Un pueblo de 1.400 habitantes. Una deuda viva –la que se tiene sólo con los bancos y está contabilizada por el Banco de España– de 1,36 millones de euros. Es la situación económica con la que se ha encontrado el nuevo Gobierno municipal de Fresnedillas de la Oliva, en la sierra de Madrid, tras los últimos ocho años de gestión del PP. De hecho, la deuda viva del pueblo, que a 31 de diciembre de 2008 era de 57.000 euros, se ha multiplicado por 23 en tan sólo seis años. Pero la situación es incluso peor. Si a la deuda viva se añade la contraída con otros acreedores, ésta se incrementa hasta los 2,41 millones de euros, según las cuentas presentadas por el nuevo equipo municipal, de Por Fresnedillas, en un pleno extraordinario al que acudieron 120 vecinos el pasado 3 de julio. Detrás de esta situación se esconde un enorme despilfarro en sueldos, dietas, líneas telefónicas, locales de alquiler, etc., explica a Diagonal una fuente cercana al Ayuntamiento, algo que ha llevado al Consistorio al borde de la quiebra.

Fresnedillas no es, ni mucho menos, un caso aislado. A grandes ciudades como Madrid –gallarda campeona estatal de largo con 5.892 millones de euros de deuda viva, según datos del Banco de España de marzo de 2015–, Barcelona –871 millones– o Zaragoza –845 millones– se suman localidades medianas como Jaén –326 millones– o Parla –359– y pueblos como Santa Cruz del Valle, en Ávila, que lidera el ránking de municipios con más deuda acumulada por habitante: sus 414 residentes deben 9.431 euros cada uno, 16 veces más que una persona que viva en Barcelona.

Situación límite

A pesar de que la deuda municipal es una mínima parte de la problemática de la deuda en España (supone apenas el 4% del total del pasivo), la situación en algunas localidades es límite. Los años del café para todos y el desenfreno urbanístico han dejado demasiadas localidades con problemas de presupuesto, y a algunas sin capacidad de maniobra.

"La gente tiene que tomar conciencia de la perversidad de la deuda como mecanismo de sometimiento"

Uno de los casos emblemáticos del despilfarro es el Ayuntamiento de Valencia, del que acaba de ser desalojada Rita Barberá tras 24 años de gobierno, no sin antes haber dejado un pufo de 765 millones de euros. El camino hacia ese endeudamiento ha estado sembrado de megaproyectos, los grandes “hitos del despilfarro”, según los describe a Diagonal Ramón Vilar, nuevo concejal de Hacienda del municipio ahora gobernado por Compromís, Valencia en Comú y PSOE. Destacan un contrato con Ecclestone, con la mediación del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, para la celebración de una carrera de Fórmula 1 en un circuito urbano de Valencia; un “sobredimensionamiento total y absoluto” del proyecto de Marina Real para la celebración de la Copa de América, y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que “no sólo se sobredimensionó, sino que ha habido sobrecostes brutales, de hasta tres veces más de lo presupuestado, con un descontrol absoluto”, dice Vilar. Esto deja a la ciudad en una situación de “dificultad, pero no imposibilidad de atender al gasto corriente de carácter social”, indica Vilar.

Malabares con el presupuesto

Algo parecido ocurre con Cádiz, donde el nuevo Gobierno de la candidatura de unidad popular Por Cádiz Sí Se Puede se ha encontrado una deuda viva de 213,46 millones de euros y una deuda total que supera los 250. Cuarenta de esos millones pertenecen a un solo gasto: la construcción de una tribuna en el estadio Carranza. “Eso ha sido un agravio importante para las arcas municipales, independientemente del altísimo coste que nos ha supuesto a los gaditanos el tener que soportar políticas de publicidad institucional por parte del Ayuntamiento”, indica David Navarro, concejal de Economía, Hacienda y Deuda de Cádiz. La situación dejada por el anterior ejecutivo obligará a Cádiz a realizar “juegos malabares para ver cómo ejecutar nuestras políticas con el remanente presupuestario que vaya quedando” tras pagar a proveedores, préstamos financieros y personal, indica Navarro.

También el nuevo Gobierno municipal de Zaragoza tendrá que hacer frente a un enorme endeudamiento, al ser la tercera ciudad con mayor deuda viva absoluta –845 millones– gran parte de ella herencia del despilfarro de la Expo de 2008 en unas instalaciones que no han sido amortizadas. “Un pabellón puente que costó una barbaridad y ahora no sirve para nada, una torre del agua que también se fue del presupuesto, y el inicial ya era una salvajada, y tampoco está siendo utilizada…”, indica Pilar Imaz, de Zaragoza en Común.

Pero la palma se la lleva Madrid, con una deuda de 5.892 millones de euros, la mayor deuda municipal en términos absolutos del Estado. La etapa de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Consistorio de la capital fue clave para engordar una deuda que en 2013 superaba los 7.600 millones de euros, una cifra siete veces más grande que la registrada en 2002. El soterramiento de la M30 o las grandes obras relacionadas con las sucesivas candidaturas olímpicas, que aún siguen sangrando la economía local, o los alquileres de los espacios de las sedes institucionales –a pesar de tener 800 edificios vacíos en propiedad– son algunos de los grandes agujeros por los que se ha esfumado el dinero madrileño.

Sin embargo, hay una luz al final del túnel, al menos en la mayoría de localidades donde ha cambiado el poder político, especialmente allí donde candidaturas de unidad popular han tomado los ayuntamientos. Y la herramienta para ello es un procedimiento que se encuentra en muchos de los programas de estas formaciones: la auditoría de la deuda municipal.

Llegan las auditorías

“Vemos las cosas con optimismo ya que se han abierto muchas puertas, mientras que antes estaban cerradas a los grupos y observatorios ciudadanos que se habían formado para trabajar una auditoría allí donde se habían creado”, explica Alfredo Sánchez, integrante de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) en Madrid. El nodo en el que participa está ultimando una propuesta para la ciudad que en breve presentará al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, quien hasta hace poco también participaba en la PACD y en el Observatorio de la Deuda en la Globalización. No es el único consistorio que prepara una auditoría: “Nos están llamando de muchos ayuntamientos para pedirnos consejo”, cuenta Sánchez.

Santa Cruz del Valle, en Ávila, lidera el ránking de municipios con más deuda acumulada por habitante: 9.431 euros

La finalidad de todo proceso de auditoría ciudadana de la deuda es analizar las cuentas, partida a partida, “para ver qué uso se le dio a ese dinero, si era un fin legítimo que partía de unas necesidades de la población o no, y quién se ha beneficiado de ello”, indica el integrante de la PACD. Además, desde la Plataforma inciden en que, en contraposición a una auditoría promovida desde las instituciones o grupos de poder, el proceso debe ser ciudadano y participado, con una población que se empodere y decida por sí misma si un gasto es legítimo, lo que requiere un trabajo previo para decidir qué lo es y qué no. Todo ello finalizaría con la quita de toda la deuda considerada ilegítima –además de la ilegal, ya que en ciudades como Madrid desde la PACD consideran que hay “serios indicios de ilegalidad en grandes desviaciones del gasto en operaciones como la M30 o el traslado del Ayuntamiento al Palacio de Cibeles–.

Por su parte, Mercedes Estébanez, del nodo de la PACD en Badalona, incide en que “los ayuntamientos sólo deberían jugar un papel muy concreto, básicamente poner recursos como locales para reunirse y espacios para informar de este tema. Es decir, facilitar que desde la ciudadanía se pueda tratar el asunto”. La independencia es crucial para ella, ya que “el proceso es a largo plazo y no puede depender de si tienes un gobierno más afín o no”.

La deuda en tu barrio

La pata ciudadana de toda auditoría debería, para la PACD, integrar dos niveles: uno territorial y otro sectorial. El primero bajaría la discusión a territorios más manejables para la población: “Un ciudadano a lo mejor no tiene capacidad para entender todo el presupuesto de una macrociudad como Madrid, pero sí para ver cómo se ha gestionado el gasto en su distrito o barrio”, aporta Sánchez. El segundo nivel haría que organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales orientados a temas específicos, “expertos en temas como medio ambiente, urbanismo o transporte”, asesoraran a los técnicos. “Planteamos que se formen mesas sectoriales de participación formadas por personas voluntarias que conozcan un sector concreto y que éstas guíen el trabajo de los técnicos”.

El proceso de auditoría debería incluir también la depuración de responsabilidades en todos aquellos procesos en los que personas o empresas se han enriquecido, que en el caso español es principalmente la banca, seguida de grandes constructoras. Un ejemplo: el Plan de Pago a Proveedores es la línea de crédito que el Gobierno abrió en 2012, de la mano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ofrecer una vía de financiación a los ayuntamientos menos saneados y que pudieran así hacer frente al gasto corriente. “Sólo con eso la banca ha ganado más de 1.000 millones de euros”, destaca Sánchez, al no permitir el Tratado de Maastricht que el Banco Central Europeo preste dinero directamente a las administraciones públicas, obligándolo a poner el dinero en circulación a través de la banca privada. “Entendemos que nuestros dirigentes han construido una Europa que piensa más en la banca que en las personas. Simplemente cambiando ese artículo podíamos haber ahorrado mucho dinero a los ciudadanos”, añade.

Pero la PACD pone el acento en la dimensión educativa del proceso: “La gente tiene que tomar conciencia de la perversidad del sistema de deuda como mecanismo de sometimiento. La auditoría debe servir para cambiar el sistema, no nos vale con poner las cuentas a cero”, expone Sánchez.

Auditorías en marcha

Con respecto a la deuda, Valencia ya ha tomado su primera decisión. Aparte de haber empezado ya a renegociar con los bancos, el concejal de Hacienda explica que desde el Ayuntamiento han tomado la decisión de “no pagar ni un euro a corto y medio plazo” de los 424 millones que el Consorcio de la Marina Real –que tiene un 25% de participación del Consistorio, un 25% de la Generalitat y un 50% del Estado– debe, fundamentalmente al ICO. “En primer lugar queremos aclarar las cuentas exhaustivamente, y lo segundo es que aquí debe dinero mucha gente; primero que pague el Estado, que tiene la participación mayoritaria”, aclara Vilar.

El proceso de auditoría de la deuda debería incluir también una depuración de responsabilidades

Además, en la ciudad levantina ya se han previsto varias auditorías de la deuda: una desde el propio Ayuntamiento, otra a través de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat y una tercera que audite contratos específicos con empresas. Para ello, el 3 de julio la Junta de Gobierno decidía crear un servicio específico de auditoría. La auditoría ciudadana, sin embargo, no está prevista. “Yo lo que quiero es que los ciudadanos tengan acceso a la información con transparencia, pero la auditoría la deben hacer auditores”, dice Vilar, que añade que si de estos exámenes “surgiera algo, y siempre con criterios técnicos y legales, nos plantearemos no pagarla de la misma manera que nos hemos planteado ya que la del Consorcio de Marina Real no la vamos a pagar”.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz sí tienen la intención de incorporar de alguna manera la participación ciudadana. “Queremos recopilar todos los datos que no están incluidos en los presupuestos municipales, recabar todas las memorias, el desglose financiero de todas las sociedades municipales, para luego hacer una auditoría con la ayuda ciudadana”, indica David Navarro, que añade la posibilidad de declarar una parte de la deuda ilegal o ilegítima una vez se haya concluido la auditoría. “Es una posibilidad que estamos barajando”.

En Zaragoza, Pilar Imaz señala que en primer lugar se hará una auditoría interna por parte del Ayuntamiento para determinar cuál es la situación económica exacta. “Es el primer paso hacia una auditoría más completa”, afirma, para la que pretenden crear una comisión formada por personas de Zaragoza en Común, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y la ciudadanía. A partir de ahí, determinarán si es necesario exigir responsabilidades o tomar medidas de otro tipo.

También en el pequeño pueblo de Fresnedillas de la Oliva, ante una situación que ha llevado al nuevo equipo de gobierno a una absoluta falta de liquidez que ha obligado a eliminar sueldos y dietas de concejales, suprimir alquileres de locales y revisar facturas y contratos para recortar gastos, se ha anunciado la realización de una auditoría no sólo para conocer cuál es la deuda no bancaria, sino también para entender cuál es el origen de lo que se adeuda. Algo similar hizo ya el Ayuntamiento de El Boalo, también en la sierra madrileña, donde, tras la llegada en 2011 de un cuatripartito (PSOE, IU, Soy Vecino y JPB) al Gobierno municipal, se encargó una auditoría sobre la gestión del PP de 2006 a 2011, que había dejado una deuda de 8,5 millones de euros en este término municipal de 7.000 habitantes. El resultado, y una denuncia por parte del nuevo Ayuntamiento ante Anticorrupción, llevaron a la imputación, el pasado 23 de abril, de la exalcaldesa de esta localidad y a los miembros de las juntas de gobierno de las legislaturas de 2003-2007 y 2007-2011.

Este gasto es ilegítimo

En Badalona, primer municipio del Estado que declaró mediante una moción parte de la deuda ilegítima, también están preparando una auditoría. A pesar de la revolucionaria moción, “no hubo voluntad política para no pagar”, recuerda Mercedes Estébanez, de PACD Badalona. Sin embargo, la llegada a la Alcaldía de Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú, abre la puerta a que haya “una voluntad política de poner todos los recursos para fomentar que se haga”. Actualmente, Consistorio y PACD están iniciando una serie de reuniones para materializar ese proceso en una auditoría de la deuda, que desde la Plataforma esperan sea ciudadana y desde el Consistorio plantean como “modelo mixto, interno y externo al Ayuntamiento, con una gran labor de explicación de la estructura de los presupuestos y haciendo partícipe a la ciudadanía en tareas de control sobre los mismos”, tal como indica el primer teniente de alcalde de la localidad, Àlex Mañas.

También Madrid está preparando procesos de auditoría y revisión de acuerdos con empresas. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, anunció recientemente que se revisarían todos los contratos de servicios públicos –los llamados contratos integrales– casi todos ellos en manos de un puñado de grandes corporaciones afines al anterior gobierno popular. Ya que muchos de ellos han sido blindados por muchos años, el plan del Consistorio es exigir que se cumplan las condiciones escrupulosamente, para lo que realizará inspecciones periódicas sin previo aviso. Si éstas no se diesen, un incumpimiento de los pliegos de condiciones implicaría una posible renegociación del contrato o incluso la pérdida de la subcontrata por parte de una empresa, lo que abre la puerta a posibles remunicipalizaciones. Respecto a una auditoría, el programa de Ahora Madrid recoge la intención de “llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda municipal bajo control técnico y social”, algo que Sánchez Mato ha asegurado que se realizará. Alfredo Sánchez, del nodo madrileño de la PACD, ha confirmado a Diagonal que la Plataforma está ultimando “un modelo de participación ciudadana que se pueda extender a todos los barrios de Madrid y por el que todo el mundo que quiera participar tenga la posibilidad de hacerlo” que va a presentar en breve al nuevo Ejecutivo local. “Parece que hay voluntad de hacer la auditoría ciudadana, pero claro, no sabemos si están dispuestos a llegar hasta donde nosotros estamos dispuestos”, concluye.