Si hay un sector donde la frontera
entre el trabajo formal e informal se
mantiene en una nebulosa imposible
de definir, ése es el de la denominada
economía del cuidado y el
trabajo doméstico. Según el estudio
del Instituto de la Mujer Cuidados a
personas dependientes. Valoración
económica, aproximadamente 5,3
millones de mujeres se dedican al
cuidado informal prestado a personas
dependientes, lo que supone el
9,05% del empleo en el Estado español
y el 4,2% del producto interior
bruto, sin que por ello reciban
remuneración alguna.

No obstante, dicho sector se ha
convertido también en puerta de entrada
al mercado laboral de la mujer
inmigrante, lo que lo ha convertido
en un gran nicho de trabajo en negro.
Desde 1997, se ha producido un
aumento anual del 30% en el número
de personas que se incorporaban
a la economía de los cuidados recibiendo
algún tipo de remuneración.

“Los países mediterráneos son un
claro ejemplo de cómo la inmigración,
particularmente la femenina,
‘ayuda’ a suplir las carencias del
Estado del bienestar. Las mujeres
inmigrantes proveen los servicios
de atención que el Estado no ofrece
y a un precio inferior al de la provisión
realizada por empresas privadas,
dado que generalmente se ven
obligadas a aceptar salarios bajos en
condiciones de trabajo precarias e informales”,
afirma Isabel Pla Julián,
directora de la Unidad de Economía
y Género de la Universidad de Valencia.

Según esta profesora valenciana,
la realidad actual es que la
mujer inmigrante ha venido a cubrir
el vacío dejado en el hogar por la mujer
autóctona, al incorporarse ésta al
mercado laboral en la última década.
Sin embargo, la crisis también
ha llegado al sector doméstico, puesto
que en el último año el tiempo medio
de espera para encontrar trabajo
ha pasado de tres a seis meses.

Doble precariedad

La legislación actual permite realizar
contratos verbales entre empleador
y trabajador, sin que el
primero deba hacerse cargo de las
cotizaciones de éste a la Seguridad
Social, excepto cuando el 80%
de la actividad del empleado se
hace con una sola persona. En la
práctica, esto sólo sucede cuando
se trata de trabajadoras internas o
empleadas del hogar de las grandes
fortunas. Cuando el trabajo se
realiza a través de la Administración,
la precariedad se multiplica.

“Hasta hace diez años las
personas dedicadas a los cuidados
formaban parte de la plantilla de
los Ayuntamientos. Pero poco a
poco se han ido externalizado
esos servicios, contratando empresas
privadas y reduciendo al
máximo esos gastos sociales. Eso
ha llevado a cargar de trabajo a
los cuidadores y empeorar el servicio
que se da, especialmente, a
personas mayores, que necesitan
de un gran apoyo psicológico que
ahora no hay tiempo de ofrecer”,
afirma Carme Alemany, socióloga
y directora de Investigación del
Centre d’Estudis Dona i Societat.
La incorporación de la mujer inmigrante
ha agravado aún más la
precariedad del sector. “Las mujeres
inmigrantes cobran menos que las
españolas, nunca más de siete euros
la hora, y lo hacen sin Seguridad
Social. La inestabilidad es terrible,
pues en la limpieza dependes de que
mañana la señora pueda decirte que
no vuelvas más. Y cuando se trata de
una persona mayor suelen vivir en la
casa, sin ninguna regulación, sin horario
ni vacaciones, y dependiendo
de que esa persona se muera y se
acabe el trabajo de un día para otro”,
concluye Alemany.