El relato del Procés cambia de manos

La formación de Gobierno en Catalunya difumina el desafío inmediato de ruptura y abre la posibilidad de un acuerdo pactado.

24/01/16 · 7:01
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Abrazo entre el nuevo president, Carles Puigdemont, y Artur Mas. / Victor Serri

Vamos a exagerar un poco: en la política española no eres nadie si no se ha querellado contra ti Manos Limpias. Zapatero, Rajoy, Mas, Iglesias o Colau ya han sufrido la ira de este grupo de presión de tendencia ultraderechista. Ahora también forman parte de ese club Carles Puigdemont, president, y Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

La fórmula que el exalcalde de Girona usó para prometer el cargo –sin referencias a la Constitución ni a la monarquía españolas– les convirtió (a ella como colaboradora necesaria) en objetivo de Manos Limpias. Les acusan de prevaricación ante la Fiscalía General del Estado. Es una muesca más en lo que ya viene siendo la banda sonora que el nacionalismo español ha puesto al proceso independentista en Catalunya: una escalada de la presión jurídica que, parece, no terminará hasta que alguien vaya a la cárcel.

En apenas una semana, Puigdemont ha añadido al honor de ser atacado por los ultras españolistas, el reconocimiento de parte de la sociedad catalana por ser capaz de enarbolar un nuevo matiz en la literatura que el Procés está generando desde la Diada de 2012.

"Lo que caracteriza al Procés precisamente es que es un gran dispositivo retórico, que nunca acaba de concretarse en hechos reales"

La periodista Nuria Alabao ironiza sobre esa capacidad de cambiar el discurso por parte del hombre que, en principio, está ahí para mantener caliente la silla de Artur Mas: "Lo que caracteriza al Procés precisamente es que es un gran dispositivo retórico, que nunca acaba de concretarse en hechos reales".

Puigdemont se estrenó en una entrevista en TV3 el jueves 14 de enero. Los titulares más importantes: el president se deshacía del fetiche de los 18 meses –el tiempo estimado para la creación de las instituciones propias del futuro Estado catalán y la "desconexión" del español– y comenzaba a hablar de negociación con Madrid.

El catedrático en Ciencia Política Joan Subirats señala que, a partir de ese momento, se ha entrado en una fase de "remodulación" del Proceso. La salida de Mas ha dejado a Puigdemont al mando, y éste no tiene "el aura mesiánica" que tenía el expresident, indica Joan Subirats.

Con­ver­gència Democràtica de Catalunya (CDC) ha perdido a su mesías, pero, al conseguir mantener in extremis las riendas del Gobierno, se mantiene en la cresta de la ola. Lo hace a través de los medios de comunicación y el manejo de los "resortes del poder", señala Alabao, resortes que "después de 30 años de pujolismo han penetrado y han moldeado mucho a la sociedad catalana".

"El conflicto se ha trasladado ya a los ámbitos directamente políticos e institucionales; la sociedad civil y la Asamblea Nacional Catalana ya están cansados de tirar de esto, de tener que movilizarse"

Si Convergència ha salvado un match-ball al evitar verse superada electoralmente por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –que ya había anunciado que no volvería a la fórmula Junts Pel Sí (JxS) si se repetían las elecciones–, el proceso propiamente dicho ha pasado a una fase que la socióloga Marina Subirats considera "de expectativas". Para Subirats, desde el sábado 9 "el conflicto se ha trasladado ya a los ámbitos directamente políticos e institucionales; la sociedad civil y la Asamblea Nacional Catalana ya están cansados de tirar de esto, de tener que movilizarse".

En enero se ha terminado –por el momento– la campaña electoral permanente en la que Catalunya está inmersa desde 2012. Desde ese día, y con un mapa bastante concreto de las fuerzas de unos y otros, es el momento de comenzar "a hablar de políticas más que de política", indica Joan Subirats.

El plan de choque social que las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) obtuvieron en su negociación con JxS, que ha sido criticado por insuficiente, especialmente fuera de Catalunya, es parte de ese nuevo escenario. Así, para Joan Subirats, el tema de la independencia y el proceso seguirá ahí, "porque es lo que justifica el Gobierno actual", pero, indica este profesor, "tendrán que dirimir cosas más concretas porque creo que ésa es la exigencia que hay: que se discuta sobre temas pendientes".

Entre otros, sobre el modelo de Sanidad o para solucionar la emergencia social del 21% de catalanes que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Desconexiones

A medida que se desarrolla el "procesismo" –la versión controlada del sentimiento independentista expresado por gran parte de la sociedad catalana– comienzan a exponerse las dudas.

¿Es el mismo proceso para alguien que vive en el interior, en las zonas rurales de Catalunya, que para quien vive en las zonas metropolitanas de Barcelona?

¿Es el mismo proceso para alguien que vive en el interior, en las zonas rurales de Catalunya, que para quien vive en las zonas metropolitanas de Barcelona? ¿Lo viven igual una simpatizante de ERC y un militante de las CUP?

Por más que las preguntas sean retóricas, las respuestas han cambiado desde la campaña electoral y desde el 9 de noviembre. Aquel día, las dos fuerzas independentistas, Junts Pel Sí y las CUP, sumaban sus 72 diputados en una declaración que proclamaba "solemnemente" el inicio de la construcción de una República Catalana.

Dos meses después, ambos partidos han admitido que la comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución de la nueva República sea de estudio, y no legislativa, como se pretendía inicialmente. El objetivo: enganchar a Catalunya Sí que es Pot, favorable al referéndum de autodeterminación pero no al todavía vigente proyecto de desconexión, en un proceso más amplio que el planteado hasta ahora.

"Así como la declaración del 9 de noviembre fue preocupante, porque parecía que esto iba a ser un proceso muy rápido y con mucha ruptura, parece que se toma con más calma y se va a mirar con detalle", señala Marina Subirats.

Intransigencia en Madrid

¿Hasta dónde puede mantenerse esta calma? Daniel Raventós, editor del medio Sin Permiso, lo tiene claro: "El primer movimiento de brutalidad por parte del Gobierno español" provocará una nueva reacción de JxS y sus socios. "No cabe esperar otra política que la intransigencia más cerril desde el Gobierno español", apunta Raventós sobre el acuerdo que puedan alcanzar PP, Ciudadanos y PSOE.

Así pues, subraya, no hay comparación entre la fragilidad del actual Govern, formado como el acuerdo menos malo posible entre tres partidos con muchas diferencias como CDC, ERC y las CUP, y un Estado español dispuesto a llegar hasta cualquier lugar para evitar la secesión. "Una parte tiene Ejército, tribunales constitucionales y toda la maquinaria del Estado. La otra parte, la catalana, se piense lo que se piense de la mayoría parlamentaria, no puede ofrecer 'duelo' en este sentido", señala Raventós.

Como recuerda este economista en una entrevista reciente en el digital Crític, el historiador Josep Fontana exponía crudamente los límites del llamado "desafío independentista". Fontana descartaba una Declaración Unilateral de Independencia por temeraria: "Si tú quieres hacer algo por la fuerza, de acuerdo, pero para eso tienes que pensar en montar guerrillas. Porque no te dejarán. Porque [Catalunya] es una pieza demasiado importante del rebaño global del Estado para que te dejen marchar así. No necesitan ni el Ejército, es que les es suficiente con la Guardia Civil. No bromeemos con eso".

Los medios de comunicación, los tertulianos 'hiperventilados', la 'brigada Aranzadi' bregada en los tribunales en la defensa de la Constitución del 78, y los resortes de la "vieja política" son recursos suficientemente disuasorios para pensar que en los próximos meses la ruptura siga descafeinándose.

Entre esos resortes de la vieja política destaca uno por encima de todos: la posibilidad de que Convergència –en el Congreso, Democràcia i Llibertat– vuelva a entenderse, mediante un "pacto bajo mano", apunta Nuria Alabao, con un PSOE que necesita todos los apoyos posibles si quiere –si quiere– investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Alabao recuerda asimismo que "algo similar pasó con el caso de Banca Catalana en el 82. Entonces se paralizaron los procesos judiciales, incluso Jiménez Villarejo [entonces fiscal general del Estado] dijo que les impidieron seguir trabajando". El peaje de este pacto para CDC, señala Alabao, sería nada menos que renunciar a la independencia.

Distintas izquierdas

Mientras se dirime quién y con quién controlará La Moncloa o si se repiten elecciones, y si, en palabras de Marina Subirats, hablar con Madrid será "enfrentarse a una roca", como ha sido hasta ahora, la actividad del flamante Govern sigue orientada hacia la puesta en marcha del futuro Estado catalán.

El 15 de enero, Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, abordaba en la radio pública RAC1 algunas de las dudas más recurrentes en torno al Proceso.

La creación de una Agencia Tributaria y un sistema de Seguridad Social propios son los objetivos más concretos de los primeros 18 meses de gobierno. Junqueras se mostraba en esa entrevista dispuesto a resolver cualquier duda de los acreedores de la deuda española respecto a la solvencia de Catalunya: "Esta partida no la jugamos solos, hay otros jugadores, entre ellos los mercados financieros que tienen deuda de España", reconocía el líder de ERC.

"Llegará un momento en el cual tendrá que haber un referéndum, pero el derecho a decidir tiene que ser sobre opciones claras"

La posición de Junqueras contrasta completamente con el cuestionamiento radical de las CUP a las instituciones europeas y el statu quo neoliberal. De ahí que la solución del referéndum tenga que ser matizada, apunta Marina Subirats: "Llegará un momento en el cual tendrá que haber un referéndum, pero el derecho a decidir tiene que ser sobre opciones claras. Depende de qué significa ser independiente, de cómo llegar a ello, de las opciones que se plantean". Por eso, para Subirats, los próximos meses "hay que construir realmente las alternativas posibles, y cuando tengamos las alternativas ir al referéndum, pero no antes".

Aunque muy dividida tras el ciclo electoral del pasado año, la izquierda en Catalunya se encuentra en un momento dulce. En el sector no independentista, el magma generado en torno a En Comú Podem, Barcelona En Comú y Catalunya Sí que es Pot ha mantenido hasta ahora una línea clara: la del reconocimiento del derecho de autodeterminación, una línea con la que En Comú consiguió ser la fuerza más votada el 20 de diciembre y que ha servido a Podemos para crear un discurso válido para todas las nacionalidades históricas. Para Marina Subirats, "la izquierda en Catalunya ha ganado una cosa que es que ya ha conseguido renovarse, y ha conseguido empezar a aglutinar".

A pesar de las controversias sobre su pacto y del desgarramiento a nivel interno que han supuesto los tres meses de negociaciones con JxS, las CUP han conseguido, a decir de Marina Subirats, que la hegemonía del independentismo, hasta ahora en manos de CDC,  pueda ser disputada por la izquierda catalana.

La debilidad de un proceso del 48% –el porcentaje de votos obtenido por los partidos independentistas en septiembre– puede ser sustituido por un acuerdo para "aumentar la base y el apoyo social que apoya el derecho a la autodeterminación", en palabras de Daniel Raventós.

Para esto, se tiene que producir, además del encuentro entre Catalunya Sí que es Pot y las CUP, una reactivación de la movilización ciudadana: "Si esto se produce, la caída del régimen del 78, al menos por uno de los principales puntos que ha logrado tambalearlo en los últimos años (Catalunya), puede ser una realidad".

Presión sobre las fundaciones catalanistas

Teyco, el Grupo Soler y Copisa, empresas relacionadas con la presunta trama de contrataciones a cambio de comisiones del 3% en Catalunya, donaron entre los años 2008 y 2015 hasta 2,2 millones de euros a las fundaciones catalanistas Òmnium Cultural, Fórum Barcelona, CatDem y Nous Catalans, según cita un informe de la Guardia Civil.

Son donaciones "legales, auditadas, públicas y transparentes", han señalado desde CDC en un comunicado en el que subrayan que "son donaciones hechas por las empresas, por afinidad ideológica y apoyo al proyecto político", sin vinculación con la adjudicación de contratos públicos.

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