El proceso de cesión de la sanidad pública a empresas privadas acarreará más costes al Estado y la pérdida de calidad asistencial a millones de pacientes. El beneficio empresarial, clave para comprender el desmantelamiento.
En los próximos meses se aprobará la licitación de cuatro hospitales en Torrejón de Ardóz, Carabanchel, Móstoles y Villalba, y la implantación de un área única sanitaria que agrupará a seis millones de personas. La gestión privada de gran parte de los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) será un hecho. Desparecerán cientos de centros de asistencia primaria para ceder a los pacientes a dichos hospitales y crecerá la posibilidad de que el ejemplo defendido con más ahínco por Esperanza Aguirre se extienda por el resto del Estado.
Estos proyectos podrían detenerse
con la derogación de la Ley 15/97. Al
menos ése es el parecer de las
400.000 personas que con sus firmas
han pedido en el Parlamento que se
acabe con un proceso que amenaza
el derecho a la salud. La entrega de
las firmas el 7 de mayo culminó un
año de movilizaciones en el que grupos
como la plataforma Matusalén,
en la que se integra la Coordinadora
Antiprivatizadora de Madrid (CAS),
han logrado sacar a la calle a decenas
de miles de personas en sendas
manifestaciones el 13 de noviembre
de 2008 y el 5 de marzo “sin ningún
apoyo de los sindicatos institucionales
ni de los grandes partidos” dice
Antonio Gómez Liébana, de CAS.
Ahora, explica, el objetivo es sumar
a las fuerzas políticas y sociales que
defienden una asistencia digna e
igual para todos y conseguir una cohesión
similar a la que en Canadá defendió
con éxito la titularidad pública
de los hospitales.
Hace ya 12 años, todos los partidos
representados en el Parlamento,
excepto BNG e IU, votaron a favor
de esta Ley. A pesar de que es corta
–sólo tiene un artículo– la 15/97 Sobre
habilitación de nuevas formas de
gestión en el sistema nacional de salud
introduce un concepto ambiguo:
precisa que podrá gestionar una institución
sanitaria cualquier entidad
jurídica admitida en derecho, que sea
de “naturaleza pública”. “Cuando,
según los expertos en Derecho
Administrativo, la naturaleza pública
la pueden tener un cine o un taxi”,
explica Gómez Liébana. Mientras
el PP muestra sin ambages su intención
de aplicar todas las posibilidades
que la Ley reconoce al sector
privado, el PSOE sin embargo
ha mantenido un discurso tibio, alternando
críticas a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, con una
postura suave en cuanto a la privatización.
Así, el secretario de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez, ha
declarado recientemente que sería
deseable dejar en un 14% la inversión
privada en sanidad.
Iniciativa Financiera Privada
“Con la libre elección de médicos, los más solicitados tendrán un plus salarial”. La afirmación del consejero de Sanidad de la CAM, Juan José Güemes, en 20 Minutos sirvió para explicar cómo desembarcará el sector privado en la atención primaria. Los incentivos a los médicos, que ya se aplican en la ciudad alicantina de Torrevieja, implican un cambio en el modelo de Atención Primaria, expone este miembro de CAS: “Lo que se va a pagar [hasta 2.000 euros al mes] depende del descenso en las derivaciones al hospital”. Es decir, si un facultativo quiere ponerle salsa a su sueldo no tiene más que asegurarle al paciente que está como una rosa, mandarle a casa y evitarle con ello un gasto al centro privado, que cobrará por esos “clientes”, hagan uso o no del servicio, un canon estimado de 44,5 millones de euros al año. Al deterioro de la atención privada, que supondrá a corto plazo el desmantelamiento de 400 centros de salud en la CAM, hay que sumar la clausura de laboratorios públicos solventes, como el de Coslada, para trasvasar ese servicio a laboratorios privados de nuevo cuño.
Tres palabras inglesas, Private Finance
Iniciative (PFI), que pueden
traducirse como Iniciativa Financiera
Privada, y sus correspondientes
siglas, resumen el programa que sigue
la Administración Aguirre. La
PFI sólo es uno de los modelos que
ampara la Ley 15/97, pero tiene la
marca de haber sido el preferido de
Margaret Tatcher y Tony Blair, quien
llegó a aprobar la construcción de 60
hospitales por ese sistema. La PFI
consiste en que, a cambio de un coste
por paciente atendido, el Estado
cede los terrenos, aporta la “clientela”,
y traslada la gestión del sistema
sanitario a una empresa durante 30
años prorrogables a 60. La construcción
de los hospitales bajo este sistema
es más cara, ya que los intereses
de los préstamos son mucho más altos
de lo que serían si la infraestructura
fuera pública. A esto hay que sumar
que los sueldos de los ejecutivos
de estos hospitales son superiores a
los que se cobran en los tradicionales.
Además, para su funcionamiento
precisan actores ajenos al sistema
sanitario: equipos de márketing y publicidad
y bufetes de abogados.
Por su parte, la empresa establece
un objetivo de beneficios y plusvalías
que oscila entre un 15% y un 20% del
dinero facturado al Estado, para lo
cual necesita, en primer lugar, competir
por los pacientes más “sanos”:
aquellos que no permanecen muchos
días de baja y que no tienen
enfermedades crónicas, entre los
que se cuentan, por ejemplo, los peor
alimentados. La Organización
Mundial de la Salud (OMS), que defiende
este modelo, no tiene reparos
en reconocer que permitir los hospitales
PFI es más caro que seguir con
atención pública, la OMS admite asimismo
que disminuye la calidad asistencial
y que estos hospitales adolecen
de falta de flexibilidad para introducir
modificaciones.
Salud de clase
Alfredo Díaz Cardiel, secretario de Organización del Sindicato de Sanidad de Madrid-CGT y trabajador del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (uno de los ocho de la primera hornada de licitaciones), considera que la desregulación del empleo público en Sanidad y la precariedad de las plantillas de contratas y subcontratas repercute directamente en la calidad asistencial. “Por poner un ejemplo, desde que abrimos hace un año, nadie ha comido a su hora”, explica Díaz Cardiel a este periódico, “la primera fuente de beneficio que buscan es reducir personal; la segunda, reducir pruebas”. La experiencia en Gran Bretaña demuestra que se redujeron las plantillas entre un 20% y un 30%, con un descenso de un 14% en personal médico y de enfermería y un recorte del 38% del personal de apoyo.
Menos camas
Díaz Cardiel ahonda en los fallos: “Falta personal, falta material, y hay muchas diferencias entre los que estamos contratados por estatuto y quienes vienen por contrata”. El resultado es que, a pesar de que se abrieran ocho hospitales, el número de camas en la Comunidad no ha aumentado, ya que se cerraron camas de los hospitales tradicionales. Marciano Sánchez Bayle, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, subraya que las prisas con que se licitaron y construyeron esos centros demuestran una “notoria incapacidad de planificación por parte de los responsables de la administración sanitaria madrileña” y pone de ejemplo la caótica implantación del sistema informático que permite seguir las historias de los pacientes.
Más datos de los hospitales británicos
plasman que la privatización
de la limpieza en los centros ha conllevado
problemas de higiene que
han situado a Gran Bretaña en primer
lugar de la UE en la tasa de infecciones.
Esto, junto al descenso de
personal médico, de enfermería y no
sanitario, ha hecho que el porcentaje
de adultos muertos en los hospitales
privados sea un 2% mayor que en los
no lucrativos. Gómez Liébana explica
que Gales y Escocia han paralizado
el modelo PFI y han dado marcha
atrás, pero que Inglaterra se mantiene
fiel como un “caballo desbocado”.
Junto a la amenaza a la sanidad
pública para los próximos 30 años
(ampliables a 60), el sistema público
adolece de otros problemas como las
listas de espera, y un déficit casi endémico,
el poco gasto público sanitario,
que sitúa al Estado español a la
cola de los países occidentales de la
UE en este aspecto. La principal ventaja
para el Estado del modelo PFI es
que deuda y déficit del sistema sanitario
dejan de computar como gasto
público en los indicadores del Eurostat,
algo que, según CAS, no deja de
ser “un truco de la chistera”.
Gómez Liébana señala cuál será
la deriva: “Los hospitales que se
queden con los pacientes crónicos,
o con los de bajo nivel adquisitivo,
van a acabar con los pacientes que
más gastan y más atención necesitan,
de forma que terminarán descapitalizados,
como ya ha ocurrido
en otros países”. Para este miembro
del CAS, la situación dará lugar
a dos redes sanitarias: una para clases
con más poder adquisitivo y
otra red de beneficencia.
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