Los movimientos evalúan los cien primeros días de Colau y Carmena

Los primeros meses de los nuevos gobiernos locales de Barcelona y Madrid arrojan luces y sombras, según el análisis desde los movimientos sociales. Primera parte.

23/09/15 · 8:00
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La bajada del precio del transporte es una de las principales demandas a los nuevos gobiernos municipales. / Álvaro Minguito

Los cien días de tregua que se dan a todo nuevo gobierno para que se adapte y comience a aplicar las medidas marcadas en su programa se cumplieron el 13 de septiembre. Los nuevos ayuntamientos han hecho sus valoraciones.

Entre sus equipos se encuentran personas procedentes de movimientos y mareas, por lo que, por primera vez en los últimos años, los municipios conocen de primera mano cuáles son las demandas de la sociedad civil y las propuestas de intervención sobre las ciudades.

Cien días después del cambio en las dos ciudades más pobladas del Estado, preguntamos a distintos colectivos por las distintas intervenciones en áreas como la deuda, la vivienda, el transporte o las operaciones urbanísticas. Por los principales avances, pero también por todo lo que queda por hacer.

Transporte

Primeras propuestas

"Es la primera vez que hay tanta cercanía de un concejal de Medio Ambiente y Movilidad para debatir con la plataforma y la ciudadanía. Las intenciones son buenas; ahora tenemos que ver si se cumplen", dice Francesco Cortese, de la plataforma Madrid en Transporte Público.

El Ayuntamiento, explica, tiene ciertas limitaciones a la hora de tomar decisiones en materia de transporte, como el hecho de que la política de tarifas se decide en el Consejo Regional de Transportes de Madrid, entidad en la que participa también el Ayuntamiento.

Actualmente el Consistorio está estudiando la implantación de una "tarifa social" para el transporte municipal, de la que podrían beneficiarse las personas desempleadas y sus familias, quienes ingresan menos que el salario mínimo y estudiantes.

De momento, el plan está en estudio. Una medida concreta ya aplicada ha sido la gratuidad del autobús que toman los vecinos de Vallecas para acudir al Hospital Infanta Leonor, una antigua reivindicación de los vecinos. Según Cortese, el Ayuntamiento "puede mover ficha", por ejemplo, además de con el abono social, mejorando el funcionamiento de los autobuses, poniendo más carriles y contratando nuevo personal.

Para combatir la polución, Madrid ha anunciado la elaboración de un Plan de Movilidad, que incluirá la potenciación del transporte público, un acceso gratuito al mismo los días de alta polución y medidas de restricción del tráfico. De momento, dice Cortese, "no ha dado tiempo a tomar medidas", y añade que desde el nuevo Observatorio de la Movilidad "estamos organizando varias propuestas para llevar al Ayuntamiento y tratar de que cambie la política medioambiental".

Barcelona

El contrato de la T-Mobilitat a La Caixa es uno de los principales temas de crítica a la gestión municipal en Barcelona. Colectivos como Stop Pujades Transport llevan más de un año cuestionando este nuevo modelo de gestión del transporte, con el que se crea una tarjeta única para el transporte público, pero deja en manos privadas, de La Caixa en concreto, la gestión de este servicio.

Desde Stop Pujades denuncian que la adjudicación del contrato se ha producido de manera opaca y que el proceso, anterior a la llegada de Colau, se ha realizado de espaldas a la ciudadanía.

Antes de las elecciones municipales, Colau puso en cuestión la adjudicación de este contrato a La Caixa, pero a su llegada al Ayuntamiento no ha cambiado la situación, aunque sí se ha trabajado para forzar a Transport Metropolità de Barcelona a publicitar el contrato.

Migración

Pequeños logros

Desde el nuevo Ayuntamiento de Barcelona "hay una actitud de escucha y un intento de abrir un proceso donde se pueda entender con mayor profundidad cuál es la situación de la población migrante", dice Manuel, del Espacio del Inmigrante de Barcelona.

Pero, añade, es necesario que además se abran canales que permitan el desarrollo de propuestas políticas y administrativas que "faciliten de verdad la regularización, el empleo y la disminución de la desigualdad, el racismo y la discriminación".

En lo concreto, Manuel indica que "en estos cien días seguimos esperando que se resuelvan necesidades básicas, como el tema de la tarjeta sanitaria. Una parte importante tiene que ver con el acceso al empadronamiento, porque no hay un empadronamiento sin domicilio fijo, y eso dificulta cualquier proceso posterior".

Alba Cuevas, de SOS Racisme, considera que desde el Ayuntamiento "existe la voluntad de visibilizar luchas y poner en agenda temas muy importantes", como el de los Centros de Internamiento de Extranjeros, e indica que en la reivindicación de cerrar estos centros el Ayuntamiento y Ada Colau "están totalmente abiertos", lo que facilita la futura presentación de una moción para defender este objetivo.

También el hecho de que Barcelona haya impulsado la red de "ciudades refugio" es acogido como un paso importante, aunque "con esto nos damos cuenta de que hay que mejorar aspectos, como la coordinación entre administraciones y el tema de no precipitarse, ya que el querer dar una respuesta ha llevado a que se hagan cosas con precipitación".

Pero uno de los temas que mayores críticas despierta es el de los manteros, después de los enfrentamientos que se han producido en las últimas semanas entre este colectivo y la Guardia Urbana tras la muerte de Mor Sylla en Salou en una redada policial. "Para todos los avances que había podido hacer en el ámbito más social, la actuación policial y represiva es un retroceso. Creemos que ha habido una mala gestión de este tema, y estamos participando en mesas en las que el Ayuntamiento lo ha reconocido y es algo que quieren solventar", indica Cuevas.

Manuel, del Espacio del Inmigrante, también considera que no ha habido una gestión adecuada de este tema, "pero se está hablando con ellos, se está trabajando para detectar cuáles son los causantes de la problemática, y de identificar el papel y el rol que tiene la policía en todo esto". Para Manuel, "existe un elemento importante, y es que cambió el gobierno pero no la policía".

Madrid

En la capital, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la migración están a la espera. "Entendemos que se está empezando a hacer un análisis de las necesidades, y tenemos constancia de que han empezado los contactos, pero ahora hace falta llegar a propuestas y medidas concretas”", dice Irene Carría, de SOS Racismo.

Por su parte, Carmen Cabrillo, de la Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM), indica que "estamos como en positivo, pero también a la expectativa". De momento, esta plataforma ha tenido reuniones tanto con el concejal de su zona como con el de Seguridad, y dicen que la actitud ha sido de "mucha escucha y con la pretensión de hacer cosas".

Desde la Asamblea Madrid Libre de CIE, de la que forma parte SOS Racismo, destacan la presentación, en la nueva plataforma de participación presentada por el Ayuntamiento, de su propuesta de convertir Madrid "en una ciudad de acogida e integración, libre de CIE, deportaciones forzosas y redadas racistas", una propuesta apoyada también por la ASPM y que, de lograr los 53.000 votos necesarios, deberá ser evaluada e implementada por el Consistorio.

Carría sostiene que, además, el Ayuntamiento puede tomar medidas para "ayudar a mejorar la vida y la posibilidad de regularización de las personas en situación irregular".

En cuanto a la participación de Madrid en la red de ciudades refugio, y su decisión de destinar diez millones de euros a este fin, desde la plataforma ServSocial indican que es necesario que "las medidas no se queden en mostrar solidaridad, liberar partidas presupuestarias o promover la cooperación de los ciudadanos, sino que se inste seriamente a Europa y al Estado a dar respuestas integradoras y con la base en los derechos sociales. Sólo desde los derechos, reforzados con cuanta solidaridad sea necesaria, se hacen medidas sociales y se ofrece futuro a las personas. Olvidar esto, cambiar el orden y poner la base únicamente en la solidaridad es aplicar medidas paliativas y benéficas".

Auditoría de la deuda

Contra la deuda heredada

La millonaria deuda municipal de Madrid fue uno de los temas que marcaron la agenda política en los últimos años, también una de las promesas del programa de Ahora Madrid, que metió en campaña la necesidad de hacer una auditoría ciudadana que estableciera qué parte de esta deuda es legítima y cuál no.

Como primer paso, ya en la formación del equipo de Gobierno municipal, la sensación ha sido buena: la persona designada para dirigir la Concejalía de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, es una de las personas que durante varios años han trabajado desde la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda. Ahora, desde el Ayuntamiento, sigue trabajando con este colectivo ciudadano.

"Nosotros, como plataforma, hemos presentado un documento de cómo pensamos que debería ser esa auditoría, y queremos que siempre tenga el apellido de 'ciudadana', que sea la ciudadanía quien controle el proceso", explica Yago Álvarez, miembro de esta plataforma.

Álvarez señala que desde el Ayuntamiento está formando un equipo de funcionarios encargados de organizar la auditoría, y desde la plataforma reclaman que el control de ese equipo se haga desde la ciudadanía, formando grupos sectoriales, temáticos o por barrios.

"Por ejemplo, habría un equipo para llevar a cabo la auditoría de las deudas resultantes de cada uno de los 'elefantes blancos' [grandes infraestructuras infrautilizadas] que tenemos en Madrid, otro para la M30. El Ayuntamiento ha recibido bien esta propuesta, estamos en contacto con ellos continuamente y dentro de poco haremos una rueda de prensa conjunta para explicar más detalles y organizaremos un macroevento al que se invitará a la ciudadanía, con talleres sobre deuda ilegítima, para que de ahí salga un decálogo".

Por lo pronto, desde el Ayuntamiento han anunciado una auditoría sobre una de las más costosas infraestructuras heredadas del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, la Caja Mágica, frente a la demanda interpuesta por FCC, que reclama 32 millones de euros más por la construcción del pabellón.

Barcelona

"El Gobierno de Barcelona en Comú, a diferencia de Madrid, no se ha pronunciado públicamente sobre promover y/o reconocer procesos de Auditoría Ciudadana desde el Ayuntamiento. Sus declaraciones públicas han estado muy centradas en políticas de vivienda, turismo o medidas sociales", explica Enric Pons, de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Barcelona.

"Pero a pesar de no pronunciarse públicamente sobre estos procesos, sí está trabajando para favorecer la fiscalización pública, permanente y abierta de la gestión municipal", añade.

Entre las líneas de trabajo en marcha en el Ayuntamiento, Pons destaca, como medida a corto plazo, la preparación de grupos de trabajo para liberar información.

"Después de estas primeras mejoras, el trabajo pasará por definir cuál es el objetivo a largo plazo, una visión más enfocada a la transparencia radical y al software libre como base de desarrollo colectivo y apertura de datos".

Pons también valora positivamente la crea­ción de la Oficina Anticorrupción y Auditoría Interna, un organismo previsto en el programa de Barcelona en Comú, que está tomando forma con el trabajo del equipo técnico municipal y colaboradores de los movimientos sociales: "Ahora se está definiendo su funcionamiento y los recursos humanos y técnicos que necesitará para su puesta en funcionamiento".

Otra medida menos desarrollada es el Observatorio Municipal Autó­no­mo para Evaluar las Políticas Públicas, que, explica Pons, "podría jugar un papel clave en los procesos de auditoría ciudadana en el futuro".

Este observatorio está planteado como una estructura "lo más ciudadana posible", pero "evitando la precariedad de recursos de los movimientos sociales".

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