Corrupción
“Se trata de evitar dar poder a un tío al que no se controla”

Hablamos con Víctor Lapuente, experto en calidad de gobierno y medidas anticorrupción.

26/09/16 · 8:00
Víctor Lapuente es autor de 'La corrupción en España'.

Víctor Lapuente (Huesca, 1976) es coordinador de La Corrupción en España, un ensayo sobre las causas de fondo y las soluciones a medio y largo plazo para transformar un sistema político que permite que la corrupción se extienda a todas las administraciones.

¿Qué opinas sobre la reacción de la población ante la corrupción y cómo afecta a las elecciones?

Por una parte, hay un hastío generalizado, y eso se ve en las encuestas del CIS. Tiene una parte positiva, porque es una ventana a la oportunidad para que haya reformas. Pero también tiene otra parte, y es que la confianza en las instituciones en España ha pasado a niveles bajísimos. En relación con el voto, yo creo que España no se puede distinguir mucho de otros países. No hay muchos estudios, pero en general dicen que [con el destape de los casos de corrupción, el partido protagonista] pierde unos pocos puntos porcentuales que rara vez son decisivos. Sería muy raro que, en cualquier país, por un caso de corrupción un partido perdiera el 40% de votos cuando debería haber otras variables como cómo han gestionado la economía –y no digo que éste sea el caso–. No hay que confiar mucho en el voto de castigo a la corrupción. Más que castigar, lo que hay que hacer es prevenir. Es una frase hecha que suena muy fácil, pero casi todas las reformas van dirigidas a castigar la corrupción y a endurecer las penas, cuando de lo que se trata es de evitar dar un poder enorme a un tío sobre el que no se tiene prácticamente control y que de la noche a la mañana te puede hacer rico a ti, a un constructor o a una empresa.

Incides mucho en la politización de la administración como una de las razones que hacen posible el nivel de corrupción que sufrimos.

En general, todo el mundo puede y debe poder dedicarse a la política, pero si la inmensa mayoría de personas que se dedica a la política son de un determinado grupo de funcionarios, hay una cierta desigualdad. Si el resto de personas tiene que pagar un coste por dedicarse a la política, el personal de la Administración no sólo no paga un coste, sino que tiene todo tipo de ventajas y de prebendas. En España no se separan las carreras de políticos y funcionarios. Y el resultado está ahí: la política está copada por funcionarios y éstos saben que si quieren prosperar será a través de cargos de libre designación, por lo que tendrán que acercarse a un poder político.

Esto se relaciona con quién denuncia la corrupción. Muchas veces son los funcionarios los que tienen acceso a la información, pero si denuncian, son castigados, al menos, con acoso laboral.

En casi todo el mundo denunciar es siempre muy duro. Hace dos o tres años salía un reportaje en The New York Times que contaba que a los denunciantes el Estado les puede dar hasta un 10% del dinero que se pueda recaudar con las sanciones que imponga. Y aun así no compensaba los daños psicológicos. Hay un coste de ostracismo, de que te acosen… Hay que asumir que existe ese coste, minimizarlo y perseguir a quien intenta averiguar quién ha filtrado la información. En los países escandinavos, por ejemplo, es delito intentar averiguar quién ha filtrado información. Mientras, en España las instituciones han llegado a contratar consultoras para averiguar quién había filtrado una noticia.

La pasada campaña electoral pasada estuvo plagada de mensajes por parte de los partidos políticos sobre reformas enfocadas a la lucha contra la corrupción, ¿qué opinas de ellas?

Todo lo que sea avanzar está bien, pero me resulta bastante insatisfactoria la ideología de fondo. La corrupción no se persigue, no se combate. Se fomenta el buen gobierno, que es algo diferente. Si no, lo que se hace es crear otras oportunidades de corrupción para los más listos, para los que se conocen todas las leyes. Lo que suele funcionar es poner mecanismos de control interno, atar las manos de los políticos, limitando el poder que tienen para nombrar cargos y facilitando una transparencia de verdad.

¿Y sobre las medidas anticorrupción del pacto PP-Ciudadanos?

Ciudadanos tiene una mentalidad más reformista, a diferencia del PP y PSOE. Pero este acuerdo, de momento, parece papel mojado.

También nuestra legislación no considera como prevaricación el acto de elaborar leyes que vayan contra el beneficio de la ciudadanía y en beneficio de determinados individuos o grupos, como la legislación estatal sobre concesiones de obra pública, la Ley 13/2003, con, que minimiza el riesgo de las concesionaria respecto a la legislación europea. ¿No es esto corrupción?

No conozco ningún país donde estas cuestiones sean prevaricación. Hay mucha discusión sobre la llamada corrupción legal y sobre que habría que dedicar más recursos a observarla. Pero yo creo que nosotros, al menos de momento, con que empecemos con la ilegal, de la que tenemos buenas dosis, vamos bien. También deberíamos examinar las leyes de una manera en la que veamos la imparcialidad que puedan tener o si benefician a unos grupos u otros, y en ese sentido el parlamento español está poco dotado de funcionarios neutrales que vigilen, no sólo la legalidad al pie de la letra, sino de su viabilidad económica y costes sociales, y eso es algo que nos diferencia de otros países, en los que los parlamentos están dotados de unos cuerpos de funcionarios que, de alguna manera, como mínimo escriben informes que son publicitados para que queden patentes para la sociedad las consecuencias de hacer una reforma legislativa u otra. Lo que me parece importante es que el público tenga acceso a este tipo de conclusiones, pero por ahora eso, la elaboración de leyes es un proceso que ocurre aun con demasiado secretismo, ya que no tenemos este tipo de comisiones o grupos de investigación que miren la viabilidad técnica, jurídica y los costes económicos y sociales que tienen las reformas legislativas. Ahí tenemos mucho trecho por andar.

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