Las redes de acogida organizan el tránsito y la estancia de personas refugiadas.
inforelacionada
"Somos ciudadanía ayudando a ciudadanía". La consigna flota en el final de la asamblea de la red Bienvenidxs refugiadxs Madrid. Las personas que forman esta red no son voluntarios, "tampoco trabajamos para el Ayuntamiento", apunta a Diagonal Alicia, una de sus portavoces rotatorias.
El sábado 3 de octubre, varias de estas personas acudieron a la estación de Méndez Álvaro. Unas 30 personas procedentes de Siria acababan de tomar un autobús para llegar a otro país de la Unión Europea que han elegido como su destino. En sus caras lucían sonrisas y gestos de agradecimiento.
Los más mayores saludaban meditabundos a la docena de personas que hasta hace un momento les habían estado ayudando con las maletas, les habían explicado algunos detalles del viaje o simplemente conversaban con ellos. Tres traductores ayudaban en la comunicación. Son poco más de 15 personas que hablan árabe y se turnan para estar presentes en Méndez Álvaro y hacer acompañamiento.
"No podemos seguir trabajando todos los días de 6 de la mañana a 12 de la noche, necesitamos que el Ayuntamiento dedique recursos para traducción"
Es una de las reclamaciones lanzadas al Ayuntamiento desde la red que aún sigue pendiente: "No podemos seguir trabajando todos los días de 6 de la mañana a 12 de la noche, necesitamos que el Ayuntamiento dedique recursos para traducción", explica una de las traductoras en la asamblea celebrada días antes en la plaza de Agustín Lara, en Lavapiés.
Una estudiante de Trabajo Social, Paloma, comenta que ha pasado por allí después de que alguien pasase la agenda de la red a los alumnos de su curso. Otra joven cuenta que está esperando que se ponga en funcionamiento el grupo de apoyo psicosocial, uno de los frentes que aún no están en marcha de manera formal. Desde la red ya están hablando con colectivos como el Grupo de Acción Comunitaria para crear un protocolo y una guía de acción en este ámbito.
Otra de las personas que acuden a Méndez Álvaro es Rabi, un joven de 15 años. "Estoy aquí para echar una mano con las maletas, para jugar con los niños y niñas... Para lo que haga falta", comenta.
Rabi cuenta muy contento que la semana pasada estuvo allí Marta Higueras, concejal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. La concejal visitó la estación a raíz de las quejas alzadas desde la red ciudadana, que denunciaba cómo el protocolo del Samur Social para atender a los refugiados que llegaban a la estación resultaba insuficiente.
"Sólo atendían a las familias con menores o a los enfermos". Después de varias semanas de presión, el Ayuntamiento se ha comprometido a dar alojamiento en los hostales destinados a emergencia social a todos los refugiados que llegan a Madrid, que oscilan entre 80 y 130 cada semana. En la mayoría de los casos sólo se quedan en la ciudad un par de días antes de seguir su camino.
Tras los primeros días de caos, la intervención del Samur Social ha sido correcta, pese a algunos problemas en las primeras horas del jueves, explica Alicia. "Quedan cosas que pulir, como el sitio en el que se alojan, que no es el más apropiado, los tiempos de derivación y la burocracia. Hay veces que han estado cinco horas esperando", señala esta portavoz de la red.
Desde primeros de octubre, la red se ocupa del trabajo de acompañamiento de familias que llegan a Méndez Álvaro. Una de las traductoras nos comenta que poco a poco se va corriendo la voz de que en Madrid hay una red de acogida, pero que muchas familias no saben qué les espera en otra etapa de un camino que comenzó en muchos casos hace más de dos años. Desde la red están estableciendo contactos con iniciativas en otros territorios que les ayudan en los siguientes pasos de su viaje.
Aunque por Asturias no pasa la ruta de tránsito, más de 1.200 personas se han apuntado para colaborar, cediendo una habitación o como traductores o abogados, explica Patricia Simón, de la Red Asturiana de Acogida de Refugiados. "Si no hace falta, perfecto, pero que sepan que está", dice, en referencia al Gobierno del Principado de Asturias, una de las comunidades a la espera del reparto de cuotas que el Gobierno ha demorado hasta noviembre.
Toni Borrell, de la plataforma catalana Stop Mare Mortum, cree que hay que territorializar las acciones y que la acogida se haga desde criterios técnicos. "Por muy buena voluntad que tengan las familias, no tienen formación", indica tras señalar que muchas de estas personas presentan "traumas debido a un viaje tortuoso, han sufrido violencia de género, o son menores con necesidad de apoyo especial".
No es país para refugiados
La mayoría de las personas que pasan por Méndez Álvaro están en situación de tránsito. Muchas menos son las que llegan a España para pedir que se tramite aquí su estatuto de refugiado.
En 2014, España, a pesar de ser país fronterizo y el quinto en población, sólo atendió el 0,95% de todas las solicitudes presentadas en la UE.
Para algunas nacionalidades, como la siria, la posibilidad de que España los admita como refugiados es casi total, señala un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los originarios de otros países, como Nigeria, lo tienen más difícil. Menos del 10% de las peticiones de asilo prosperan, y eso cuando el potencial refugiado consigue acceder al proceso, ya que en muchos casos son expulsados sin que tengan la oportunidad de reclamar el estatuto de refugiado.
Mónica López, portavoz de CEAR, recuerda que "todas las personas que llegan a Méndez Álvaro u otras estaciones en Madrid han renunciado a una cobertura de 18 meses y pernoctan a la espera de que llegue un autobús".
López cree que "habría que preguntar uno por uno por qué no quieren quedarse". A nivel municipal hay poco que decir en cuanto a las personas que piden en España el estatuto de refugiado, que son las que tienen acceso a este programa de ayudas. "Poco que decir porque es competencia del Estado, pero sí pueden jugar un papel en temas como el acceso a la vivienda y a algunos recursos de servicios sociales, que se ven limitados por tiempo de empadronamiento", señala López.
Los recursos destinados a refugiados en España desde el Ministerio de Empleo se traducen en alojamiento, manutención y apoyo durante seis meses
Los recursos destinados a refugiados en España desde el Ministerio de Empleo se traducen en alojamiento, manutención y apoyo durante seis meses y una salida a pisos con apoyo económico. Es un itinerario que dura hasta 18 meses. "¿Es suficiente?", preguntamos a López. "Depende de muchas cosas, empezando por el idioma o sus condiciones emocionales o sanitarias", responde.
"Son condiciones mucho peores que las de otros países de Europa, donde, además, mucha de esta gente ya tiene redes familiares. También hay muchos vacíos de atención en los periodos de espera de la tramitación del estatuto de refugiado", explica Alicia sobre la decisión de la mayoría de los refugiados de no instalarse en España.
"Sin contar con que muchos de ellos vienen de haber pasado un tiempo en los CETI [Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes] de Ceuta y Melilla, que son espacios saturadísimos, al doble o triple de su capacidad, donde no hay programas de atención a la infancia y se separan a las familias", continúa. "Normal que no quieran quedarse aquí después de haber pasado por un CETI".
"Se ha reducido a la mitad el tiempo de acogida, de doce a seis meses. Las personas refugiadas salen de los centros sin que se haya resuelto su solicitud de asilo a un mercado laboral que ya sabemos cómo está", ahonda Patricia Simón.
Niveles superiores
El Gobierno central y las comunidades autónomas aún tienen que poner sobre la mesa el número de personas que permitirán integrarse legalmente en sus territorios. Una negociación que se juega también en Europa, donde las declaraciones solemnes han dado paso a propuestas como la que quieren imponer algunos países, como España, para "escoger", en embudos de tránsito como Lampedusa, a los refugiados a los que concede derecho de asilo.
"En el caso de los sirios, estamos solicitando que se habiliten formas de entrada legales", dice López, quien recuerda que no se están tramitando solicitudes de asilo en las embajadas, lo que aboca a viajar por el Mediterráneo. La solicitud se produce en la frontera o en territorio europeo, y ahí se produce un nuevo embudo, ya que, con el Protocolo de Dublín, la solicitud de asilo limita al Estado que está estudiando el caso.
Los movimientos sociales insisten en la necesidad de cambiar la concepción estrecha de quienes tienen ese "derecho" porque su país está inmerso en un conflicto reconocido, dejando fuera a quienes emigran por otras razones: "Intentamos contrarrestar discursos xenófobos o maquiavélicos que diferencian entre migrantes y refugiados. Hay deberes con todas las personas", sentencia Simón. También en la asamblea de la Red madrileña se subraya la responsabilidad de Europa sobre los conflictos en los países de origen y se exige un cambio en las políticas de fronteras de la UE.
Aunque Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, ha sido más cuidadosa que su colega de Interior, Jorge Fernández –quien habló de "una gotera" para referirse a la entrada de refugiados–, la política de Empleo también se ha volcado en cerrar la muralla a todo tipo de migración.
A la escasa cifra de refugiados que acoge España, se debe sumar la reducción drástica de permisos de trabajo que ha llevado a cabo el PP. Para Borrell, de Stop Mare Mortum, se deben terminar los dobles discursos y llevar a cabo una regularización: "A las personas migradas se les está negando el derecho emancipador a trabajar", concluye.
El Reglamento de Asilo, sin aprobar
En junio de 2013, el Boletín Oficial de la Unión Europea publicaba la Directiva sobre Condiciones de Acogida, uno de los textos a nivel europeo que rigen las ayudas a refugiados. España es el único país de la Unión que aún no ha aprobado el Reglamento de Asilo que desarrolle la norma, fijando los plazos y articulando el proceso de acogida a personas refugiadas.
Frontex cumple diez años
El sistema de vigilancia del mar Mediterráneo, Frontex, será dotado con un presupuesto de 176 millones de euros en 2016, un 54% más que en 2015. Entre las funciones más polémicas de esta agencia, nacida en 2005, está organizar operaciones conjuntas de retorno y determinar si los desplazados son potenciales beneficiarios del derecho de asilo.
comentarios
0