Tras la tormenta desatada por el caso Lux Leaks, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, no parece la persona apropiada para impulsar una campaña por la transparencia en las relaciones del poder político con las grandes transnacionales, pero no puede decirse que el hombre no intente lavar su imagen. El lunes 1 de diciembre, la Comisión inauguraba una nueva página en su web, en la que los miembros de la Comisión Europea tendrán que colgar su agenda de encuentros con organizaciones y autónomos. El mismo día, sólo dos comisarios habían subido sus citas con, entre otros, el Grupo Santander y Citigroup. El registro de las reuniones con lobbies no es algo nuevo en Europa, e incluso ha sido una de las bazas que ha jugado Mariano Rajoy en el anuncio de su batería de medidas anticorrupción del jueves 27 de noviembre.

España es, junto a Portugal y Grecia, el país europeo en el que la presencia de los lobbies no aparece en registros adecuados

Hace un año, la sanción de la nueva Ley de Transparencia española dejaba fuera las “organizaciones de intereses”, en palabras de Rajoy, o lobbies, siete letras que sirven de paraguas para englobar a grupos de presión y defensa de intereses, sea de particulares, empresas u organizaciones de la sociedad civil. No obstante, el tiempo ha pasado desde que Sáenz de Santamaría presentase la Ley de Transparencia, y lo que entonces no parecía buena idea ahora es una nueva exigencia. España es, junto a Portugal y Grecia, el país europeo en el que la presencia de los lobbies no aparece en registros adecuados. Pese a esta carencia, Juan Hernández Vigueras, doctor en Derecho y experto en finanzas internacionales, confiesa que no cree mucho en una legislación que regule los lobbies, entre otras razones porque “dado el funcionamiento del Parlamento, y dadas las listas cerradas, las influencias se cuecen fuera de allí”.

No es el único que no ve en los registros la forma más eficaz de controlar el poder de las empresas transnacionales sobre cargos electos. Víctor Lapuente, profesor de Transparencia y Buen Gobierno en la Universidad de Gotemburgo, cree que los registros “no hacen falta” si existe una buena ley de acceso a la información, “si puedes pedir con quién se ha reunido el presidente” y si esta agenda “está hecha por una institución imparcial”. Pero, señala Lapuente, “en el caso de que sospechemos que no es así, no resuelve el problema”. El periodista Pep Campabadal se ha interesado por el funcionamiento de prácticas de transparencia en Estados Unidos y la Unión Europea, y establece una diferencia entre las leyes que directamente consideran secretas determinadas informaciones de aquellas que, mediante trabas burocráticas, impiden de facto acceder a la información, en el tiempo necesario para que ésta permita reaccionar a la ciudadanía. Así, los registros tienen utilidad en cuanto “reducen la sensación de impunidad” y, resume Campabadal, como pueden producir requerimientos, pueden tener un efecto disuasorio.

Lo estructural

En julio, el Corporate Europe Observatory publicaba los datos sobre la presencia de lobbies en la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés). Varios datos llamaron la atención, como el hecho de que un 30% de las visitas pertenecían a lobbies no inscritos en el Registro Europeo de Transparencia. El 92% de los 500 encuentros del grupo negociador del TTIP fue con intereses empresariales, y sólo un 7% de las reuniones se produjeron con organizaciones de la sociedad civil europea. En cabeza está el lobby de la agroindustria, que se ha reunido más de cien veces con los equipos negociadores.

Con este tratado se están escudando en una de las excepciones, que es la flexibilidad en el proceso de negociación

Pero los encuentros con los lobbies han sido sólo una pequeña parte de las críticas de esta y otras organizaciones a la negociación del TTIP por parte de la Unión Europea. En julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitía la sentencia C-350/12, que reconocía el derecho de acceso a la información y la obligación de permitir el acceso total o parcial a los documentos de una negociación internacional a cualquier ciudadano. La diputada del Alde Marietje Schaake y la Ombudsman (Defensora del Pueblo), Emily O’Reilly, han pedido transparencia, y la segunda exige una Comisión de Investigación que examine en qué condiciones se lleva a cabo la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sobre el papel, el acceso a información debería ser suficiente, explica Victoria Anderica, coordinadora de campañas y proyectos de la organización Access Info Europe, y está garantizado por el reglamento 10/49, lo suficientemente garantista para favorecer el derecho a la información, pero “con este tratado se están escudando en una de las excepciones, que es la flexibilidad en el proceso de negociación”. Anderica considera especialmente grave que el tratado se esté negociando sin consulta ni transparencia, “porque la toma de decisiones puede tener impacto directo sobre la vida de las personas sin que haya habido ningún tipo de consulta ni de transparencia”.

Hernández Vigueras considera que el Estado español tiene poco margen en temas comerciales y de exteriores de la UE. Para este expresidente de Attac, la connivencia parte “de que hay un denominador ideológico común, que es no interferir en los mercados”. El problema, que ese acuerdo influye en la legislación en un ramo inabarcable de sectores y, por tanto, en la legislación de todos los Estados miembro: “Este tipo de tratados ya no son abstractos y generales, sino que son verdaderos reglamentos que, como las directivas europeas, te dejan poco margen para regular”.

El 92% de los 500 encuentros del grupo negociador del TTIP fue con lobbies empresariales

Varios eurodiputados han relatado que los pasos adelante dados por el equipo del TTIP se han traducido en el acceso sin cámaras, bolígrafos ni bolsos a una reading room en la que faltan documentos y algunos han sido “blanqueados” bajo el argumento de que hay información “no relevante”, según explica Luis Rico, integrante de Ecologistas en Acción y de la Plataforma Estatal No al TTIP. El argumento del equipo europeo es que se intenta “no mostrar las cartas” a la otra parte, pero para Luis Rico el problema es que la otra parte “no es el equipo estadounidense, sino que somos la ciudadanía”. Anderica concluye que un acuerdo como el TTIP “no puede estar al margen del escrutinio público”. Y cree que la flexibilidad en la negociación puede significar que se vulneren otros derechos.