Uno de los sectores más afectados
por el aumento del trabajo informal
derivado de la crisis económica es
el de los inmigrantes. La Ley de Extranjería
obliga a los residentes extranjeros
en situación legal a tener
un contrato de trabajo al menos la
mitad de los primeros cinco años
de residencia legal, una barrera casi
insalvable para gran parte de
ellos en una situación como la actual.
“Eso ha dado lugar a la aparición
de mafias de empresarios y
gestores que venden contratos por
2.000, 3.000 y hasta 8.000 euros,
para que la Administración no te
rechace la renovación por no haber
trabajado lo exigido de manera
legal”, afirma Yousef Ben Iznair,
miembro de la asociación de inmigrantes
árabes Horizontes.

Según el sindicato USO, más de
medio millón de trabajadores inmigrantes
se han pasado a la economía
sumergida desde finales de
2008. “Si la Encuesta de Población
Activa (EPA) habla de que hay
1.057.600 extranjeros parados y
en el Instituto Nacional de Empleo
(INE) hay inscritos 500.017, eso
supone que ese medio millón de
diferencia está viviendo del mercado
negro”, afirman desde dicho
sindicato. En esa misma línea, el
secretario general de Comisiones
Obreras, Ignacio Fernández Toxo,
afirmaba hace algunos días que la
economía sumergida se sitúa actualmente
en los mismos niveles
previos a la regularización extraordinaria
del año 2005, para la
que más de 700.000 personas llegaron
a presentar su solicitud.

“Ha surgido lo que en el argot llamamos
trabajador ‘caballero’,
nunca dice que no al jefe y hace
horas extra sin cobrar. Los empresarios
se están aprovechando de
la crisis para ganar más. Con decir
que no hay trabajo y cobran
poco, hay que hacer lo que ellos
quieran”, afirma Ben Iznair.

Campaña de intimidación

Hasta el momento, la respuesta de
la Administración frente a la crisis
económica ha sido reforzar los controles
a los inmigrantes en situación
irregular. “El mensaje es muy claro,
sobra gente que hay que quitarse de
en medio. La policía se pone un objetivo
de tantas expulsiones en un
período y, sobre todo, se hace de
una manera muy violenta e indiscriminada,
incluso con los que ya tienen
papeles y están trabajando. La
idea es decirle al trabajador inmigrante
‘o bien te sometes a lo que
hay y aceptas trabajar en negro y
en situación de precariedad o te vas
a tu país, porque si no, no tendría
sentido esta radicalización de la violencia”,
afirma Federico Pacheco,
miembro del Sindicato de Obreros
del Campo (SOC-SAT) de Almería,
al hablar de la última redada policial
en El Ejido, “centrada en la población
marroquí, que es la más fácil
de expulsar por la cercanía con
su país, tras esta redada, muchos
acabaron en el hospital”, concluye
Pacheco. En la misma línea se expresa
Ben Iznair: “La gente vive en
situación de terror permanente.

Algunos cuentan hasta con dos órdenes
de expulsión, lo que significa
que legalmente ya no podrán obtener
la residencia en España. Se puede
afirmar que, literalmente, el que
no ha sido cazado en un control policial
es porque no sale de casa”.
Uno de los grandes nichos de
mano de obra inmigrante en situación
irregular es el de la agricultura
intensiva, algo especialmente
llamativo en el poniente andaluz.
“En esos sectores siempre ha habido
mucho trabajo en negro, era
donde acudían nada más llegar sin
papeles y, una vez los conseguían
por arraigo social, se marchaban a
la construcción”, dice desde SOCSAT
Federico Pacheco. No obstante,
el regreso de la población autóctona
y los inmigrantes con papeles
han generado tensiones en
el sector. “Este fenómeno de competencia
ha sido potenciado por la
Administración, hablando de retorno
voluntario, expulsión y dejando
ver que el inmigrante sobra,
cuando en realidad es la primera
víctima de la precarización más
profunda en las relaciones laborales,
en tanto que al no tener papeles
se ve expulsado de su puesto
de trabajo y le es imposible conseguir
papeles, por el tema del arraigo”,
concluye el mencionado
miembro del Sindicato de Obreros
del Campo.