Opinión
En nombre de Samba Martine

La autora, concejal del Ayuntamiento de Madrid, denuncia la existencia de los CIE en la semana en la que está previsto que el pleno del Ayuntamiento discuta una moción contra la presencia en Aluche de uno de estos centros.

, Es concejala de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.
26/10/16 · 14:15
Un policía antidisturbios controla la manifestación frente al CIE del miércoles 19 de octubre. / Bárbara Boyero

No me llames extranjero, mírame bien a los ojos,
Mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo
Y verás que soy un hombre, no puede ser extranjero
(Rafael Amor)

Cuando todo el país estaba a la expectativa del siguiente acto que sellaría la ‘Gran Coalición’, el incesante ruido de sables al interior del PSOE se vería interrumpido por una noticia anómala. Anómala por estar protagonizada por 39 personas que son habitualmente “invisibles” para los medios de comunicación, salvo que aparezcan ahogados en el Mediterráneo o sean sospechosos de pertenecer a una célula yihadista.

Los 39 internos del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Aluche que en la noche del martes subieron a la azotea de esa “cárcel camuflada” nos echaron a la cara las vergüenzas de la Europa Fortaleza. Algunos se apresuraron en seguida a calificarlo de “motín”, otros argumentaban que su condición de argelinos les convertía en elementos peligrosos, los había que temían por la seguridad de los policías y unos pocos se parapetaban en la calle esperando a que alguna autoridad del Ministerio del Interior diera la cara frente a los gritos de “Libertad” y “Dignidad” que esgrimían los internos.

Diputados, concejales y activistas pasaron la noche a las puertas del CIE exigiendo noticias sobre la salud de los internos y sobre el desarrollo de las negociaciones. La respuesta fue tenerles en la calle bajo la lluvia, sometidos a la opacidad a la que nos tiene acostumbrados este gobierno, de momento, en funciones. ¿Hasta dónde llega la impunidad del gobierno español que se permite impedir la entrada a representantes públicos elegidos por el pueblo?

Hoy, sobre esos 39 internos pesa la amenaza de una expulsión –¿en investidura y con alevosía?– por el simple hecho de haber llevado a cabo una protesta política y pacífica. ¿Qué nos decían en los carteles que enarbolaban? Hagamos un poco de memoria: los CIE entraron a formar parte del paisaje de nuestras ciudades con base en la Ley Orgánica 7/1985 del 1 de julio, cínicamente titulada “sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España”, que en su artículo 26.2 daba carta de naturaleza a la reclusión de personas “con carácter preventivo o cautelar” en centros mientras se sustanciaba su expediente de expulsión.

Después, la Ley 14/2003 elaborada por el gobierno del PP con el apoyo del PSOE en el Parlamento, ampliaría las causas de internamiento a los casos de devolución y retorno, además de los procedimientos de expulsión por sanción. El antecedente jurídico a los CIE lo encontramos en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que permitía la expulsión de los extranjeros peligrosos, y más adelante en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) en la que se instauraba la creación de centros de internamiento preventivo de los extranjeros considerados “peligrosos” y que iban a ser expulsados.

Esta herencia predemocrática se ha guardado como un precioso legado y lo han sufrido las 3.395 personas internadas en el primer semestre de este año, según datos del Ministerio del Interior. Los CIE son además la mejor fábrica de “sin papeles”: pasados los cuarenta días de reclusión y, si son puestos en libertad, se les echa a la calle con una orden de expulsión que les deja en un absoluto desamparo legal y condenados a la exclusión social. Diversas organizaciones vienen denunciando año tras año en innumerables informes el secretismo y la falta de transparencia de lo que ocurre al interior de los CIE. Para trazar una rápida fotografía, el hacinamiento, las malas condiciones de salubridad, las visitas sometidas a vigilancia, la falta de respeto a los cultos religiosos, la ausencia de un servicio médico regular, la separación de los hijos de sus padres, falta de intérpretes, malas condiciones de ventilación, etcétera.

Eso son los CIE. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona los calificó como centros “inconstitucionales”, porque allí “se detienen personas por lo que son y no por lo que han hecho”. Y en estos territorios de nadie, donde reina la arbitrariedad y el estado de derecho no existe, las mujeres son doblemente vulnerables por su condición de migrantes y de mujeres. Ellas pueden ser víctimas de trata o de violencia de género, pero igualmente son encerradas por una falta administrativa obviando su condición de víctimas. Ellas pueden estar embarazadas o estar gravemente enfermas sin recibir la adecuada atención médica, como demostró tristemente la muerte de Samba Martine, a la que no se le practicó ni un análisis de sangre. Pueden haber sufrido violaciones a lo largo del trayecto migratorio y tener que pasar por el calvario de volver a ser violadas en el CIE, por ejemplo.

Racismo institucional

Como hemos visto a lo largo de los años, los partidos de régimen comparten hoja de ruta en materia migratoria. Entre ambos han construido todo un aparato legislativo y normativo que ha naturalizado la discriminación institucional y la violación de derechos humanos, convirtiendo a España en el mejor gendarme de Europa. Alumno aventajado de la UE en aplicar una política migratoria que criminaliza al migrante segregando a la población entre legales e ilegales con lo que necesariamente se consigue estigmatizar a los “extranjeros indocumentados”, esta legislación consigue además justificar y retroalimentar el racismo en nuestra sociedad.

¿Y quién sale ganando? Por supuesto, todo en beneficio del mercado que necesita un ejército de reserva de trabajadores ilegales y dóciles como bien explicaba Juan Enciso, alcalde de El Ejido (Almería) por el PP: “a las 8 de la mañana todos los emigrantes son pocos, a las 8 de la tarde, todos sobran”.

La exclusión institucionalizada del espacio público de los migrantes les convierte en sujetos que sólo existen o son merecedores de derechos en tanto cumplan con su papel de “trabajador inmigrante”, por ello la protesta de los 39 internos es una anomalía. Rompen la barrera de la clandestinidad y marginalidad a la que están condenados, irrumpen en el espacio público y nos apelan para que abordemos de una vez por todas el debate de fondo que nos negamos a tener, la revisión del contrato social y político de una Europa que niega la “ciudadanía de pleno derecho” a las migrantes, vulnerando de forma flagrante el principio de igualdad sobre el que se basa una sociedad democrática y, en definitiva, el Estado de derecho.

No sigamos siendo cómplices de la barbarie del Estado español, no seamos cómplices de esta guerra contra los pobres. Desde los Ayuntamientos del Cambio debemos exigir al estado español el cierre inmediato de los CIE/CETI, porque después de más de treinta años de funcionamiento sólo han servido para generar sufrimiento a personas inocentes que vinieron atraídos por el sueño europeo. Defendamos el derecho a migrar como un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ningún ser humano es ilegal.

Samba Martine, no te olvidamos.

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