Eloi Badia
experto en agua y número 12 de la lista Barcelona en Comú
“Recuperaremos el control ciudadano de la gestión del agua”

La privatización del agua en Barcelona, una pesada herencia

19/04/15 · 8:00
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Durante 140 años, la empresa privada Aguas de Barcelona (Agbar) realizó el suministro a la Ciudad Condal sin que mediase ningún tipo de contrato, comenta Eloi Badia, experto en agua y número 12 de la lista Barcelona en Comú. En 2010, una sentencia judicial y una serie de investigaciones periodísticas lo confirmaron. Dos años después, se cerró sin licitación pública una “adjudicación exprés” que convirtió a Agbar en socia mayoritaria de una empresa público-privada. Una corporación, añade Badia, fundamentada en condiciones “que sólo favorecen a la empresa”, producto de una concesión plagada de irregularidades, en las que “no se ha tenido en cuenta los intereses generales”, según constató la Oficina Antifraude. Una concesión, además, blindada hasta 2037. La revisión del contrato con Agbar y la remunicipalización del agua es una de las propuesta estrella del partido que lidera Ada Colau, favorito para las elecciones de mayo.

¿Qué consecuencias tiene una gestión del agua privatizada?

El proceso de creación de la empresa mixta llevó a un aumento en el recibo de 63 euros al año por familia. Aparecen cánones concesionales del área metropolitana que paga la ciudadanía por valor de 20 millones de euros de los que no se sabe el destino. Uno muy curioso es el “canon de conocimiento”: para acceder al conocimiento de una empresa que venía gestionando el agua desde el siglo XIX tenemos que pagar cinco millones de euros.

¿Se producen más cortes del suministro por impago?

El recibo en Barcelona es casi el doble que en el Prat de Llobregat, que tiene una gestión pública, eso inevitablemente dificulta el acceso. Si, además, el Ayuntamiento no tiene potestad para decir si se corta o no el servicio, tu capacidad de incidencia va a ser menor. En 2012 se pasó de unas 30.000 cartas de aviso a más de 70.000, con unos 30.000 cortes de agua anuales en la zona metropolitana. Desde ese día, la información está completamente oculta. Sin embargo, cuando analizas en el informe de tarifas los ingresos por gente que no puede pagar, hay un recargo de 10 euros por cada impago. Hablamos del orden de cinco millones de euros, por lo que ha habido 100.000 cartas enviadas por impago, aunque no sabemos cuántos terminan en corte.
 

Si el contrato no tiene base jurídica se puede impugnar. No puede ser que una irregularidad te hipoteque 35 años

¿Qué irregularidades se cometieron en la creación de la empresa mixta?

Hay una cosa que llama mucho la atención: se valora la aportación de las empresas públicas de saneamiento en 50 millones de euros. Cuando se pregunta cuál ha sido la inversión en saneamiento en los últimos años en el área metropolitana, resulta que es del orden de casi 1.000 millones de euros. Tú has hecho una inversión de 1.000 millones de euros y ¡luego valorizas esa inversión en 50 millones! Y ello redunda en la estructura de la empresa mixta, que será de 85% para Agbar y el 15% para el Área Metropolitana de Barcelona.

¿Cómo se plantea Barcelona en Comú la remunicipalización?

El primer paso va a ser una profunda investigación de cuál es la situación del servicio, cómo ha sido esta privatización reciente. Y si se constatan irregularidades y el perjuicio a la ciudadanía, se revertirá el proceso en la medida de lo posible y recuperaremos el control ciudadano de la gestión. La voluntad es inequívoca y sigue formando parte del programa electoral y de la agenda.

¿Este contrato dificulta la remunicipalización?

Ahora hay sobre la mesa cuatro contenciosos-administrativos. Está claro que si se trata de un contrato que no tiene base jurídica se puede impugnar. No puede ser que una irregularidad te hipoteque la legalidad 35 años. No se puede adjudicar el agua de forma irregular y luego decir que, como ya se ha hecho, aunque sea irregular, eso prevalece. Lo que prevalece es la legalidad.

¿No se descarta romper el contrato?

No, claro. Cuando Berlín remunicipalizó el agua, la ciudadanía decidió en una consulta que quería gestionarla por sí misma, que no quería externalizarla a una empresa privada. Resulta claro que todas estas irregularidades pueden ser atenuantes para una menor indemnización.

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