Aún con los resultados frescos de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, podemos asegurar que la apuesta municipalista se ha consolidado con voz propia en el denominado ciclo de asalto institucional.

Durante los últimos meses se han venido cociendo a fuego lento los acuerdos, las primarias y los programas para construir unas candidaturas ciudadanas democráticas que –ciudad por ciudad, pueblo a pueblo– profundizasen en nuevas fórmulas de organización y creación política que respondiesen a los tejidos sociales y políticos concretos de cada localidad.

Sin duda, los resultados obtenidos en muchas capitales responden en buena medida a la capacidad multiplicadora que han propiciado estos procesos. Su primer gran acierto fue lograr acuerdos de mínimos que saneasen el espacio político y reavivaran el impulso y la ilusión que se despertó tras las elecciones europeas de hace un año.

Como consecuencia toca afrontar dos grandes retos que podrán decantar el futuro inmediato de estas apuestas. En primer lugar se deberán estabilizar las posiciones políticas que den continuidad al proceso de apertura política iniciado en estos años. No debemos olvidar que la función institucional se construye con la intención de provocar un proceso constituyente y de radicalización democrática que consolide políticas de democracia directa y de reparto de la riqueza.

Para ello habrá que ser especialmente cautelosos en aquellos lugares donde las opciones de gobierno son claras, pues de ellas dependen la estabilización de estas apuestas y la configuración de opciones donde se conserve lo sustancial de los ambiciosos programas políticos que estas candidaturas han desarrollado en estos meses.

En segundo lugar, ello sólo será posible si el ejercicio institucional está acompañado de un fortalecimiento generoso de iniciativas sociales y políticas autónomas, de movimiento. La capacidad de las mismas de seguir los pasos, dirigir y controlar los destinos de una revolución democrática que –para que se produzca– debe exceder, por los cuatro costados y por medio también de las luchas sociales, la temporal centralidad de la función electoral-ins­titucional.

Con esto nos referimos a que aquello a lo que denominamos ciudadanía debe tomar forma –todo lo variada, diversa y anómala que se quiera– y aparecer como sujeto múltiple, pero potente, capaz de estirar y dar forma a las posibilidades del futuro más inmediato.

Sobre esta coyuntura es central el hecho de que lo local-municipal tome una especial relevancia. De alguna manera, el campo de especialización de las apuestas municipalistas es revertir el ciclo regional-autonómico del Régimen de 1978, priorizando la necesidad de redimensionar las escalas de gobierno y poner en el centro de las relaciones políticas el ámbito municipal.

En el horizonte de esta reclamación municipalista está la Ley de Régimen Local de 2013, que impone todo lo contrario, entrampándonos en una incongruente retórica de la descentralización para las autonomías y centralismo de hierro para los ayuntamientos. Será una misión fundamental para todas aquellas experiencias municipalistas que quieran consolidar un proceso de democratización municipal con buenos márgenes de maniobra acabar con el austericidio y la pérdida de responsabilidades que sufren los ayuntamientos.

Para que este nuevo protagonismo local, apuntalado por un nuevo modelo de participación social y política, tome cuerpo, será necesario que lo mejor de las apuestas municipalistas, que ya hoy son una realidad, comiencen a coordinarse y a cooperar. Compartir saberes y propuestas, experimentar nuevas políticas públicas en el marco local y dotarse de herramientas comunes de intervención garantizarán que el ciclo municipal no se convierta en una corriente de procesos aislados por su localismo, sino que componen relaciones y profundizan en un marco común de trabajo.