Hacia el 20D
Energía, un modelo que mima al oligopolio

De la extensión de la vida de las nucleares al 'impuesto al sol', los retos de un futuro gobierno no son pocos.

25/11/15 · 14:45
Central nuclear de Cofrentes. / Toni Rodrigo

Un oligopolio mimado y reforzado por los últimos cambios legislativos, un exceso de potencia instalada, un modelo aún muy basado en los combustibles fósiles, unas infraestructuras de gas no rentables pero subvencionadas y unas centrales nucleares en el límite de su vida operativa. Es el panorama que se va a encontrar un futuro gobierno en lo que se refiere al sistema eléctrico estatal, un sector que se enfrenta a una serie de retos a corto y medio plazo que moldearán la política energética del Estado en los próximos años. Entre ellos, la complicada apuesta de España por el gas, los frenos impuestos a un lógico crecimiento de las renovables, el posible aumento de la vida útil de las centrales nucleares, el fracking o la herencia del Castor.

Sin embargo, el futuro ejecutivo tiene un margen para cambiar un modelo que se basa en gran medida en contentar a las grandes eléctricas y petroleras conteniendo el avance de las renovables. “El nuevo gobierno se va a encontrar un exceso de potencia instalada que, lejos de ser un problema, le da bastante capacidad de maniobra”, explica Paco Castejón, físico nuclear y especialista en energía de Ecologistas en Acción. ”Podría con eso establecer un calendario de cierre de nucleares, dejar de quemar carbón en las térmicas y mantener temporalmente el gas y las renovables de tal manera que a lo largo de la legislatura podría ir decreciendo la cantidad de electricidad producida por el gas e ir aumentando la aportación de renovables”.

Alfons Pérez: “El ‘impuesto al sol’ es el marco legal más restrictivo del autoconsumo eléctrico en todo el mundo”

Este camino que plantea el físico es la antítesis del escogido actualmente. Un 24,8% de la potencia eléctrica instalada en España, según datos de Red Eléctrica Española a 31 de diciembre de 2014, corresponde a centrales de ciclo combinado, consumidoras de gas. Además, el 10,7 procede aún del carbón y el 7,7% de la nuclear. Además, el llamado Decreto de Autoconsumo o ‘impuesto al sol’, establecía en octubre de este año una serie de cargos a quienes optasen por el autoconsumo eléctrico y se mantuviesen conectados a la red, penalizando también las baterías necesarias para el almacenaje de energía para quienes optasen por no conectarse. “Es el marco legal más restrictivo para el autoconsumo de todo el mundo”, indica Alfons Pérez, especialista en la materia del Observatori del Deute en la Globalització (ODG). De facto, se ha frenado la producción de energía fotovoltaico justo en el momento en que los precios de los paneles han comenzado a bajar. Además, la reducción de inversiones y la eliminación de subvenciones impuestas por el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, también afectará al futuro de las renovables.

Hub del gas e interconexión

El nuevo ejecutivo heredará también “la inercia de constituir el territorio del Estado español en un espacio de tránsito para gas para la Unión Europea con el fin de dejar de depender tanto del gas ruso”, apunta Pérez. La Declaración de Madrid, firmada el 4 de marzo de 2015 por España, Francia, Portugal, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, acordaba impulsar la interconexión eléctrica en el suroeste del continente. Proyecto ya sobre la mesa con respecto a esta materia son las tres líneas de muy alta tensión entre España y Francia, una de ellas submarina a través del golfo de Vizcaya que ya es considerada Proyecto de Interés Común para la Unión. Además, con la construcción del megagasoducto Midcat, que surcará Girona, “subyace la idea de construir ese hub del gas en el territorio del Estado”, remarca Pérez. El malogrado proyecto Castor, “hibernado, que no cancelado”, matiza Pérez, se integraba en esta idea. Los seísmos que produjo el ahora cerrado almacén artificial de gas bajo el Mediterráneo acabaron, por el momento, con él. Sin embargo los terremotos no acabaron con los 4.700 millones de euros que pagarán los consumidores en la factura del gas a partir de 2016, según la Organización de Consumidores y Usuarios, resultantes de los 1.350 millones (más unos intereses del 4,27% anual) que Enagas, distribuidora de gas natural, pagó a Escal UGS (propietaria del Castor y participada en un 66,67% por el Grupo ACS de Florentino Pérez) en concepto de indemnización por el fracaso más intereses.

 

Paco Castejón: “El nuevo gobierno se va a encontrar un exceso de potencia instalada que, lejos de ser un problema, le da bastante capacidad de maniobra”

Sin embargo, el futuro del gas está en entredicho. Las eléctricas apostaron por esta energía instalando entre 2002 y 2011 67 centrales de ciclo combinado, que albergan una potencia de 25.353 megavatios y supuso 3.161 millones de euros de inversión. Mientras eso pasaba, se mantenía la energía nuclear, se financiaba el carbón español y crecían las renovables. “El resultado de este mix energético es un mercado sobredimensionado, con carbón subvencionado, nucleares subvencionadas y favorecidas y unas renovables ya instaladas donde el gas, más caro, rara vez entra en el mix”, explica Castejón. El factor de carga de los ciclos combinados no llega al 40% del año. “Eso significa que quienes apostaron por el gas se están arruinando y de ahí las presiones del sector eléctrico sobre el gobierno para favorecer el gas y cortar renovables”. La consecuencia es que en la actualidad los ciudadanos sufragan una serie de costes considerados ilegítimos por el ODG y la Plataforma por una Nuevo Modelo Energético, tale como los pagos por capacidad y garantía de potencia y de garantía de suministro. “Esto implica unos 1.000 millones, dependiendo del año”, denuncia Castejón. Según un estudio del ODG firmado por el investigador Pablo Cotarelo, las eléctricas habrían percibido 65.000 millones sumando los diferentes pagos ilegítimos desde el período de la liberalización del sector eléctrico, entre 1998 y 2013, entre 80.000 y 100.000 millones si se considera la actualización del valor del dinero. “Una auditoría del sector eléctrico sería una propuesta muy potente de cualquier gobierno que se llamase a símismo transformador”, remarca Pérez.

Qué hacer con la nuclear

Otro reto para el futuro inmediato es qué hacer con la energía nuclear. Y el partido se juega en la central de Garoña (Burgos), la más antigua del Estado (comenzó a operar en 1971) y hermana de la de Fukushima (Japón), protagonista del mayor accidente nuclear de la historia del país nipón. Su operador, Nuclenor, participado a partes iguales por Endesa e Iberdrola, quiere alargar su vida útil hasta los 60 años, y estos días el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), formado por tres miembro del PP y dos del PSOE está tratando la petición. No se trata sólo de Garoña: entre 2021 y 2015 expiran las licencias, a 40 años, de cuatro centrales. Habrá que ver qué pasa con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares planteado por el PP en Villar de Cañas (Cuenca), hoy paralizado por varias acciones: la anulación del plan urbanístico que permitía su construcción y la ampliación de una Zona Espeial de Protección de Aves (ZEPA), recurrida por el Gobierno central, en los terrenos en los que se había planteado.

Temas durmientes

Dos temas durmientes son las prospecciones de petróleo y el fracking, principalmente debido a la coyuntura internacional. Repsol ponía fin, sin dar explicaciones ni informar de lo que había encontrado, a sus carísimos sondeos bajo las aguas canarias en búsqueda de petróleo hace un año. Aunque este secreto industrial hace que no se pueda saber nada a ciencia cierta, Castejón apunta que “con el escenario actual de precios a Repsol no le interesa lo que encontró”, si encontró algo. La aparición del fracking a gran escala en EE UU –lo que podría llevar a algo que sólo la OPEP, hacía hasta ahora, regular los precios– hizo que Arabia Saudí respondiera bajando el precio del petróleo, lo que implica que, actualmente y según el físico, “las aventuras de prospecciones petrolíferas no salgan favorecidas”.

Por último, está por ver si algún gobierno mete mano al principal problema energético español: el hecho de que el 40% de la energía primaria que se consume provenga del petróleo, principalmente por el transporte. Una reconversión del transporte es lo único que podría hacer frente a este problema, lo que implicaría cambios profundos en ordenación del territorio, urbanismo, electrificación de transportes, etcétera. No son pocos los retos que planteará el futuro inmediato.

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