Las elecciones municipales en Valencia arrojan unos resultados rupturistas, en los que el Partido Popular se desploma –de 20 concejales en 2011 a 10 en 2015– y el PSOE/PSPV continúa su decrecimiento electoral –de 8 a 5 representantes en el consistorio– a favor de Compromís (de 3 ediles a 9) y en el que la nueva formación Valencia en Comú se estrena con 3 concejales, dejando los 6 de Ciudadanos en estériles de cara a un posible pacto conservador. La formación EUPV-EV-ERPV-AS:AC se queda fuera del consistorio valenciano por apenas un 0.29% de votos al quedarse en un 4.71%, perdiendo los dos ediles obtenidos en las municipales de 2011.

Unos resultados que llegan tras una campaña protagonizada por las múltiples muestras de señalización y denuncia de la opacidad de las instituciones hasta ahora copadas por el Partido Popular. Una movilización contra la corrupción llevada a cabo por los partidos que concurrían a las elecciones, pero también por los múltiples agentes y colectivos sociales que se han movilizado contra las políticas neoliberales del territorio valenciano.

Tanto en la ciudad de Valencia como en la Generalitat Valenciana, toda vez constatada la incapacidad matemática de la derecha neoconservadora para alcanzar pactos de mayoría, surge un nuevo escenario político caracterizado por la necesidad de pactos entre partidos. Unos pactos que tienen que surgir fruto del diálogo entre las fuerzas de izquierdas con representación institucional –Compromís y Valencia en Comú/Podemos- y un PSPV-PSOE que debe querer apoyar la formación de gobiernos rupturistas con la dinámica bipartidista que la heterogeneidad del voto parece romper. No apoyar gobiernos de coaliciones progresistas con la vista puesta en un giro de 180 grados en políticas sociales –educativas, sanitarias y de vivienda- y de auditoría de la deuda pública implicaría una condena a la socialdemocracia institucional de cara a los comicios generales.

Aparece por tanto entre las fuerzas políticas mencionadas una necesidad de diálogo en el Ayuntamiento y en la Generalitat en busca de la estabilidad gubernamental. Sin embargo, parece notable que este consenso necesario surge centrado en el diálogo de la necesidad: la del 31.7% de la población en riesgo de exclusión social en una región que ha sido de las más golpeadas por el drama del crecimiento de la desigualdad en diferentes ámbitos –desempleo de larga duración y ausencia de prestaciones, pobreza energética, dificultades educativas, exclusión sanitaria o directamente ausencia de domicilio–, y la de los servicios sociales destruidos por el dogma neoliberal y las redes clientelares surgidas a su calor.

El papel de los diferentes agentes y colectivos sociales deberá resultar crucial en este nuevo horizonte institucional, guiando en buena medida el devenir de los futuros gobiernos de coalición. La ciudadanía ha habló ayer en las urnas, pero los futuros dirigentes deben recordar que lleva cuatro años hablando a través del resto de cauces de participación democrática.