Crisis de los refugiados
"El acuerdo UE-Turquía es casi tráfico de personas"

La Unión Europea culmina su ataque contra las personas refugiadas a través de un acuerdo de expulsión masiva a Turquía

29/03/16 · 22:00
En la "New Jungle" de Calais sobreviven entre 3.000 y 4.000 personas esperando su oportunidad para cruzar a Inglaterra /Anita Pouchard Serra

Se trata de un ataque contra los “valores europeos”. En los últimos días, los dirigentes de media Europa han utilizado esta frase para referirse a los atentados terroristas en Bruselas del 22 de marzo, que acabaron con la vida de 35 personas. Y es que la Unión Europea, según su Carta de Derechos Fundamentales, “se funda en los valores indivisibles y universales de dignidad humana, de libertad, de igualdad y de solidaridad; se asienta en el principio de democracia y en el de Estado de derecho”.

Sin embargo, sólo tres días antes de los atentados, el 19 de marzo, Europa firmaba con Turquía el mayor acuerdo antirrefugiados de las últimas décadas, un acuerdo que no sólo viola los “valores europeos” y la Carta de Derechos Fundamentales, sino también la Convención Europea de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y la Convención sobre los Derechos del Niño. El acuerdo se enmarca en una Europa fortaleza, que funciona a golpe de política neoliberal y que recuerda a lo que el escritor camerunés Achille Mbembe describe en su ensayo Necropolítica, donde expone cómo la expre­sión última de la soberanía “reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vi­vir y quién debe morir”, y bajo cuyo paradigma se promueven políticas por las que se deja morir a aquellas personas que no están en la línea del desarrollo o no son útiles a las lógicas neoliberales.

Antes incluso de la firma de este tratado, la cifra de muertos provocada por esta violación de los “valores europeos” por parte de la UE, al no crear pasajes seguros para personas que a menudo huyen de la muerte, ascendía en 2015 al menos a 3.770 personas, que perdieron la vida ahogadas en el Mediterráneo.

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El acuerdo del 19 de marzo, que entró en vigor un día después, se convierte en el último paso de una serie de medidas antirrefugiados aplicadas por los países europeos en los últimos meses, medidas destinadas oficialmente a disuadir a la población siria de cruzar el Egeo y a “cortar el grifo” del negocio del transporte de refugiados por mar. El texto incluía una polémica referencia a los atentados de Ankara el 13 de marzo, que fue interpretada como una asociación más entre personas solicitantes de asilo y terrorismo.

Un texto difícil de cumplir

El documento firmado entre la UE y Turquía prevé la expulsión hacia este país de los refugiados que pisen suelo europeo a través de Grecia. Se unirán a los 2,7 millones de personas procedentes de Siria que actualmente están en suelo turco, la gran mayoría en campos de refugiados.

Lo acordado “es casi tráfico de personas: nos llevamos a estas personas pero vosotros aceptáis a estas otras”, dice Ronja Lange 

Además, Europa promete que por cada refugiado sirio que envíe desde Grecia hacia Turquía acogerá a un refugiado sirio que esté dentro de las fronteras turcas, hasta un máximo de 72.000. Lo acordado “es casi tráfico de personas: nos llevamos a estas personas pero vosotros aceptáis a estas otras”, dice Ronja Lange, trabajadora social que atiende a refugiados en Berlín. Pero los precedentes ponen incluso en cuestión este punto del acuerdo: de las 160.000 personas que los países europeos se comprometieron a reubicar en 2015, sólo se han resuelto 272 casos. Y España sólo ha acogido a 18 de los 16.000 que debía haber recibido.

A cambio de que reciba a miles de personas expulsadas, la UE concede a Turquía varios beneficios: 6.000 millones de euros hasta 2018, la supresión progresiva de visados para las personas de nacionalidad turca que quieran viajar a Europa y la reapertura de las negociaciones para la entrada de Turquía en la Unión Europea, el conocido como “capítulo 33” sobre presupuestos y provisiones financieras en el que se encallaron las negociaciones en 2007.

Hasta finales de abril está abierto el periodo más decisivo del acuerdo con Turquía y se comprobará si es una medida efectiva para los propósitos de la UE o sólo un acto fallido más en la crisis abierta en Europa. El acuerdo incluye la promesa por parte de la UE de permitir la libre circulación de ciudadanos turcos en el espacio europeo, algo fácil de decir pero que requiere una serie de requisitos difíciles de cumplir para Ankara, como la puesta en funcionamiento de pasaportes biométricos. Si no se cumple esta medida antes de junio, el acuerdo firmado el día 21 corre peligro. Tampoco será fácil convencer a Chipre de que permita un avance en el proceso de integración de Turquía en la UE.

Grecia, un depósito de almas

Las dudas se extienden de Turquía a Grecia, desde donde se organiza el mayor contingente de refugiados para su reubicación en el Bósforo. Si el 26 de febrero el ministro griego de Migraciones, Ioannis Mouzalas, advertía de que Grecia no se convertiría en un “depósito de almas”, en referencia a los refugiados, hoy las cosas parecen bien distintas. Tras el cierre de la frontera con Macedonia, en el campo fronterizo de Idomeni, en unas condiciones de vida deplorables, quedaban 12.000 refugiados que ya no podrán cruzar, y que han empezado a ser trasladados a otros campos habilitados en el interior del país, como las instalaciones en de­suso del antiguo Estadio Olímpico de Atenas, donde ahora se concentran miles de personas. En Grecia, convertida toda ella en campo de refugiados, se encuentran ya unos 45.000 solicitantes de asilo. Y pronto alcanzarán los 100.000, según Mouzalas. En marzo se calcula que cada día han llegado a las costas de Grecia 1.100 personas, muchas de ellas huyendo de la guerra de Siria.

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“La mitad de los refugiados atrapados en Grecia están abandonados en condiciones como las de Idomeni, y en el puerto de Atenas, en campos no oficiales, sin las cosas más básicas: comida suficiente, agua limpia, aseos, duchas, abrigo y cuidados médicos”, explica a Diagonal Nasim Lomani, que participa en el Centro Social Refugiados de Exarchia, en Atenas. Lomani considera que “las autoridades griegas no son capaces o no quieren facilitar ni las condiciones de vida más básicas ni un tratamiento humano a los refugiados”.

El control del Frontex

Al mismo tiempo, indica, “buena parte de la gestión de los refugiados no está ya en manos de las autoridades griegas, o no totalmente”. El control ha pasado a manos de la Comisión Europea, con el Frontex (agen­cia europea para el control de fronteras) y la Ofi­cina Europea de Apoyo al Asilo como punta de lanza. El pasado 23 de marzo, el Frontex pedía a los gobiernos europeos que envíen más expertos y policías para ayudar a la deportación de los refugiados hacia Turquía. Hasta ese momento, “sólo” le habían ofrecido 396 policías de los 1.500 solicitados. En total, según el acuerdo firmado, serán unos 4.000 “expertos” los que participarán en Grecia en el proceso de registro, de revisión de solicitud de asilo y de expulsión. De ellos, más de 2.800 serán personal de ejércitos y fuerzas de seguridad. Sólo 600 estarán encargados de revisar las decenas de miles de solicitudes de asilo, y 60 revisarán las apelaciones.

“El movimiento de solidaridad con los refugiados ya ha sido objetivo de las autoridades griegas o el Frontex”
 

Además, la Comisión Europea dispone en el acuerdo que las expulsiones masivas se realizarán a través de ocho buques del Frontex con una capacidad de entre 300 y 400 personas por barco, además de 28 autobuses. Por otro lado, también “la OTAN está aquí para intentar parar a los refugiados, y el Ejército griego está envuelto en la gestión de la crisis de refugiados, y especialmente de los campos, el control de fronteras y también de algunos recursos destinados a personas refugiadas”, dice Lomani.

Desde que se firmara el acuerdo, “el movimiento de solidaridad con los refugiados ya ha sido objetivo de las autoridades griegas o el Frontex”, y cientos de voluntarios que participaban en las labores de acogida han sido presionados para abandonar los campos y todos los espacios de acogida, indica este activista, que añade que algunos voluntarios han sido detenidos y varios grupos europeos han sido obligados a abandonar el país.

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Por otro lado, los hotspots, centros de registro puestos en marcha en Grecia por exigencia de la UE, “se están convirtiendo en centros de detención cerrados, donde no van a estar presentes las organizaciones no gubernamentales”.

Y aunque las decenas de miles de personas que ya se encontraban en Grecia antes de la entrada en vigor del acuerdo no se ven afectadas, teóricamente, por él, pocos son quienes creen en su acogida y reubicación en distintos países. Según indica Lomani, puesto que la UE no será capaz de cerrar completamente sus fronteras, ni tampoco Turquía cumplirá al 100%, “la Unión Europea está planean­do usar Grecia como un tercer país lleno de centros de detención para mantener a los refugiados lejos de Europa central y occidental”.

El periplo europeo

Para los cientos de miles que sí consiguieron cruzar antes del cierre de todas las fronteras con Grecia, el camino ha variado dependiendo de los obstáculos encontrados. Muchos de ellos, sin embargo, se han dirigido hacia Alemania, que hasta ahora tenía unas políticas de acogida más flexibles. Tan sólo en 2015, este país recibió a 1,1 millones de solicitantes de asilo, el 40% de ellos sirios, seguidos de afganos e iraquíes.

Sin embargo, las leyes de asilo en Alemania “se incumplen por norma, y por ello han reformado la ley varias veces en unos pocos meses”, indica Ronja Lange, trabajadora social en Berlín y miembro de la ONG Moabit Hilft. La última de ellas, en febrero, endurece los requisitos de asilo, restringe los derechos de los refugiados y amplía la lista de países considerados “seguros”, lo que aumentará el número de deportados.

Lange considera que la nueva reforma que se está preparando para mayo “va a ir claramente en contra de los derechos humanos, ya que quieren subordinar el derecho al asilo a la ‘integración comprobada’ de la persona; es decir, que tendrán que aceptar trabajos obligatorios y asistir a cursos de integración y mostrar a las autoridades que se han integrado, so pena de ser deportados”. Una línea que confirmaban las declaraciones del ministro del Interior, Thomas de Maizière, en una entrevista concedida a la televisión pública ARD: “No puede ser que aquellos que se niegan a aprender alemán, que impiden la integración de sus familiares (mujeres o niños, por ejemplo) o que rechazan ofertas de trabajo obtengan el permiso tras pasar tres años en Alemania, tal y como ocurre ahora”.

Las expulsiones masivas se realizarán a través de ocho buques del Frontex con una capacidad de entre 300 y 400 personas

Ciudades como Berlín han recibido este año un flujo de unas 75.000 personas buscando asilo, incluidos 10.000 menores no acompañados, lo que ha obligado al establecimiento de albergues improvisados en colegios, instalaciones deportivas, y el mayor de ellos en los hangares del antiguo aeropuerto de Tempelhof, que acoge a unas 2.000 personas, aunque en malas condiciones. “Aún no hay duchas, por ejemplo, y se traslada a los refugiados una vez a la semana a la piscina para que puedan ducharse allí. Tampoco pueden usar los váteres del aeropuerto, sino unos móviles instalados en el exterior. En invierno era un horror para estas personas tener que salir al frío a hacer sus necesidades”, dice Lange. En la ciudad, añade, “ya no tenemos como al principio tantos refugiados sin techo, pero el alojamiento se realiza de una forma desastrosa”.

Esta trabajadora social indica que la situación sería insostenible sin el trabajo voluntario. “Oímos una y otra vez como crítica que el sistema funciona sólo porque nosotros hacemos el trabajo, pero es que, si no lo hacemos, estamos hablando de vidas humanas, no podemos dejarlos por el camino”. Como en Berlín, en Lesbos, en Atenas o en Calais, son las redes de solidaridad las que están llevando a cabo el trabajo principal de acogida de refugiados. “No hay una crisis de refugiados con la que lidiar, hay una crisis de la Unión Europea y de sus países miembros para afrontar el tema de los refugiados”, indica Nasim Lomani desde Grecia. “La solidaridad de las personas organizadas o no organizadas ha hecho mucho más por dar soluciones a las personas refugiadas”, indica este activista, que concluye: “Decenas de miles de personas de toda Europa se han organizado para ayudar a los refugiados mientras los gobiernos y las autoridades sólo han estado presentes en las fronteras”.

Censura, una constante en Turquía

El recurso a Turquía por parte de la UE ha reforzado la posición del Gobierno de Erdogan, que ha incrementado su presión sobre los elementos incómodos al régimen. En las últimas semanas, las autoridades turcas han detenido a tres académicos que habían pedido el cese de las operaciones militares en el Kurdistán turco bajo cargos de “propaganda terrorista”. El Ejecutivo ha em­bar­gado también la publicación Zaman, tras entrar en sus oficinas con gases lacrimógenos. Los editoriales de Zaman, hasta aho­ra críticos con Erdogan, han pasado a ser escritos por periodistas afines al Gobierno. El se­cues­tro de este diario llega sólo días después de la liberación de dos periodistas de Cumhuriyet. Éstos fueron encarcelados en no­viembre tras publicar un reportaje que destapaba operaciones de traslado de armas a Siria por par­te de oficiales de inteligencia del Gobierno. Desde 2014, se han contabilizado 203 casos de vio­la­ción del derecho a la información en el país.

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