De la Ley de Costas al fin de los seguros por daños ambientales
Las cuatro apuestas de Medio Ambiente

Más allá de la manteca colorá: el ministerio de Cañete ha impulsado políticas territoriales como la nueva Ley de Costas que han contado con la oposición de movimientos ecologistas.

, Redacción
22/04/14 · 20:10
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El poblado costero de Chovito (Tenerife) fue desalojado usando la misma Ley de Costas que fomenta la urbanización. / Arriba Las Que Luchan

Ley de Costas: blindaje del ladrillo y el turismo


Esta legislatura se aprobó la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, que sustituyó a la norma anterior, de 1988

La destrucción de dos hectáreas de ecosistemas costeros cada día en el período entre 1987 y 2005 mostró la fragilidad de la antigua Ley de Costas, de 1988, que durante esta legislatura fue modificada por una ley impulsada por el Gobierno popular. La revisión de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre que plantea esta reforma ha operado como palanca para la apropiación de bienes comunes por parte de actores privados, muy vinculados al sector turístico. Asimismo, la reforma blinda concesiones a industrias que operan en terrenos vinculados a explotaciones indus­triales altamente contaminantes, ampliando la venia para que operen hasta los 75 años.

Los efectos del cambio climático sobre el litoral, que suponen una pérdida de terreno costero debido al aumento de tres milímetros anuales del nivel del mar, así como por inundaciones y efectos sobre la fauna y flora marina, han sido prácticamente “olvidados” en la redacción de la Ley de Costas. La normativa ha sido rechazada por organizaciones ecologistas y grupos como la Fundación de los Co­munes, para la que se trata de una iniciativa “que desequilibra la balanza del uso común del litoral a favor de los usos privados y, en muchos casos, depredadores de los bienes que nos pertenecen a todos”.

Ley de Montes con la caza por montera


En marzo se presentó el borrador de la nueva Ley de Montes, que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto

De prosperar la Ley de Montes que el Gobierno apura en los últimos meses, la tierra quemada, es decir, aquellos bosques que hayan sufrido un incendio, podrá ser recalificada antes de que se cumplan los 30 años que establece la ley actual, una medida que deja en manos de las comunidades el uso del suelo afectado por el fuego. Aunque se contempla como excepcional el cambio de régimen del suelo, los grupos ecologistas alertan de que la excepción puede convertirse en regla y provocar el aumento de los incendios provocados con fines especulativos. En este sentido, el texto presentado es mucho más laxo que la ley vigente en cuanto a la posible desafección, o privatización, de montes de utilidad pública, algo en lo que el Gobierno ya avanzó mediante la ley Montoro de la Administración local. Asi­mis­mo, la ley privilegia a los cazadores frente a otros “actores” campestres como senderistas y seteros, que han recogido más de 100.000 firmas para defender el artículo 45 de la Constitución, que protege el derecho al disfrute del medio ambiente. El anteproyecto contempla la prohibición, ejecutada mediante importantes sanciones económicas, a pasear por los montes públicos durante los días de cacería.

El precio de la destrucción ambiental 


Aprobada el 9 de diciembre de 2013 con el nombre de Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental

La ley, tramitada por el procedimiento de urgencia y aprobada sólo con los votos favorables del PP y la abstención de CiU, tiene como uno de sus puntos más polémicos la regulación del fracking o extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, lo que para las organizaciones ecologistas equivale a la legalización de esta práctica prohibida en numerosos países por sus efectos perniciosos sobre la salud y el medio ambiente, y que fue rechazada también en Navarra, Canta­bria y La Rioja a lo largo de 2013, aunque el Tribunal Constitucional suspendió estas leyes en los dos últimos casos a instancias del PP.

También llamó la atención la introducción en la norma, en el último momento, del acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura alcanzado entre el Gobierno y cinco comunidades autónomas, que fija las reglas de explotación del trasvase y es considerado por oposición y grupos ecologistas como ajeno a esta normativa.
La ley también incluye la figura de los “bancos de conservación” o “bancos de hábitat”, que permite que las empresas compensen el daño ambiental provocado por un proyecto en un lugar determinado “comprando” créditos de un trabajo de recuperación ambiental realizado en otro lugar.

El fin de los seguros por daños ambientales
 


A pesar de las tres enmiendas a la totalidad presentadas, el 20 de marzo el proyecto de ley pasó su primer trámite en el Congreso

La normativa ahora en trámite modificará la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioam­bien­­tal, aprobada por el PSOE. Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es la eliminación, para el 98% de las actividades, del seguro de garantía financiera, que hasta ahora debían suscribir unos 320.000 operadores. Este seguro está pensado para cubrir cualquier daño ambiental derivado de la actividad empre­sarial, aun­que lo cierto es que con la normativa de 2007 tampoco llegaron a aplicarse las garantías financieras exigibles por ley. A partir de ahora, sólo estarán obligados a suscribir este ‘seguro verde’ unos 5.400 operadores, lo que, según el Go­bierno, supondrá un ahorro de 1.400 millones de euros para las pyme. Además, el nuevo proyecto de ley fija en 20 millones de euros la cobertura máxima de este seguro.Con la nueva normativa, ade­más, ya no será la Admi­nis­­tra­ción la que determine la responsabilidad exigible a cada empresa, sino que será la propia compañía la que establezca la cuantía de la garantía tras hacer análisis de riesgos de su propia actividad, un punto que ha sido duramente criticado por las organizaciones ecologistas.

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