Ruptura constituyente o continuidad. Y en medio, dos almas de la protesta: la republicana, que esperaba desde hace años un hueco para expresarse; y la constituyente, que plantea el debate sobre la forma de Gobierno incidiendo en la falta de democracia. Un déficit detectado a partir de 2011, evidenciado con un primer cambio constitucional (el artículo 135 reformado por el PP y el PSOE) y en la solución “técnica” al problema de la abdicación mediante una ley orgánica aprobada en un plazo de 24h. después del anuncio. Una ley que, a priori, no garantiza la inviolabilidad jurídica del rey saliente pero que podría ser acompañada de un aforamiento especial del Congreso para blindar jurídicamente al rey Juan Carlos.

Para plantear este contraataque del régimen vuelve a emplearse la vieja fórmula del “pacto entre caballeros”, del grupo de elegidos con capacidad para cambiar todo (para que nada cambie, si nos ponemos estupendos). Otra escena necesaria para presentar ese pacto, establecido hace tanto tiempo, ha sido la primera aparición del rey Juan Carlos y el príncipe Felipe tras el anuncio del 2 de junio en un acto de Defensa, ambos con traje militar, y es que, como advirtió el ministro de Defensa el 29 de mayo, es “importante” poner al Ejército “en el conocimiento general de la ciudadanía”. Por si las moscas.

La salida por arriba ya había sido anunciada por Ramón Jáuregui (PSOE) antes de la debacle bipartidista de las europeas: un acuerdo entre partidos que trate de atar una reforma de la Constitución y salga al paso del problema político planteado por Catalunya. Ya después de la abdicación, y con las plazas de todo el país repletas de manifestantes, Rajoy lo dijo en otros términos: “Si a alguien no le gusta la monarquía, que plantee una reforma de la Constitución”, por supuesto en el marco de un Parlamento donde ya está atado el pacto PP-PSOE: ésa es la herencia que deja el secretario general saliente de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por su cuenta, el Gobierno tratará de aprovechar la mejora de la actividad económica, reflejada en la disminución del desempleo y en la subida de las cifras de producción industrial. Pero a largo plazo, la perspectiva económica para las periferias europeas sigue siendo la del estancamiento y la competencia entre territorios por rebajar estándares laborales y medioambientales. En todo caso, la dirección económica sigue dependiendo de variables ajenas al control del sistema español de partidos: las políticas de expansión de los bancos centrales de un lado y, por otro, el marcaje a los presupuestos nacionales por parte de la troika: el mismo día en que Rajoy anunciaba la abdicación, la Comisión Europea pedía explicaciones al Ejecutivo sobre qué medidas adicionales de ajuste tomará para bajar el déficit en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%).

La situación no es mala. La disidencia expresada en las urnas el 25M –y la incógnita de la abstención– responde a una peculiaridad que el ciclo político español sólo comparte con Grecia: los países europeos que, junto a Reino Unido, vivieron en 2011 una ola de ocupación y politización en las plazas fuera de los cauces ya instituidos son también los únicos donde el rechazo a las políticas de la UE no se canaliza hacia la extrema derecha –caso de Francia– o se vuelve hacia uno de los partidos del régimen –caso de Italia y su apoyo a Renzi–.

Propuestas de transformación

Por abajo, nadie tiene la fórmula: o presión popular para un referéndum monarquía/república antes de la sucesión –lo que obligaría a forzar los ritmos: el Congreso prevé el nombramiento de Felipe de Borbón para el 18 de junio–, o apostar por que las municipales –o un posible adelanto de las generales– se conviertan en algo parecido a un plebiscito sobre la ruptura constitucional. Ante la movilización por el referéndum se abre una nueva oportunidad. La forma de Gobierno republicana implicaría un proceso constituyente, 40 años después, en el que se deberían plantear temas como la soberanía y el modelo territorial, lo que se imbrica con la consulta planteada en Catalunya, y especialmente con el Procés Constituent, que pueden recibir un impulso en este proceso. Con la vista puesta más allá, esa consulta es una oportunidad para que una nueva Constitución garantice nuestros derechos y que sea el resultado de un proceso colectivo y ciudadano, tal y como se plantea la propuesta de una consulta democrática para el 15 de octubre planteada por el Movimiento por la Democracia.

A la urgencia de evitar una nueva coronación fruto de un nuevo acuerdo de élites, como ocurrió en 1975, se le opone el largo aliento que supone una transformación que ponga en primer plano la democracia y con ella las vidas “que merecen la pena ser vividas”, como ha señalado la economía feminista. En cualquier caso, el objetivo es que a la regeneración planteada por las élites se le oponga la demanda de una democracia real.