La ola de refugiados ha sido la última gota de un vaso hace tiempo rebosado en cuanto a mala gestión de las fronteras. Seis años después de que entrara en vigor la Ley de Asilo, aún no hay un reglamento que la desarrolle en España. Tampoco se cumplen los tratados internacionales, como el Convenio de Ginebra, ni las cuotas de refugiados asignadas por Europa.

Como punto caliente, Melilla. La oficina de asilo, inaugurada en 2014, no ha supuesto una mejora consistente en la situación de la Frontera Sur, donde cientos de sirios esperan su turno para presentar su solicitud de asilo, muchas veces tras el pago de una mordida de hasta 3.000 euros, según denuncia Prodein. Otros lo tienen aún más difícil. “No se está dejando pedir el estatuto a los subsaharianos, por ejemplo, sólo están de­jando a las personas de origen sirio”, señala Irene Ruano, miembro de la Campaña CIEs No.

Aún con el acceso al protocolo, Ruano señala cómo Melilla sigue convirtiéndose en una cárcel para aquellos que consiguen acceder a la oficina de asilo. Al estar fuera del Tratado Schengen, los refugiados se ven obligados a quedarse allí hasta que se tramita su solicitud, proceso que puede llevar meses, o incluso años. “Lo que se demanda al Gobierno español es que se establezcan vías legales y seguras para acceder al territorio, abriendo vías diplomáticas o corredores humanitarios, y facilitar la reagrupación familiar”, continua Ruano. El único cambio hecho sobre este tema va en dirección opuesta: la legalización de las devoluciones en caliente con la Ley de Seguridad Ciudadana.

La actuación del Gobierno español va en línea opuesta a la demandada por las organizaciones civiles, pero también la de Europa en general, como muestra la última cumbre en Valletta, que reunió a los líderes europeos con los de los países fronterizos de la UE con un objetivo: reforzar las fronteras externas de la UE. Sin embargo, según datos de Acnur, en 2014 sólo el 10% de las personas desplazadas llegaron a Europa, el resto se quedaron en paí­ses limítrofes. Los cifras del presupuesto del Frontex, la agencia europea de fronteras, lo dejan claro: de los seis millones de euros que contaba de presupuesto en 2005, pasó a 98 millones en 2014 y ya se le han asignado 176 millones para 2016. Mientras, la Oficina Europea de Asilo contaba en 2014 con un presupuesto de 15,6 millones de euros.

Ya dentro del territorio peninsular, las fronteras internas. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) acumulan decenas de denuncias por malos tratos. En 2014, 7.340 personas pasaron por este tipo de instalaciones, pero menos de la mitad –3.483– fueron finalmente expulsados. A ellas se sumaron 4.213 personas más que fueron expulsadas sin haber pasado por un CIE, según respondió el Gobierno en el Congreso.

A pesar de las denuncias, el único cambio legislativo sobre los CIE fue la aprobación del reglamento, hace dos años, y que tendría que haber empezado a aplicarse el año pasado, pero los cambios que contemplaba, como que hubiera un médico de la sanidad pública en estos centros, no se han aplicado aún.

Trabajo y residencia

“Uno de los principales desafíos en cuanto a migración es reformar la Ley de Extranjería”, explica Andrés García Berrio, de Iridia, centro de defensa de los derechos humanos. “Tiene que ver con desvincular el acceso al permiso de residencia y trabajo del absurdo que hay ahora del arraigo social. No puede ser que se exija estar tres años viviendo en el Estado, además de un contrato de trabajo que casi nadie puede conseguir”.

Es el pescado que se muerde la cola: si llevas aquí un año y consigues un contrato de trabajo, no se puede regularizar al no llevar los tres años necesarios viviendo el territorio, o no poder demostrarlo. Y si se consigue llegar a los tres años, es trabajando en negro y consiguiendo esquivar los controles policiales por perfil étnico, a los que muchas veces siguen el CIE y la deportación.

En paralelo, la venta ambulante, una de las vías de trabajo tras quedar fuera de las contrataciones legales por la propia Ley de Extranjería, aparece de nuevo como delito en el Código Penal, con penas que van desde un mes de multa a los dos años de cárcel, y muchas más papeletas para no obtener el permiso de residencia.