Códigos éticos, propuestas de transparencia, relevo en los partidos y en la jefatura del Estado, debate sobre la Constitución… Acaba estos días un año en el que partidos e instituciones han tenido que reaccionar ante un agravamiento de la crisis del régimen. Además, con dos citas electorales a la vista. “Estamos en una situación en la que los partidos tradicionales se ven atrapados entre los votos que aún les quedan, que les van a ser fieles y a los que no quieren fallar, y los que han perdido y quieren recuperar; hay una contradicción entre lo que quieren los dos electorados”, comenta para Diagonal el politólogo Jorge Galindo. Esto –afirma– se produce “en un marco en el que estos partidos, al igual que en el resto de Europa, han estado perdiendo pie y su reacción ha sido tardía, lenta y aparatosa”.

El pasado agosto, el PP presentaba un documento para responder “a la necesidad de nuestro sistema de fortalecerse”. En él, proponía una serie de medidas de “regeneración democrática” encaminadas a controlar las cuentas de los partidos, facilitar el acceso a su información o endurecer el Código Penal en la lucha contra la corrupción. En opinión de la politóloga Marisa Pérez Colina, “no se trata de que los políticos profesionales se porten bien por naturaleza, como se plantea en los códigos éticos, que ponen el acento en la exigencia de comportamientos honorables, sino de generar unas condiciones de organización de lo social que les obliguen a ser éticamente responsables con el uso de los bienes y recursos comunes”. Para Pérez Colina, estas medidas de regeneración son “un intento de salvar un edificio que se derrumba remodelando la fachada, cuando lo urgente, necesario y reclamado de forma muy generalizada por la ciudadanía es un cambio en la estructura del edificio”.

Ante casos como Gürtel, Noos o la Operación Púnica, los partidos y la monarquía responden en muchas ocasiones como si la corrupción fuera responsabilidad de unas pocas personas malintencionadas, obviando la posibilidad de que el diseño del sistema permita o pueda incentivar comportamientos irregulares. “Hay muchas contradicciones y ejercicios de cara a la galería”, señala a Diagonal el politólogo Víctor Lapuente, quien pone como ejemplo “especialmente preocupante” el mensaje de mano dura contra los corruptos. “Esto refuerza la visión de que la corrupción es una cuestión de manzanas podridas que hay que castigar, cuando sabemos que lo que funciona para luchar contra la corrupción no es tanto una buena estrategia punitiva como una buena prevención”. Según su análisis, “es en el cesto, y no en las manzanas, donde hay que poner el énfasis”.

Además de propuestas de reforma, el momento también exige cambios en las tarjetas de presentación. Personajes políticos protagonistas hace un año, como Alfredo Pérez Rubalcaba o Juan Carlos de Borbón, ya no lo son en el inicio de 2015, y otros dejarán de serlo. La proclamación de Felipe VI, la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, las candidaturas de Alberto Garzón y Tania Sánchez en IU o la posibilidad de que Mariano Rajoy no sea candidato a la reelección apuntan a un relevo generacional con el que distanciarse de la llamada “vieja política”.

En su proceso de adaptación al nuevo escenario, los partidos también han ido abriendo –aunque sin concretar mucho sus posiciones– el debate sobre la reforma de la Constitución. Principalmente por la necesidad de dar respuesta a la iniciativa soberanista impulsada desde Catalunya, que en 2014 vivió un punto de inflexión con la celebración de una consulta popular el 9 de noviembre. Una semana después, la dirección del PSOE aprobó en Zaragoza un documento titulado Un nuevo pacto ciudadano. Por la reforma constitucional, la regeneración democrática y el fortalecimiento de los derechos y libertades, en el que propone un modelo de Estado federal.

Reforma federal

“Hace ya mucho tiempo que se oye la idea de una reforma federal y es cierto que el PSOE ha avanzado sobre el papel”, indica Lapuente. “Pero la pregunta es: ¿habrá valentía en el PSOE o en el PP para enfrentarse a los barones regionales que tengan un incentivo electoral a corto plazo para oponerse a lo que puede verse como una ‘concesión a los catalanes’? Parece muy difícil”.

Algunos análisis consideran que la corrupción, el descrédito de los políticos y el problema del encaje de Catalunya en el Estado son síntomas de una crisis del régimen del 78 que pueden acometerse al mismo tiempo. Galindo rechaza esta equiparación: “Los problemas que llevan a una situación de corrupción demasiado habitual en Madrid y en Barcelona son los mismos y su origen no tiene absolutamente nada que ver con la relación entre España y Catalunya. En su opinión, son dos problemas distintos cuya solución no tiene por qué estar relacionada. “Creo que hay que cambiar la Constitución para moverse hacia un modelo republicano o para cambiar la relación de Catalunya y España, pero no creo que la Constitución tenga nada que ver con la corrupción”, concluye Galindo, editor de la web Politikon.

El último intento de resintonización con la sociedad ha sido la entrada en vigor, el 10 de diciembre, de la Ley de Transparencia, que no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental y que las organizaciones Access Info Europe y Centre for Law and Democracy sitúan en el puesto 64 de la lista de los cien países con legislaciones de este tipo. “Si la joven Ley de Transparencia nos permite saber de los gastos de las administraciones, los sueldos de los políticos profesionales o los contratos públicos, estamos de enhorabuena”, sostiene Pérez Colina, miembro de la Fundación de los Comunes. “Pero más allá de lo tardío de la ley, y por encima de las pacaterías de su alcance, el problema es de fondo; y ese fondo son los límites de la representación política tal y como se concibe hoy”.