De una tacada, 900.000 personas quedaron fuera del sistema sanitario. El Real Decreto-Ley 16/2012, que entró en vigor hace más de tres años, acabó de golpe con el principio de universalidad de la sanidad española al retirar la tarjeta sanitaria a las personas sin papeles que residen en el país. Frente a esta normativa, una red de ciudadanos y profesionales sanitarios se organizó para desobedecer, en torno a plataformas como Yo Sí Sanidad Universal. A nivel institucional, cuatro comunidades autónomas –Andalucía, Asturias, Navarra y País Vas­co– se negaron a practicar la segregación ordenada por el Gobierno central, unas regiones a las que, a través de diversas normativas y fórmulas, se han sumado otras ocho (Ba­lea­res, Cantabria, Extremadura, Cas­tilla-La Mancha, País Valenciano y Ara­gón) tras los cambios de gobierno resultado de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.

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Ante el rechazo cada vez mayor hacia esta normativa, el Gobierno de Rajoy anunció antes de los comicios que en los próximos meses todos los inmigrantes tendrían derecho a la asistencia sanitaria; sin embargo, la intención es que esté sujeta a diversos requisitos y que se lleve a cabo a través de un sistema paralelo de beneficencia. Frente a esto, grupos como Yo Sí defienden que la única manera de regresar a la universalidad es la derogación del real decreto-ley, algo a lo que no parece dispuesto el Gobierno, que en septiembre volvía a rechazar en el Congreso una moción en este sentido, y que el 23 de octubre, tres días antes de disolver las Cortes, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva normativa valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, una norma que ha quedado en suspenso tras la admisión a trámite del recurso por el Constitucional.

Recortes millonarios

El Real Decreto-Ley 16/2012 es uno de los grandes ataques, pero no el único, lanzados por el Gobierno del PP contra un sistema sanitario ya debilitado desde que la Ley 15/97, aprobada por PP, PSOE, PNV y Coalición Canaria, abriera el camino para la privatización de la sanidad pública. Pocos meses después de llegar al Gobierno, en abril de 2012, Rajoy anunciaba un recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación a lo largo de la legislatura. Pero esto, indica Antonio Gómez, de la coordinadora CAS-Madrid, “viene derivado de la modificación del artículo 135 de la Constitución, y de eso no sólo es culpable el PP”, ya que fue aprobado por PSOE y PP en el verano de 2011.

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Según los últimos datos, el gasto sanitario en el Estado en 2013 fue de casi 10.000 millones de euros menos que en 2008, es decir, ha bajado del 6,8% al 5,9% del PIB. Y según el programa de Estabilidad Fiscal y Consolidación Presupuestaria 2015-2018 enviado a Bruselas, en 2018 el gasto público sanitario deberá quedar reducido al 5,3%, es decir, entre 6.000 y 7.000 millones menos. A todo esto hay que sumar que desde 2012 hasta 2014 la plantilla del Sistema Nacional de Salud se redujo en 28.500 trabajadores.

A la vez que descendía el gasto sanitario y la sanidad pública sufría un asedio en diversas comunidades autónomas, en enero de 2015 entraba en vigor la subida del IVA sanitario general del 10% al 21%, que afecta a equipos médicos, aparatos de diagnóstico, instrumental sanitario o productos farmacéuticos. Una gota más que se une a la de los distintos copagos sanitarios y farmacéuticos implantados en 2013.

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Además, con este gobierno tampoco han faltado las políticas de última hora antes de disolver las Cortes. Una de ellas, la de ligar el gasto público farmacéutico a la subida del IPC, es “dar un cheque en blanco a las farmacéuticas y no meter mano al asunto, y el asunto es reducir el gasto farmacéutico pero mediante la emisión de genéricos o la licencia obligatoria para la hepatitis C”, añade Gómez. La otra medida, la que permite la desgravación fiscal a los seguros privados de salud, “tiene como objetivo trasladar gente hacia los seguros privados y detraer ese dinero del sector público más tarde o más temprano; es una medida envenenada que va a ser utilizada sobre todo por las clases con niveles económicos más altos”.