agravan el problema”. La cumbre
tampoco ha modificado sustancialmente
el papel del Banco Central
Europeo. Su presidente, Mario
Draghi, anunció en las horas previas
a la misma una bajada de los tipos
de interés, lo que significa que la autoridad
que emite la divisa de la UE
prestará el dinero más barato, al 1%
de interés. De esta medida se benefician
los llamados “inversores institucionales”.

Bancos y aseguradoras
que invertirán este dinero barato en
comprar deuda pública, que está alcanzando
tipos de interés del 8, el 10
o el 12% o, en el caso de Grecia, de
hasta el 15%.

La posibilidad de que
el Banco Central preste dinero a los
Estados sin la intermediación de los
mercados no se plantea: “La propia
arquitectura financiera de la unión
permite, e incluso facilita, este tipo
de movimientos especulativos contra
la posición de algunos países concretos”,
relata el libro del
Observatorio Metropolitano Crisis y
revolución en Europa.

La posibilidad de que
el BCE preste dinero
a los Estados sin la
intermediación de los
mercados no se plantea

De hecho, el
BCE ha rechazado aportar 200.000
millones de euros al FMI para que
éste los haga llegar a los Estados, y
finalmente serán éstos los que aporten
fondos para que este organismo
pueda rescatarles en un futuro.

Como señalaba el periodista Iñigo
Saenz de Ugarte en Twitter, se trata
de una lógica un tanto retorcida.

Control del déficit

“Esta cumbre no aporta nada nuevo”,
señala Jorge Fonseca, catedrático
de Economía Aplicada en la
Complutense, “es una escenificación
teatral del Pacto
del Euro plus que se firmó en
junio”.

La Declaración de los jefes de
Estado y de Gobierno de la zona
del euro habla de una “gobernanza
reforzada” que fortalecerá los objetivos
de control del déficit mediante
mecanismos como los implementados
en Grecia, Italia, España y
Portugal. El nuevo texto establece
que el déficit estructural anual de
los 26 Estados firmantes no podrá
superar el 0,5% del PIB salvo en
casos excepcionales, y se establecen límites,
asimismo,para las comunidades
autónomas y equivalentes.

Antes de la crisis, la
deuda pública en el
Estado español apenas
suponía un 36% del
PIB, hoy alcanza el 70%

Las agencias de rating, entidades que
se encargan de calificar el riesgo de
los títulos de deuda, bajaron la calificación
a las comunidades autónomas
esa misma semana, cuando se
dio a conocer que su deuda ha crecido
un 22% en el último trimestre.

De nada sirven los cambios constitucionales
en los países más débiles
de la zona euro. A pesar de poner en
lugar preferente de la política económica
el control del déficit y el pago
de la deuda, la prima de riesgo
tiende al alza, y los intereses a los que
se colocan los bonos del Estado, incluso
los de Alemania, son cada vez
mayores.

Para Fonseca, estas medidas
echan “más madera” a la hoguera
neoliberal: “Los nuevos recortes
provocarán más recesión, que generará más
paro y menos capacidad de
compra, reducirá la recaudación
de impuestos y aumentará el gasto
en seguro de desempleo, el déficit y
la deuda pública –y la prima de riesgo,
que alcanza tasas de usura–, forzando más
recortes y alimentando el
círculo vicioso”, recalca Fonseca.

El origen de esta tendencia hay
que buscarlo en el crash de Lehman
Brothers. Las ayudas a la banca, que
supuestamente amenazaba con colapsar,
supusieron un desembolso
por parte de las arcas públicas que
en el caso del Estado español ascendió
a cien mil millones. El Gobierno,
sin embargo, no instauró impuestos
para contrarrestar este gasto en su
balance, sino que recurrió al endeudamiento.

Recuperando el impuesto
sobre el patrimonio (tal como era antes
de la supresión) se habrían recaudado
2.100 millones, eliminando la
bajada de impuestos para los que ganan
más de 120.000 euros al año,
hasta 2.500 millones, y anulando la
bajada del impuesto de sociedades a
las empresas con facturación superior
a 150 millones, que sólo son el
0,12%, se habrían recaudado cerca
de 5.300 millones. Si a esto sumamos
el monto total del fraude que llevan a
cabo, según los técnicos de la Agencia
Tributaria, las grandes fortunas
(44.000 millones) y los 6.000 millones
que hay parados en los juzgados
pendientes de juicio por delitos fiscales,
hablamos de 60.000millones.

El virus de la deuda pública

La deuda pública constituye una de
las posibilidades que tiene el Estado
de obtener recursos financieros, materializada
normalmente mediante
emisiones de títulos de obligaciones de pago, que pueden vencer a corto plazo (menos de un año), a medio o
a largo. Estas obligaciones que contrae
el Estado son compradas principalmente
por bancos o fondos de
inversión.

En el Estado español, el
coste estimado de los intereses sólo
para 2011 es de un 2,6% del PIB, según
Daniel Gómez-Olivé. Entre finales
de agosto y el 7 de diciembre,
el rendimiento de la deuda pública
a largo plazo con calificación AAA
de la zona del euro se incrementó
diez puntos básicos, situándose en
el 2,8 %, según el Banco de España.

El Estado vende en el mercado primario,
pero el precio de esa deuda se
establece en el mercado secundario,
donde los inversores especulan libremente.

“Cuando se acerca una subasta,
los inversores suelen poner en
venta grandes cantidades de deuda,
calientan el mercado, condicionan el
precio que tienen que pagar los
Estados, que así pagan más intereses”,
señala Sol Sánchez.

Antes del
inicio de la crisis, la deuda pública
del Estado español apenas suponía
el 36% del PIB. Sin embargo, hoy alcanza
el 70% del PIB. “El coste del
rescate a los bancos está siendo trasladado
a la población, con la excusa
del endeudamiento”, apunta Sol
Sánchez, que explica que “se pagan
los intereses de una deuda que ha
servido para rescatar a la banca y cuyos
objetivos están alejados de los
intereses de los ciudadanos”.

Deuda ilegítima e injusta

Hay quien considera que estas ayudas
a los bancos puede ser considerada
como deuda ilegítima. “Es ilegítima
porque no cumple para lo que
ha sido concebida”, recalca Sol
Sánchez. “Por ejemplo, el fondo para
las adquisiciones de los activos financieros,
que funciona desde 2008,
se supone que compra activos para
que la banca pueda proporcionar
créditos a las familias, pero los créditos
no llegan”. Hay que tener en
cuenta que menos de la mitad de la
deuda está en manos extranjeras, y
que son los bancos e inversores españoles
sus principales acreedores.

Los mismos bancos que han exigido
al Gobierno que se endeude para
convertir su deuda privada en nuestra
deuda pública poseen el 55% del
total de la misma. Esta conversión se
ha realizado a través de mecanismos
como la compra de activos tóxicos
(en su mayoría procedentes de las
operaciones fallidas de la burbuja inmobiliaria),
avales, garantías, y ayudas
públicas para salvar o reestructurar
el sector financiero.

El dinero
ha sido destinado a que el sector financiero privado
se haya podido deshacer
de los activos tóxicos de sus
balances, pagar parte de sus deudas
y reestructurarse obteniendo grandes
beneficios. Las empresas que cotizan
en el IBEX35 obtuvieron el año
pasado beneficios superiores a
50.000millones de euros,más de tres
veces la cifra de los recortes sociales
aplicados ya por el Gobierno.