Financiación de partidos
En busca de las cuentas claras

Las últimas modificaciones relativas a la financiación de partidos han dejado demasiadas zonas de sombra.

, Redacción
05/05/15 · 8:00
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Cómo erradicar que intereses particulares, a golpe de talonario y sin haber sido votados por nadie, se conviertan en actores políticos a través de la financiación de partidos. Es uno de los retos a los que se enfrenta el sistema democrático actual, tras escándalos tan sonados como el de la financiación ilegal del Partido Popular. A pesar de los recientes cambios legislativos, con la aprobación el pasado 30 de marzo de la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, el modelo actual tiene muchos puntos negros y deja demasiadas puertas abiertas a que el poder financiero tenga capacidad de influencia y decisión sobre la política que llevan a cabo los partidos, y por ende, los gobiernos. Así, la altísima ratio de subvenciones otorgadas –tres veces más cuantiosas que en Francia y cuatro más que en Alemania–, el inmenso nivel de endeudamiento y la dependencia de la banca y grandes corporaciones son algunas de las asignaturas pendientes.

La rabia que provocó el indulto a Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander y entonces mano de derecha de Emilio Botín, en noviembre de 2011, llevó a un grupo de ciudadanos a crear Cuentas Claras, un colectivo que trabaja por una mayor democratización de las formaciones políticas y más transparencia en sus finanzas. Para esta organización, “un partido que dependa mayoritariamente de las aportaciones de sus militantes reduce la posibilidad de verse sometido a intereses antidemocráticos”. Para ello, proponen un mayor empoderamiento de las bases a través de, por ejemplo, incentivos fiscales, y una limitación del recurso a la deuda y las subvenciones. 
 
Miguel Ongil, uno de los fundadores del colectivo, coautor del libro Qué hacemos para contar con medios de control democrático de la financiación frente a la corrupción de los partidos (Akal, 2013) y actual responsable de Transparencia de Podemos, destaca que una de las bases para cambiar la estructura de financiación actual es “recuperar un poco ese partido de masas del siglo pasado, aumentando el peso de las cuotas y las aportaciones militantes y limitando las subvenciones, lo que conseguiría que la financiación sea más propia, más participada y más dependiente de la base social”. Los afiliados se convertirían así en el primer nivel de control de la financiación. Asimismo, resalta que la transparencia en este sentido es crucial: “No puede permitirse que un militante sea expulsado del partido por preguntar demasiado sobre las cuentas, como ocurrió el año pasado en el PP de Valencia. Los partidos deben dotarse de mecanismos para asegurar que cualquiera que pregunte pueda ver hasta el último céntimo”.
 
Para Elisa de la Nuez, abogada del Estado y promotora del llamado Manifiesto de los 100 por una nueva ley de partidos, publicado en 2013, lo primero es “evitar la captura de los partidos políticos por intereses privados particulares vía financiación irregular o intercambio de favores”, lo que, según apunta, “suele ser lo mismo, normalmente dinero”. Para ello, junto al control de la financiación, “habría que reforzar la transparencia en lo que se refiera a las donaciones de particulares o personas privadas”, expone.
 
Una de las grandes asignaturas pendientes es el altísimo nivel de endeudamiento al que llegan las formaciones políticas. Desde Cuentas Claras abogan por una limitación del recurso a la deuda. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa, ha recomendado al Estado español en varias ocasiones que se limite el recurso a la deuda, pero se le ha hecho caso omiso. En 2011, último año del que hay datos, 21 partidos debían casi 271 millones de euros a entidades de crédito.

Soberanía robada

“De muy pocas manos, en este caso de entidades bancarias, depende el poder seguir pagando nóminas, o entrar en quiebra técnica. Si esto depende de dos bancos, se genera corrupción y además estás extrayendo la soberanía de la gente que ha votado a ese partido y se la estás dando a un banco. Es una disfunción gravísima de la representación”, apunta Ongil. “Hay que establecer una especie de techo de gasto, de manera que se tasen los gastos electorales que se pueden realizar”, apunta por su parte De la Nuez, quien aboga además por “ordenar las subvenciones que perciben procedentes de distintas administraciones, dado que no sólo reciben subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado, para conocer en detalle cuánto dinero público reciben en total”.
 
El modelo alemán, referente europeo del mixto público-privado (frente al privado anglosajón), puede aportar algunas soluciones, ya que, en él, el dinero público que reciben las formaciones depende del flujo privado que registran, lo que supone un incentivo para que se declaren todas y haya un mayor equilibrio entre la financiación pública y la privada. Además, Ongil destaca que ese sistema no diferencia los gastos electorales de los de funcionamiento, como ocurre en España, lo que implica algunas ventajas: “En vez de endeudarse con los bancos para la campaña electoral y confiar en tener un resultado óptimo para obtener las subvenciones, obligas a los partidos a ahorrar una partida año a año”.
 
Otro sistema de financiación que puede aportar al debate es el italiano, que desde 2013 está suprimiendo gradualmente la financiación directa por parte del Estado a los partidos. Los fondos llegarán ahora mediante donaciones particulares, que se fomentan mediante exenciones fiscales, y las declaraciones de la renta. Desde el ejercicio fiscal de 2014, los ciudadanos pueden derivar hasta el 0,2% de su contribución a los partidos que hayan conseguido al menos un escaño en las últimas elecciones. “Le estás sustrayendo la decisión de poner tu dinero a las instituciones y se la estás dando a la gente, eso siempre es bueno”, apunta Ongil. 
 
Para mejorar las fiscalización en un sistema como el español, con financiación mixta público-privada pero con preponderancia de la pública, los mecanismos de control deben ser, a juicio de De la Nuez, “idénticos por lo menos a los que existen en general para el control de fondos públicos para otras entidades de base privada”. Así, en opinión de esta jurista, “habría que avanzar mucho en materia de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso que se da a esos fondos públicos e incluso sobre los procedimientos de contratación interna de los partidos”.
 
Otra medida positiva sería esclarecer en la legislación el alcance de delitos como la falsedad documental o el cohecho. “Desde que en 2012 aparece tipificada la responsabilidad societaria, los partidos pueden ser imputables, pero eso no se puede hacer efectivo si no hay información de las finanzas”, explica Ongil, que critica además cómo se ha tipificado la financiación ilegal de partidos, que no existía hasta este año: “Permiten unos márgenes tan amplios que ni siquiera a los de la Gürtel se les podría acusar”.

Agujeros negros

La principal puerta por la que se cuelan las grandes donaciones son las propias fundaciones de los partidos, supuestamente sin ánimo de lucro. “La normativa sobre financiación de fundaciones debe ser tan estricta como la relativa a la financiación de los partidos”, apunta De la Nuez, que hace especial hincapié en la necesidad de transparencia para evitar que aquéllas no sean una tapadera para las formaciones políticas. 
 
En 2012 se eliminó el límite de donaciones que pueden recibir, así que lo que ha terminado de cerrar la nueva ley es recanalizar todo este tipo de relaciones por la vía de las fundaciones en vez de directamente a los partidos”, explica Ongil. A pesar de que las fundaciones no pueden, en teoría, financiar a sus formaciones políticas, “hay convenios entre unas y otras que se saltan toda la normativa, y es legal”. La nueva ley también prohíbe otra vía de manipulación que podrían utilizar entidades financieras: la condonación de crédito. Sin embargo, hay letra pequeña. “Hay un área de interpretación para calcular el área de condonación”.
 
Por último, son conocidas las limitaciones del Tribunal de Cuentas (TC) como garante del régimen sancionador ante irregularidades. “La imposición de sanciones a los partidos o la asunción de algún tipo de responsabilidades jurídicas es absolutamente infrecuente y el TC es muy comprensivo”, opina De la Nuez. Hasta ahora, relata la jurista, “se po­dían incumplir las normas de financiación de partidos sin ningún tipo de consecuencia” y las insuficiencias en el control por parte del TC “han sido muy evidentes en los últimos años, debido básicamente a la propia politización del organismo y a la falta de normativa adecuada”. Por tanto, para ella este punto es la gran asignatura pendiente para comprobar la credibilidad de la nueva normativa sobre partidos. “En esta ley se establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones, pero su imposición y exigencia efectiva sigue estando en manos del Tribunal de Cuentas cuyos problemas de politización y de falta de efectividad siguen intactos”, recuerda.
 
“Llevamos años diciendo que el TC no debe ser el único mecanismo de control”, denuncia Ongil, ya que se puede recurrir al control ciudadano y a las auditorías externas, entre otros métodos. “El TC tiene más funcionarios elegidos a dedo que los que han hecho carrera. Actualmente no tiene poder para hacer la función de inspección”, concluye.
 
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