Pobreza energética
Cortes de luz e impunidad de las eléctricas

Con un 10% de la población en situación de pobreza energética, y frente a la inacción del Gobierno, varias comunidades y entidades sociales tratan de que se regule, garantice y cumpla el derecho a disponer de unos suministros básicos garantizados.

02/12/16 · 8:00
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Una de cada diez personas en el Estado español no puede pagar la calefacción de su hogar. Desde 2008, el número de personas que tienen problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado en un 79%, pasando del 5,9% de la población en ese año hasta el 10,6% en 2015, último dato aportado por el INE.

“El problema de la pobreza energética no ha dejado de crecer en los últimos años”, señala José Luis López, director del proyecto Repex, sobre la relación entre desempleo y pobreza energética, y sus consecuencias en la salud, de la Asociación de Ciencias Ambientales. “Lejos de verse una recuperación en paralelo a la que se ha producido en determinados indicadores de empleo, en el ámbito de la pobreza energética no se ha dado. Hemos visto que el porcentaje de hogares de familias que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, de calentar su hogar, ha crecido en los últimos años, y también se ha incrementado el porcentaje de hogares con retrasos en los pagos de las facturas”, detalla.
 

Precios disparados

Sólo en 2015, Iberdrola y Endesa –empresas que gestionan el 80% de la distribución eléctrica– realizaron cortes de luz por impagos en más de medio millón de viviendas, según se desprende de la información que ambas compañías presentaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2012, uno de los años más duros de la crisis, la cifra de cortes de electricidad fue aún mayor: 1,4 millones de viviendas. “El coste de la energía eléctrica y del gas natural entre 2008 y 2014 ha sufrido aumentos en torno al 70%, y ha coincidido con la época en la que más han descendido las economías familiares, con lo que el cóctel ha sido explosivo”, dice López.


El precio que las familias pagan por la electricidad en el Estado español se situó este año entre los más altos de la Unión Europea, en el séptimo puesto contando impuestos. En el primer semestre de 2016, según datos de Eurostat, el kilovatio/hora costaba hasta 0,218 euros, muy por encima de la media europea (0,206 euros por kwh) y de países como Francia (0,168 euros), Suecia (0,189 euros) o Reino Unido (0,195 euros). Este incremento desenfrenado daba pingües beneficios a las empresas. Entre 2008 y 2015, las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, se embolsaron 56.624 millones en beneficios. “Nos guste o no, a día de hoy la energía la ofrecen unas empresas privadas que se deben a sus accionistas, están diseñadas para tener beneficios. Igual habría que repensar si la estructura de un bien como la energía tiene que estar en un mercado así”, concluye López, quien resalta que “no parece razonable que España tenga uno de los precios más altos de la UE”.

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Bono social

Para paliar esta situación de pobreza energética, la única medida tomada por el Gobierno a nivel estatal ha sido el bono social, aprobado en 2009 por el PSOE y modificado a partir de 2013 por el PP. Pero este bono, que se concreta actualmente en un 25% de descuento en la parte del consumo de la factura, no ha satisfecho a nadie. Se estima que aproximadamente un 80% de familias en situación de pobreza energética no están recibiendo el bono social, mientras que hay muchas que no lo necesitan que están haciendo uso de él, ya que no se basa en el criterio de renta. Además, el Tribunal Supremo se ha puesto en dos ocasiones del lado de las empresas suministradoras ilegalizando que éstas asumieran el coste del bono y obligando a que se les reembolsase con dinero público: 500 millones desde 2013. Por ello, numerosas entidades, entre ellas las que forman parte de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Habitatge de Cataluña, reclaman “una verdadera tarifa social” que haga frente realmente a la pobreza energética de muchas familias, algo en lo que empezarán a trabajar con entidades de todo el Estado a partir de enero.

En el último año, dos comunidades autónomas han aprobado leyes sobre pobreza energética: Cataluña y Aragón. En Murcia se han introducido medidas sobre este tema en la Ley de Vivienda y en el Estatuto de Consumidores y Usuarias de la Región, aunque el Ejecutivo autonómico –PP– se ha negado a ponerlas en práctica.

Otras tres comunidades –Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja– están tramitando normativas similares, mientras en otros territorios –Galicia, Cantabria, Castilla y León y Andalucía– las propuestas de ley, presentadas por Podemos, han sido bloqueadas por PP o PSOE. Por su parte, en Castilla-La Mancha y Navarra, han desarrollado planes de protección de las familias en situación más vulnerable a través de ayudas para el pago de los recibos de la luz o asumiendo directamente el coste a través de convenios con las principales distribuidoras eléctricas.

“Este ámbito de protección que han creado algunas comunidades autónomas es la respuesta a la pasividad o ignorancia del problema por parte del Gobierno central”, señala José Luis López. “Las comunidades autónomas se han lanzado a crear un marco legal que, sobre todo, actúa para impedir el corte del suministro de luz o gas a familias vulnerables y no queden así en una situación de desprotección con riesgo para su salud”, continúa.

ILP Habitatge

La pobreza energética volvía a ser noticia el 15 de noviembre, cuando Rosa, una anciana de 81 años de la localidad de Reus a quien Gas Natural Fenosa había cortado la luz por no poder pagarla, moría de madrugada a causa de un incendio provocado por una vela. Según la Ley catalana 24/2015 –la primera ley de este tipo, aprobada por unanimidad a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por organizaciones de la sociedad civil y avalada por 143.380 firmas–, la compañía debería haber avisado a los Servicios Sociales en el momento del impago para que éstos pudieran poner en marcha los mecanismos previstos en la ley para evitar el corte. Pero esto no ocurrió.

Y el de Rosa no es el único caso. Según denunciaba hace unos meses la agrupación de bomberos de UGT en Cataluña, seis de cada diez muertes en incendios en hogares se puede atribuir directamente a la pobreza energética. En toda España, la falta de suministro se cobra unas 7.200 vidas al año, según calcula la Asociación de Ciencias Ambientales en su último informe sobre pobreza energética.

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Desde que entrara en vigor la Ley 24/2015, la Generalitat ha impuesto 18 sanciones a compañías suministradoras por incumplimiento de la ley, aunque todas ellas han sido por el importe mínimo: 10.000 euros. Quienes más están incumpliendo la ley en Cataluña son Endesa, seguida de Gas Natural, Iberdrola y EDP.

“Básicamente son las empresas del oligopolio eléctrico y las que forman parte de la patronal de Unesa, que están incumpliendo de manera sistemática la Ley 24/2015”, dice Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética y de la ILP Habitatge que dio lugar a esta normativa. En el caso de Reus que llevó a la muerte de Rosa, “pedimos la sanción máxima, que es un millón de euros”, añade esta activista, una sanción máxima que también ha sido reclamada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. De momento, el expediente sancionador se ha puesto en marcha y la infracción ha sido calificada como “muy grave”.

Pero las entidades que conforman la ILP Habitatge no están nada satisfechas con los resultados de la Mesa de Emergencia, reunida de urgencia tras el incendio mortal de Reus, en la que “no se ha llegado a ningún compromiso concreto”. “Aunque no se les corte el suministro, las familias no pueden pagar las facturas, lo que genera una deuda”, dice Campuzano. En ese sentido, añade, la ley prevé que la Administración firme un convenio con las empresas “para que sean ellas las que asuman la deuda de estas familias, pero después de 16 meses negociando, la Generalitat todavía no lo ha conseguido”.

Estas entidades exigen que, en caso de no obtener una respuesta inmediata por parte de las empresas, “la Generalitat utilice medidas de presión más coercitivas para obligarlas a firmar”. Además, desde la ILP Habitatge defienden que la Administración debe dejar de dedicar fondos públicos a pagar las facturas y dedicar el dinero destinado al Fondo Social a medidas de eficiencia energética y rehabilitación de edificios.

La solución para los afectados debe ser, según Campuzano, más global: “Hemos hecho una propuesta concreta de convenio que incluye la condonación de la deuda a las familias que no pueden pagar, revisar los contratos y darles una segunda oportunidad, porque lo que estamos haciendo ahora es aplazar pagos, fraccionarlos, pero eso no es una solución porque las familias siguen ahogadas”.

Pero el balance no sólo es negativo. “La ley funciona”, y desde que está en vigor se han conseguido parar gracias a ella más de 39.000 cortes de suministro –explica esta activista–. Sólo falta exigir su cumplimiento de manera integral”.

Aragón

También Aragón era noticia el pasado 3 de noviembre, cuando la comunidad aprobaba su Ley de Reducción de la Pobreza Energética. Presentada por Podemos, después de un año de trabajo y 51 enmiendas, la ley fue aprobada por unanimidad y de ella podrán beneficiarse unas 7.000 familias en situación de precariedad.

Ante la dejación de funciones del Gobierno central, que tiene obligación, por los mandatos europeos, de proteger a los consumidores vulnerables, las comunidades autónomas estamos haciendo lo que está entre nuestras competencias”, dice a Diagonal Nacho Escartín, diputado autonómico de Podemos. Las empresas no asumirán gastos, ya que “a nivel autonómico no podíamos entrar en eso”, añade.

Será la Administración la que se hará cargo de una parte o la totalidad de las facturas que no puedan ser abonadas por los usuarios, y la ley tiene rango de esencialidad, “es prioritaria y no está sujeta a restricciones presupuestarias ni al arbitrio del partido de turno”. Su coste estimado es de unos tres millones de euros este año, de un presupuesto de 5.000 millones que maneja el Gobierno aragonés.

Aunque las familias ya pueden pedir las ayudas, el Gobierno de Aragón tiene seis meses para desarrollar un reglamento, y los Servicios Sociales aún deben prepararse para la nueva situación. Además, en el caso aragonés, el primer paso lo tendrá que dar la familia vulnerable acudiendo a los Servicios Sociales, por lo que la medida tendrá que ir acompañada de una amplia campaña de difusión, unida a la obligatoriedad de las empresas de informar sobre ella en las facturas de suministros.

Escartín reconoce que han tenido que “cuidar mucho la redacción” para que la normativa no se pueda tumbar en los tribunales, una práctica a la que es muy aficionado el Gobierno central. Y también que del borrador que plantearon al que ha quedado, para lograr la unanimidad, se han producido muchos cambios. Pero “para nosotros es un logro porque asegura que las familias aragonesas van a poder tener un suministro básico de energía, hemos generado un derecho nuevo”, finaliza.

Convenios

Ante la ausencia de una ley estatal que dé cobertura a las familias más vulnerables y establezca en su justa medida la responsabilidad de las empresas suministradoras, a la par que ciertas autonomías, son muchos los ayuntamientos que han decidido actuar por su cuenta para hacer frente a la situación, en la mayoría de los casos firmando convenios con las empresas para evitar los cortes de suministro. Valencia, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Sevilla son algunos de ellos.

Así, a finales de 2015 se contaban unos 90 acuerdos de este tipo entre Endesa, Iberdrola y Gas Natural y ayuntamientos, unos 250 si se añaden otras instituciones. La mayoría de ellos se concretan en el compromiso de las compañías de no cortar los suministros, mientras que las instituciones hacen frente al pago de las facturas de esas familias que no pueden afrontar los pagos. “Los ayuntamientos ahora mismo no tienen otra alternativa, pero exigimos que no tengan que ser ellos los que dediquen sus presupuestos a pagar estas facturas”, dice Maria Campuzano, que alude a la necesidad de que las empresas asuman su responsabilidad.

¿Y Europa? Existen varias normativas al respecto. En 2013, Facua denunciaba al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Ésta establece que “los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general”.

Sin embargo, España no ha cumplido con sus compromisos. “Por una parte hablan desde Europa para amenazarnos con el techo de gasto, el déficit, los índices macroeconómicos, pero tenemos dos mandatos desde 2009 que obligan a los Estados miembros a proteger a los consumidores vulnerables. El Estado español no los ha cumplido, y tenían una fecha, que es el 3 de marzo de 2011”, dice Escartín, que añade que, aparte de ser un escándalo, “nos van a caer multas por ello”.

Construcción y eficiencia energética

“La climatización de un hogar medio representa el 50% del consumo energético”, explica José Luis López, de la Asociación de Ciencias Ambientales. Según apunta este ambientalista, el parque de vivienda en España se caracteriza por la falta de eficiencia energética, una deficiencia que se traduce en un mayor consumo eléctrico y que no es casual: “Se resume en que no ha existido un marco legal que obligara a construir teniendo en cuenta, por ejemplo, la cuestión energética, como en otros países”. La normativa estatal más exigente sobre eficiencia energética en la construcción en el Código Técnico de la Construcción, aprobado en 2006 y que comenzó a aplicarse a partir de 2007. Pero para entonces ya había pinchado la burbuja de la construcción y ya estaba todo construido

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