Junts Pel Sí (JxS) y el resto de partidos opositores le han atribuido a la figura del todavía presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el prestigio o el agravio de héroe, mártir o víctima, a raíz de la pasada comparecencia en el TSJC por la convocatoria a las urnas del 9 de noviembre de 2014 suspendida por el Tribunal Constitucional. Según la inclinación de unos y otros el líder convergente pasa de delincuente a glorioso paladín en cuestión de segundos.

Cada uno de los acontecimientos que envuelven a Artur Mas se parecen a la mejor de las series de televisión. El capítulo estrella tuvo lugar el pasado jueves 15 de octubre con la imputación de su protagonista el día del aniversario del fusilamiento del expresidente de Cataluña Lluís Companys por el franquismo, el asesinato de un mártir en 1940 que aún no ha sido reparado por el bipartidismo "PPSOE".

Companys, a sus 58 años, fue enjuiciado por un ordenamiento jurídico manejado por la dictadura de un caudillo, dato que Mas, de 59 años, ha sabido rememorar debido a la inmadurez democrática de un gobierno español neofranquista que no ha querido solventar el asunto por la vía política, sino judicial, y que ha sabido hilar inteligentemente las estaciones de su particular via crucis antes de llegar frente a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuyo domicilio postal se encuentra casualmente en el Paseo Lluís Companys.

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Antes de las 9:30, la hora señalada para declarar, una comitiva del gobierno en funciones lo acompañó en la tradicional ofrenda floral al monumento de Companys situada en el Fossar de Santa Eulàlia del castillo de Montjuïc, donde el presidente de la Generalitat republicana fue fusilado. Luego se encaminaron ante su tumba en el Fossar de la Pedrera, en el cementerio de Montjuïc. Al finalizar, desde el Parlament, se dirigieron hacia el TSJC donde 6.000 personas, según la Guardia Urbana, representantes políticos en favor del referéndum como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y 400 alcaldes de 967 ayuntamientos le esperaban para mostrarle su apoyo.

Menos de 80.000 votos

Una de las principales fuentes de debate ha girado alrededor de las casualidades que han favorecido la entronización de Artur Mas. El Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, hijo de un militar falangista, ya dijo que era una fecha lamentable porque fomentaba el victimismo, aunque el Ministro de Justicia Rafael Catalá –que tiene que aguantar su colmo patronímico– señaló que si a Mas lo condenan no quedaría como un mártir, ignorando que el efecto de unos tribunales politizados no amedrenta el soberanismo, sino que lo intensifica, a sabiendas que a día de hoy solo 79.667 de votos separan el independentismo de la mayoría absoluta de votos.

El inmovilismo y las continuas amenazas por parte del gobierno de Mariano Rajoy solo consiguen que se refuerce el entendimiento entre JxS y la CUP hacia una línea mucho más abierta a la desobediencia institucional que intenta imprimir el partido de Antonio Baños y Anna Gabriel. Así lo declaró Artur Mas ante los medios al salir de su declaración en el TSJC cuando se le preguntó por una eventual inhabilitación de su cargo: "Dependerá del momento político en el que llegue". En la misma represiva sintonía de siempre –la anterior fue la aprobación de la reforma del Tribunal Constitucional que permite suspender los cargos electos que no cumplan las sentencias– la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, amenazaba en aplicar el artículo 155 de la Constitución Española con la suspensión de la autonomía de Cataluña, un artículo que curiosamente es conocido por los medios académicos como cláusula Companys.

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La CUP, principal actor secundario en este entramado de la película, también asistió al Palacio de Justicia para brindarle a Mas su apoyo rotundo. Diversas críticas de algunos sectores sociales le cayeron a la candidatura anticapitalista por acompañar al hombre que ha sido el máximo responsable de las privatizaciones, los recortes, la corrupción y que se ha personado sistemáticamente como acusador contra militantes sindicales y clases populares.

Benet Salellas, diputado del partido, aclaró que ellos se consideraban "autores intelectuales del 9N" y por eso tenían que asistir, pero recordó una vez más que "si hubiera sido por CiU la consulta no se hubiera realizado". En este sentido, el interés de la CUP era mostrar su apoyo a una figura institucional que había beneficiado el derecho a decidir y no había obedecido las instancias del TC, caso que no ocurrió el 25 de mayo de 2014 con el multirreferendo prohibido por el Tribunal Supremo, cuando el gobierno de Artur Mas denunció a 500 responsables por desobedecer y poner urnas en la calle en la consulta sobre el pago de la deuda, el proyecto Barcelona World o los transgénicos.

Sombras judiciales

Ante el alud de manifestantes y alcaldes en las escaleras del Palacio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, lanzó un comunicado denunciando "el ataque directo y sin paliativos" a la independencia judicial –demostrando el viejo dicho que la justificación presume la carencia– sin que su instructor Joan Manel Abril se amparase, como marca el protocolo, en el Consejo General del Poder Judicial que se encarga de proteger a los magistrados cuando aparecen presiones que puedan impedir la ejecución independiente de su función. Abril fue elegido juez del TSJC en 2012 por el CGPJ con el aval del consejero y abogado de CiU Ramon Camp Batalla y la posterior aprobación de PSC, ICV-EUiA y ERC.

Algunos no han tardado en rebelar, como señala el periódico independentista catalán El Punt, que el instructor del caso del 9N citó a Mas en el 75º aniversario del fusilamiento de Companys para ayudar al imputado en su estrategia mesiánica, y presionar así a la CUP para facilitar su investidura. Sin embargo, desde otras esferas, según manifiesta el diario digital Público, se aseguró, por presión de la defensa, que la fecha para la declaración judicial de Mas estuviese prevista para el 20 de septiembre, una semana antes del 27S, pero por imposición de Lesmes y tras algunos malentendidos entre estamentos judiciales se optó por elegir de forma urgente el 15 de octubre sin reparar que se trataba de una fecha señalada en el calendario catalán.

Por otro lado, uno de los otros acusadores particulares en la imputación de Artur Mas ha sido el sindicato de ultraderecha Manos Limpias que el mismo día de la comparecencia en los tribunales del president anunciaba la activación para pedir la ilegalización de la CUP. Según su dirigente Miguel Bernad consideran a la CUP "una organización criminal". El sindicato fue el mismo que acusó junto al gobierno de Artur Mas a ocho activistas que tendrán que cumplir tres años de cárcel –si es que no se los indulta– por concentrarse alrededor del Parlament de Cataluña el 15 de junio de 2011, día que se aprobaban los recortes de los Presupuestos de la Generalitat, en el caso Aturem el Parlament.

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En la jornada de ayer, la Guardia Civil, en la tercera fase de la operación Petrum, detuvo en la sede de CDC al tesorero Andreu Viloca junto a cinco empresarios catalanes, entre ellos Jordi Duran, directivo de Urbaser, propiedad de Florentino Pérez, por haber cobrado a través de la fundación del partido CatDem unas comisiones del 3%. Según el periódico de investigación catalán Crític, la fundación ha recibido 2,9 millones en donaciones privadas en los últimos tres años.