Resulta extraño, con Bruselas dictando límites presupuestarios por doquier, plantearse qué puede hacer un municipio por sus vecinos. Sus capacidades de cambiar las condiciones de vida se antojan, a primera vista, como escasas y, además, en retroceso. Sin embargo, uno de los pocos mantras razonablemente honestos que se repetirán cuando comience la campaña electoral de las municipales del próximo año es este: “Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía. Y sólo por eso ya son importantes”. Para lo bueno y para lo malo.

Dos elementos actúan en paralelo sobre el alcance de las políticas municipales: sus competencias y su presupuesto. Y la relación entre ambos en España está ahora mismo en entredicho: a finales de 2013, el Gobierno aprobaba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que desde entonces viene recibiendo como respuesta una batería de recursos desde todo tipo de administraciones públicas y partidos políticos. Muchos de ellos han sido admitidos por el Tribunal Constitucional.

Por eso es tan difícil delimitar qué margen de actuación tendrán los consistorios a partir de mayo de 2015 o si las diputaciones podrán o no asumir competencias que hasta el momento eran exclusivas de los municipios en función del llamado coste efectivo de los servicios. La cifra de empadronados sirve también para fijar qué servicios debe prestar la Administración Municipal. Entre lo que siempre se viene a la cabeza cuando se habla de ayuntamientos –recogida de basuras, mantenimiento y limpieza, agua y alumbrado, etc.– están varias de las áreas cuyo gobierno aún no está claro en qué institución recaerá.

En definitiva, imaginarse qué alcance pueden tener unas determinadas políticas a partir del día siguiente de las elecciones es un mero ejercicio de política ficción. Pero precisamente en eso radica su interés. Un repaso de políticas concretas adoptadas en diferentes municipios pueden ayudar a entender mejor el potencial político del voto en los ayuntamientos.

Abrir el grifo y que salga agua es tan corriente como la tendencia privatizadora que desde hace años se viene aplicando sobre este recurso básico. Y no ceja: amparados por el argumento de que una subida de precio fomentaría su ahorro y que las infraestructuras hídricas necesitan de una inversión, voces como la del exministro socialista Jordi Sevilla apuestan por más participación del sector privado. Frente a estas voces, las de los ciudadanos de El Puerto de Santa María (Cádiz), que reclaman que su Ayuntamiento recupere la gestión de este servicio después de que, a raíz de las denuncias vecinales, la Fiscalía abriera diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la concesión de obras a Aqualia, empresa líder del sector, filial de FCC, que presume de prestar servicios en casi un millar de municipios. Uno de ellos es San Pedro del Pinatar (Murcia), donde la empresa está cortando el servicio a los vecinos tras el primer impago.

Pero ante estos poderosos intereses, ¿puede un ayuntamiento hacer algo? Lo cierto es que también hay casos en que el proceso se ha revertido: en Lucena (Córdoba), tras más de dos décadas en manos privadas, las aguas han vuelto a ser públicas; el muy mediático caso de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) logró un gran éxito cuando una sentencia judicial frenó, momentáneamente, las intenciones del Consistorio gobernado por el PP, aunque la batalla continúa; Priego de Córdoba, los municipios sevillanos adscritos a la pública Aguas del Huesna, o Huelva y Tenerife son el espejo en el que se miran quienes en otros sitios, como en Ermua (Bizkaia), siguen presentando batalla a la privatización.

Ada Colau apuesta
por el cierre del CIE
de Barcelona, al que califica de “agujero
de la vergüenza”En Madrid hace ya tiempo que desde el ámbito social se trata de frenar la gestión privada del Canal de Isabel II, ya en marcha, pero es que la capital tiene muchos frentes abiertos: la suciedad o la disminución de las frecuencias en todos los transportes públicos son dos de las más evidentes consecuencias de las políticas de recortes. Para los vecinos de la ciudad no debería resultar un ejercicio de política ficción aspirar a tener un entorno urbano limpio, autobuses y metros suficientes o una apuesta por la movilidad sostenible más seria y menos efectista que Bicimad, el servicio de alquiler de bicis recién estrenado, con múltiples carencias y notablemente más caro que en otras ciudades.

Precisamente es en Barcelona donde se puede encontrar la más atrevida propuesta de actuación desde el ámbito municipal: Guanyem, la marca electoral confluyente que encabeza Ada Colau, apuesta por el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de la ciudad, “un agujero de la vergüenza”, como lo calificó en el acto de presentación. Su propuesta rebasa, holgadamente, los límites administrativos que el Ayuntamiento que aspira a gobernar tiene asignados. Pero saltos competenciales más difíciles se han visto: en 1931 fueron unas elecciones municipales las que condujeron a la proclamación de la II República.