Las últimas modificaciones relativas a la financiación de partidos han dejado demasiadas zonas de sombra.

Cómo erradicar que intereses particulares, a golpe de talonario y sin haber sido votados por nadie, se conviertan en actores políticos a través de la financiación de partidos. Es uno de los retos a los que se enfrenta el sistema democrático actual, tras escándalos tan sonados como el de la financiación ilegal del Partido Popular. A pesar de los recientes cambios legislativos, con la aprobación el pasado 30 de marzo de la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, el modelo actual tiene muchos puntos negros y deja demasiadas puertas abiertas a que el poder financiero tenga capacidad de influencia y decisión sobre la política que llevan a cabo los partidos, y por ende, los gobiernos. Así, la altísima ratio de subvenciones otorgadas –tres veces más cuantiosas que en Francia y cuatro más que en Alemania–, el inmenso nivel de endeudamiento y la dependencia de la banca y grandes corporaciones son algunas de las asignaturas pendientes.
Soberanía robada
Agujeros negros
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