El tirón de Adolfo Suárez en Castilla y León provocó que, en 1982 en Soria, la UCD posterior a la salida de su líder mantuviese uno de los tres escaños en liza, en un insólito triple empate con PSOE y Alianza Popular. No volvería a ocurrir que tres partidos se repartiesen tres escaños. A partir de entonces circunscripciones como Soria, Almería, Huelva o Murcia –por no hablar de las circunscripciones de un solo diputado, Ceuta y Melilla– mostrarían los claros límites impuestos por la Ley Electoral: todo para dos partidos y nada para las alternativas, perjudicadas sistemáticamente en el acceso a los escaños.

Esa piedra, con la que chocaron sucesivamente CDS, IU o UPyD, amenaza en estas elecciones con detener a los partidos emergentes: Ciudadanos y Podemos. Poner una pica en Flandes es más sencillo que entrar con un diputado en Burgos o Albacete. Pero eso puede tener los días contados. Al menos es lo que piensa Jorge Urdánoz, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra y autor del libro Veinte destellos de ilustración electoral, en el que analiza el modelo representativo español. “No tengo duda de que la primera reivindicación de los partidos emergentes va a ser una modificación de la Ley Electoral”, explica Urdánoz. “Para que ellos pervivan lo primero es modificar eso”, sentencia.

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En contra de la creencia más extendida de que el problema es la Ley D’Hont, este profesor subraya que el error del sistema está en “cómo nos dividen”. La red de 52 circunscripciones no convence a nadie, ya que no asegura siquiera que la población de estas circunscripciones se vea representada, dado que los partidos, al presentar listas cerradas, pueden optar por colocar diputados “cuneros”, presentados para asegurar su presencia en el próximo Parlamento, y no por su arraigo o su defensa de los intereses del territorio.

Reforma constitucional

Al margen de la reforma del sistema electoral, que puede formar parte de la negociación en el caso de que Ciudadanos o Podemos sean llave de Gobierno, los puntos ‘calientes’ de una posible reforma de la Constitución son, en primer lugar, el territorial –una urgencia sin la que, posiblemente los partidos del régimen no plantea­rían cambios al texto del 78–, los derechos sociales y la citada reforma del sistema electoral.

A nadie se le escapa que cualquier reforma de la Constitución estará orientada a apagar el fuego encendido en Catalunya, pero las soluciones entran en un arco enorme: desde la ‘vía Durán’, propuesta por el diputado catalán Josep Antoni Durán i Lleida, que pasa por añadir una disposición al texto actual que suponga un nuevo acuerdo de financiación entre la Administración del Estado y Catalunya –al estilo de los conciertos vasco y navarro– hasta la apertura de un proceso constituyente en el que se aborde el derecho a decidir, como proponen voces de Podemos y sus aliados catalanes.

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La posición de PP y Ciudadanos, que apuestan, o al menos apostarán en campaña, por la recentralización de competencias, y en el caso del partido naranja, por la posible supresión del Senado, transformaría la reforma Constitucional en un blinjade del estado de cosas actual o un hipotético pacto –hoy fuera de todos los guiones– con los sectores más conservadores de Junts Pel Si. En el caso del PSOE, la propuesta no va mucho más allá, aunque el partido de Pedro Sánchez no se atreve a hablar de “recentralización” sino de un principio de “lealtad federal”.

Podemos es el único partido que mantiene la línea de reconocer la autodeterminación.

El reconocimiento de derechos sociales en la Constitución forma parte también de las propuestas electorales de PSOE, Podemos y Ciudadanos, aunque las apuestas son diferentes en los tres casos. Desde el Plan de Rescate de derechos sociales de Podemos a la inclusión en la Constitución de derechos a la luz y el agua que propone Ciudadanos o el retoque del polémico artículo 135 sobre pago de deuda para incluir la “estabilidad social” en los objetivos de control de la deuda del PSOE, forman parte de paquetes de medidas que pueden cambiar una y mil veces hasta que se llegue al acuerdo para cambiar la Constitución, algo que ahora mismo resulta tan inverosímil como que Podemos gane un escaño en Ceuta.