Balance de agricultura y medio ambiente
Arias Cañete y los intereses creados

Competencias e incompetencias del ministro más rico, mejor valorado y con más conflictos de intereses

, Redacción
25/04/14 · 8:00
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Coleccionista de coches, aficionado a los rallys, con estómago a prueba de fechas de caducidad y aspecto de ser el menos envarado de los ministros de la décima legislatura: Miguel Arias Cañete abandona su cartera como ministro de Agricultura, Alimen­ta­ción y Medio Ambiente para entrar en la campaña electoral europea. Su aval es ser el ministro mejor valorado según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Den­tro del suspenso general, Arias Cañe­te roza el aprobado entre quienes votaron al PP en las elecciones de 2011 y genera menos antipatía entre el resto de votantes y no votantes que sus hasta ahora compañeros de gabi­nete. Los sindicatos y organizaciones ambientales que se han reunido con él destacan su disposición al diálogo, pero lamentan que eso no se ha traducido en un cambio de rumbo de sus reformas, que le han convertido en un ministro “al servicio de la burguesía andaluza y española”, en cuanto a agricultura, en palabras de Manuel Rodríguez, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y en el encargado del primer retroceso a nivel de legislación ambiental ejecutado en el Estado español, según Juan Carlos Atienza, director de conservación de Seo/Birdlife.

Pero el de ministro más popular no es el único ránking que encabeza el candidato a las europeas, que también ha sido hasta ahora el ministro más rico, con un patrimonio aproximado de 1,7 millones de euros, según publicó el Boletín Oficial del Estado en septiembre de 2012, en cumplimiento de la ley de regulación de conflictos de intereses.

Agricultura para unos pocos

La que se presenta como principal victoria de su gestión ha sido la negociación de la Política Agraria Común (PAC), que trajo, según los medios conservadores, 47.000 millones en el reparto de la principal partida del presupuesto de la UE. La Coordinadora de Organiza­ciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) no ha escatimado críticas a la gestión ministerial de Arias Cañete: “En realidad, la PAC se centra casi exclusivamente en el sistema de ayudas y compensaciones económicas, pero no sólo no regula sino que ahonda en la desregulación de los mercados”, explica el secretario general de COAG, Miguel Blanco. “La liberalización de los mercados nos deja en una situación de indefensión frente a los mercados especulativos, los operadores económicos que controlan la producción y la alimentación”, señala Blanco. Junto a esta visión de la agricultura como una pieza de cambio en el tablero que disponen el Ban­co Mundial y la Organización Mun­dial del Comercio –y sobre el que en estos tiempos se negocia la Asocia­ción Transatlántica de Comercio e Inversiones entre la UE y EE UU– se desarrolla una política de ayudas que reporta importantes beneficios a las grandes explotaciones, que precisan de menos mano de obra y por tanto no suponen una solución al paro en zonas como Andalucía, dedicada en dos terceras partes al cultivo de olivos. En esta comunidad tienen parte de sus propiedades familias como la del Ducado de Alba, los Mora o los Domecq, que cada año recibe cerca de 1,7 millones de euros en subvenciones. Arias Cañete, que comenzó su carrera de abogado en Cádiz, está emparentado con esta última familia a través de su matrimonio con Micaela Domecq y Solís-Beaumont.

Mientras el presupuesto del Minis­terio se reduce en sus dos principales partidas –en el caso de Agricul­tura, el monto ha descendido un 26% en los dos últimos años–, las ayudas de la PAC no suponen una solución a medio plazo. La central mayoritaria COAG calcula que, de cara a 2020, los agricultores perceptores de ayudas perderán una media del 12% del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, ya se deja ver la escasa dotación para políticas que incentiven una fiscalidad progresiva y aporten ayudas agroambientales. Tampoco se ha puesto freno a las prácticas que hoy definen al sector: la sobreexplotación del suelo y el agua, y la dependencia de productos como herbicidas y fertilizantes de gigantes del sector químico.

Precisamente de ese sector, de la multinacional Fertiberia, proviene la secretaria de Estado de Agricultura y candidata a suceder a Arias Cañete, Isabel García Tejerina. Manuel Rodrí­guez, del SAT, denuncia que, junto a políticas que se alejan de la vía a la soberanía alimentaria en una tierra “con tantas posibilidades” como la que tiene Andalucía y, por extensión, el Estado español, el Gobierno no ha fomentado la generación de empleos relacionados con la industrialización de los productos agropecuarios. Para este portavoz del SAT, un ejemplo de esto es la operación que en las últimas semanas ha autorizado el Gobierno, por la que una tercera parte de la aceitera Deoleo, que comercializa marcas como Koipe o Carbo­nell, pasará a manos del fondo de alto riesgo CVC Partners.

Cambio climático

Los intereses de Arias Cañete también han tenido su reflejo en la otra gran pata de su Ministerio, el Medio Ambiente, a través de su participación en la compañía Petrolífera Du­car, conocida a raíz del conflicto en torno a la alarma por la práctica, altamente contaminante, del repostaje en marcha o bunkering, llevada a cabo por las autoridades británicas del peñón de Gibraltar.
A pesar de esta controversia, en cuanto al cambio climático, el ministro ha tenido parte del trabajo hecho gracias al descenso de la actividad industrial y el desplome de la construcción. Este aspecto ha permitido a Arias comparecer sin apuros en las distintas cumbres sobre cambio climático (COP18 y COP19 en Qatar y Polonia). Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, critica la visión a corto plazo del minis­terio, y recuerda que la reducción de los gases de efecto invernadero ha sido posible también gracias a la compra de derechos de emisión a Polonia: “La posición del Gobierno ha sido de falta de ambición, pese a las consecuencias drámaticas que el calentamiento global tiene en España”.

Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, recalca que los compromisos de la UE están muy por debajo de las recomendaciones del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático. Spende­ler añade que en la gestión del minis­terio se ha echado de menos un plan para la reducción de las emisiones en los sectores difusos, las provocadas por la actividad de la mayoría de la población en sus usos cotidianos. La distancia con el objetivo fijado para España según el protocolo de Kioto se mantiene cerca de la base establecida en torno al año de referencia 1990, pese a que en 2012, último año del que hay datos, los factores que favorecen el aumento de la temperatura empeoraron respecto a 2011. En la difícil progresión hacia un modelo que permita alcanzar en 2020 los objetivos 20-20-20 –de reducción de un 20% del consumo de energía primaria, otro tanto de reducción de emisiones y un aumento equivalente de la generación a través de energías renovables– el ministerio de Fomento ha anulado a Medio Am­biente con varias decisiones. Las últimas tienen que ver con el impago de las primas que compensan la inversión en tecnologías limpias. Ade­más, el Gobierno presentó una nueva fórmula que rebaja un 19% la media de la retribución a las renovables. Son medidas que han favorecido a los principales responsables del cambio climático en sectores fijos, los industriales y de generación: empresas como Repsol o Unión Fenosa.

Conflictos de competencias

Medio Ambiente “no ha hecho nada para paralizar el desmontaje de las renovables”, aprobado por la cartera que dirige José Manuel Soria, explica a DIAGONAL la directora de campañas de Greenpeace, María José Ca­ballero. Ese Ministerio tampoco ha recibido respuesta de la cartera de Arias Cañete en temas como las autorizaciones del uso de la fractura hidráulica –fracking– o las prospecciones petrolíferas y de infraestructura de transporte de gas.

El Ministerio de Fomento no ha encontrado pegas a su plan de infraestructuras y la ley Montoro de la Administración local no fue contestada pese a abordar temas como el acceso de municipios y ayuntamientos a recursos comunes. No obstante, una medida tomada por el Ministerio de Justicia ha sido el colofón de la incomparecencia del Ministerio hasta ahora dirigido por Arias Cañete. La Ley de Tasas impulsada por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón dificulta las denuncias de las ONG, como explica Atienza, de Seo Birdlife: “Tenemos que pagar tasas y muy altas por ir a los tribunales”. Atienza explica que el pago de las costas en las denuncias que no prosperan, que antes eran una excepción, se convierte en regla a raíz de la modificación, lo que extiende la inseguridad para unas organizaciones que a menudo se encuentran solas en la defensa del medio si la Administración se inhibe de intervenir.

Un currículum del color del petróleo

Aunque el nombre de Arias Cañete no aparece en los papeles de Bárcenas dos casos han ensombrecido el currículum del ministro. El conocimiento de su participación en el despacho de abogados Sogdal, “una fachada al servicio de otras sociedades dentro del sector agropecuario”, que facilitó el uso de DNI falsos para operaciones de blanqueo según un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona. En 2013 afloró la relación de Arias Cañete con la Petrolífera Ducar, de la que poseía en esas fechas una participación del 2,5%. El posible cruce de intereses se conoció a lo largo del conflicto con Gibraltar de aquel verano. Además, Cañete tiene participación en Petrologis Canarias, adjudicataria de contratos públicos en Canarias en 2011.

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