Elecciones generales 20D: el sistema
Un sistema electoral para gobernarlos a todos

El debate sobre si el modelo vigente necesita revisión toma auge en el debate político social e institucional.

14/12/15 · 11:44
Cola en un colegio electoral. / Álvaro Minguito

Nuestro sistema electoral es un foco de polémica entre quienes critican la sobrerrepresentación de algunas formaciones y quienes priorizan la estabilidad de gobierno. Para conocer su planteamiento hay que remontarse a la Ley para la Reforma Política de 1976, aunque nuestro modelo electoral se estableció completamente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG 5/1985). Ya en este momento se fija la fórmula D’Hont para repartir los escaños en un Parlamento que la Constitución establece dividido en 300-400 escaños (actualmente 350), con circunscripciones provinciales y un mínimo de escaños a repartir por circunscripción.

La mencionada fórmula D’Hont se basa en dividir el número de votos cada partido entre 1, 2, 3, 4, 5, etc., según el número de escaños a repartir (por circunscripción), de modo que al final de la división, los cocientes más altos supondrán un escaño para el partido que corresponda. Si el cociente de la división no es exacto, recibirán los escaños sobrantes aquellos partidos que hayan tenido más votos.

En el marco de la Transición se gestó un modelo electoral que asegurase la estabilidad del Gobierno democrático, personificada en aquel momento, por UCD. En su día, los beneficiados de este modelo fueron UCD y el PSOE, y ahora conforma el PP el eje con este último. En las distintas elecciones generales recientes, el bipartidismo ha acumulado aproximadamente el 80% de los escaños del Parlamento. Uno de los factores que propicia esto es el hecho de repartir unos escaños mínimos y el propio hecho de que existan circunscripciones provinciales, estableciendo una división territorial y no demográfica, que ya causa desigualdad de por sí en tanto que un voto en una circunscripción poco poblada tendrá más peso que un voto en otra muy poblada.

"Las mayorías absolutas afectan mentalmente a los gobernantes. Se creen dioses y pasan a despreciar al resto del Parlamento"

José Manuel Cabello González, profesor de Matemáticas Financieras de la Universidad de Málaga y autor de varios artículos sobre la fórmula D’Hont aplicada a nuestro sistema electoral, considera que la desigualdad producida por el “sobrante” de votos que se asignan a los partidos mayoritarios no genera una influencia notable en los resultados electorales. “Podría utilizarse cualquier otro sistema de asignación de restos que sería prácticamente lo mismo, sino peor”, añade. Para él la mayor desigualdad la produce la circunscripción provincial: “Si una provincia tiene para asignar solo dos escaños, probablemente estos irán para los mayoritarios. En provincias con pocos diputados por asignar suele ocurrir esto”.

Estabilidad vs. proporcionalidad

La principal razón que se da para justificar la desproporcionalidad existente es que la concentración del poder en partidos mayoritarios hace que el Parlamento sea más estable, evitando la inoperancia que supondría un Parlamento fragmentado, que dificultaría la toma de decisiones, siendo considerado incluso peligroso. Sin embargo, superada la Transición política, parte del electorado ya ha reclamado unas necesidades de representación más complejas, donde la diferencia de colores de la ciudadanía aparezca representada en las cámaras de representación, abogando por el consenso de diferentes formaciones políticas en lugar de por la concentración de grandes fuerzas.

A este respecto, José Manuel Cabello opina que “cuando se generan minorías –excepto en países muy desarrollados, como puede ser Dinamarca–, y sobre todo en el ambiente Mediterráneo, si hay muchos partidos, como por ejemplo en Italia, se genera una inestabilidad tremenda y nunca se llega a nada, no se tiene la posibilidad de gobernar realmente”.

Sin embargo, Pilar Cousido, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, considera que “aunque todos los sistemas tienen sus inconvenientes y no vamos a encontrar uno que sea perfecto, lo que sí hay que revisar es que no somos los mismos de hace cuarenta años y, que hay que dar entrada a otros partidos”.

Barrera electoral y nacionalismos

Hay también cierto debate en torno a la imposición de una barrera electoral, que se encuentra en España en el 3% de los votos emitidos. Su superación es requisito sine qua non para acceder al reparto de escaños. Esta cuestión ha sido ampliamente debatida internacionalmente, sometida a crítica y llevada incluso a los tribunales pertinentes en repetidas ocasiones, dado el oxímoron que plantea en el caso de la igualdad, y de si conviene alterar la voluntad popular en aras de que no se dañe la posibilidad de sacar adelante las propuestas de la Cámara.

Se encuentran entonces dos posturas: una que considera que una reducción o eliminación de la barrera electoral supondría entorpecer la consecución de una mayoría absoluta, causando ingobernabilidad; y otra que considera que la barrera electoral propicia la existencia de una mayoría absoluta por parte de un bloque mínimo, dejando sin capacidad de decisión ni representación a los partidos minoritarios, ya infrarrepresentados, y mucho más en caso de que un solo partido consiga mayoría absoluta, donde se vería representado solo él a efectos prácticos, ya que tiene la capacidad de aprobar o rechazar propuestas unilateralmente, como ha sucedido en ocasiones con el actual ejecutivo, por ejemplo, con la llamada Ley Wert (2013) aprobada en el Parlamento únicamente con el apoyo del Partido Popular.

Para Pilar Cousido “la práctica demuestra que las mayorías absolutas terminan por no ser buenas. Por ejemplo, el peor momento de Aznar es cuando tiene una gran mayoría. Ahora mismo pasa igual, o cuando a Felipe González se le acusaba de terrorismo de Estado… las mayorías absolutas afectan mentalmente a los gobernantes. Se creen dioses y pasan a despreciar al resto del Parlamento. La negociación tiene el inconveniente de que tienes que dejarte principios en el camino y ahí también empiezas a traicionar a tus electores, pero también tiene la ventaja de que hay un respaldo o representación amplia de las capas sociales”.

Otro aspecto polémico es el fortalecimiento de los partidos regionalistas o independentistas, ya que la dotación previa de unos escaños mínimos, beneficia su presencia en el Parlamento. Los detractores de este aspecto abogan por impulsar y trasladar la presencia de estos completamente al Senado, la cámara de representación de las diferentes territorialidades de España.

Como también ha generado debate la existencia de listas cerradas y bloqueadas, donde el votante no puede elegir o dar prioridad a unos candidatos sobre otros a la hora de emitir su voto. La lista se elabora en los límites de la llamada democracia interna de los partidos, estableciendo cada uno sus propios mecanismos. En este sentido, el modelo británico o el alemán dan lugar a una elección más directa de los candidatos a ocupar un escaño en el Parlamento. Esto posibilita más poder de acción del ciudadano con su voto, entendiéndose que con listas abiertas se limita el poder de las cúpulas del partido que deciden el candidato.

Sí hay alternativas

A la hora de limar la desproporcionalidad, se han planteado medidas como, por ejemplo, ampliar las circunscripciones, estableciéndolas a nivel autonómico, aunque sigan existiendo Comunidades más pobladas que otras. En este sentido apunta la circunscripción estatal, por la que se establecería una circunscripción única y los escaños se dividirían de igual forma para todo el electorado. Estos modelos, plantearían una reforma del artículo 68.2 de la Constitución, referente a la circunscripción provincial y, en el caso de la estatal, podría plantear un problema de falta de representación de nacionalismos y regionalismos.

Modificando solo la ley electoral, se podría cambiar la fórmula de repartición de escaños para ajustar la proporcionalidad. En el método que se están fijando muchos países es el Sainte-Lagüe, con el que la repartición de los escaños se realiza a través del siguiente algoritmo:
 

Rk=(i-0’5) Vtot/Vk, con i=1;2;3…

Mediante esta fórmula, los escaños le cuestan a cada partido prácticamente el mismo número de votos, y se reduce gran parte de la desigualdad entre partidos mayoritarios y minoritarios.

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