– Sobrecostes y obras finalizadas con materiales de peor calidad a la presupuestada estaban a la orden del día, pero no solía haber problemas, porque quienes tenían que supervisarlo solían estar ‘untadus’…
– ¿Untados?
– Sí, comidas, viajes, favores… a todos los niveles.
– ¿Y con las concesiones de aguas o limpiezas?
–Eso es lo más rentable que tenemos…

Así describía a DIAGONAL ASTURIES un trabajador de FCC que prefiere no revelar su nombre algunas prácticas habituales en el sector. Los recortes y la asfixia económica de las administraciones asturianas tienen mucho que ver con concesiones ruinosas y grandes obras llevadas a cabo a pesar de informes que las cuestionaban. Fueron apoyadas indistintamente por administraciones del PP y del PSOE –e incluso IU. ¿Políticos incompetentes? ¿O decisiones equivocadas, sí, pero que paradójicamente favorecían a un pequeño número de grandes empresas? Los papeles de Bárcenas han respondido por nosotros a estas preguntas: 25 imputados, en su mayoría grandes constructores, acusados de asociación ilícita, cohecho, alteración de precios en concursos públicos o prevaricación, acreditándose una “corriente de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad” del PP, según un auto del juez Pablo Ruz.

Celso Miranda, economista y concejal de IU durante los años del gabinismo, recuerda que al ver la nómina estatal de donantes del PP “vio reflejado a escala la situación de Oviedo: una traslación casi mimética con las mismas empresas y concesionarias, con la excepción de empresas autóctonas como Jovellanos XXI, mientras que obras como la Laboral, el Nie­meyer o el Calatrava eran escaparates sin ninguna herramienta de control”. En aquella época “los pliegos de los contratos parecían hechos ad hoc: sólo una empresa cumplía las condiciones, cuando no se utilizaban empresas semi-públicas, como Gesuosa, para no realizar concursos públicos”.

Hablar de obras inútiles para José Antonio Ballesteros, abogado de Equo, es hacerlo de la Regasificadora del Musel, una iniciativa del presidente socialista Areces para justificar la ampliación del puerto gijonés. Cons­truida por Duro Felguera y FCC, costó 380 millones de euros, pero no ha entrado en funcionamiento. Su autorización de apertura ha sido anulada provisionalmente al encontrarse a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano. Cuando fue proyectada, las plantas de gas de Bilbao y Ferrol operaban por debajo del 50% de su capacidad, pero a pesar de ello a Enagás le interesaba su construcción “ya que está garantizada su amortización e incluso la obtención de beneficios adicionales, a costa de las tarifas a pagar por los consumidores”, explica Equo. Un informe de la Comisión Nacio­nal de la Energía en 2012 les dio la razón: y la planta fue hibernada para ahorrar costes.

75 millones para Enagás

Enagás recibirá 75,9 millones de euros en 2014, a través de la factura del gas y de la luz, el primero de los sucesivos plazos hasta recuperar su inversión (y un indeterminado beneficio industrial), según la propuesta de Orden ministerial que regulará la tarifa del gas. Un mes después Ena­gás, la gasística pública privatizada, ha incorporado en su consejo de administración a cinco ex dirigentes del PP, entre los que se encuentran las ex ministras Isabel Tocino y Ana Pa­lacio. Ballesteros piensa que hubo “una burbuja de instalaciones vacías, también en la energía, llevada a cabo debido a la puerta giratoria entre políticos y empresas energéticas”.

La ampliación del Musel, otra obra faraónica promovida por Areces, implicó a dos donantes del PP según los papeles de Bárcenas: OHS y FCC. La obra se adjudicó en 499 millones de euros, aunque los sobrecostes incrementaron el precio hasta los 709 millones. La UE denegó parte de las ayudas al camuflarse los sobrecostes como ‘segunda parte de la obra’. Como consecuencia, la financiación la asumió el Puerto de Gijón (dependiente del Ministerio) bajo los avales del Princi­pado. La más beneficiada fue la gran familia de la burguesía asturiana, los Masaveu, que proveerían esta obra con cientos de toneladas de cemento de su fábrica de Tudela Ve­guin. Sin utilidad aparente, Balles­teros concluye que “se tiró el dinero al fondo del mar para unas instalaciones innecesarias y sin rentabilidad”.

La construcción del nuevo Hos­pital Universitario Central de Astu­rias (HUCA) recayó en una UTE donde participaba otra donante en b del PP, Sacyr. Aunque 205 millones de euros fue lo presupuestado, el coste real ha ascendido hasta los 400. Los escraches de los estudiantes de Medi­cina paralizaron la decena de inauguraciones de una obra aún sin funcionar. Sacyr participó en el 70% de otra infraestructura ruinosa: la autovía Oviedo-Gijón AS-II. Construida y gestionada por ella durante 30 años, cuenta con un ‘peaje en la sombra’ y el Principado paga por cada usuario que la usa (6,5 millones de euros en 2011). Con importantes pérdidas, ha pedido el ‘rescate’ a la administración. Otras autovías, financiadas con fondos estatales, aparecen en los papeles de Bárcenas (autovías del Cantábrico y Grado-La Espina).

Sin embargo, han sido los túneles del AVE de la variante de Pajares la obra más criticada y que ha puesto a Álvarez-Cascos contra la pared. Fueron adjudicados a FCC, Sacyr, AZVI y Construcciones Hispánica (que no tenía experiencia ferroviaria) en 2003, tras una evaluación de apenas seis meses, “infrecuentemente reducida para este tipo de complejas adjudicaciones de obra civil”, según la querella popular. Se obviaron los estudios geohidrológicos y ahora hay deslizamientos de tierra e inundaciones tras perforar 20 acuíferos, secar ríos y manantiales leoneses y trasvasar 10 hm³ hacia Asturies. Cuanti­ficados en 1.085 millones de euros, al poco se elevaron a 1.858. Nueve años después siguen sin finalizarse y acumulan un sobrecoste de 1.642 millones.

El PP recibió 550.000 euros en donaciones ilegales durante la licitación de esos túneles y las acusaciones populares ven relación directa con las adjudicaciones. Nuevamente, los Masaveu y su fábrica de La Robla, a escasos kilómetros de las obras, se convirtieron en proveedores del cemento de los túneles. No es extraño que apoyaran a Cascos en su vendetta contra el PP asturiano: quid pro quo.

Aguas sucias

El caso Bárcenas ha salpicado a directivos de las dos principales concesionarias de gestión y servicio de aguas en el Estado: Rafael Palencia (Degremont Iberia) y Lucio Moreno (Agbar), vinculados a Agbar-Aquagest (1.023 municipios y 225 millones de beneficios en 2011), y Cecilio Sánchez, de FCC-Aqualia (850 municipios y 3,86 millones de beneficios en 2011). Ha­brían donado centenares de miles de euros a cambio de favores y concesiones públicas. Aquagest está implicada en los casos Pokemon y Manga, en Llanes, Cangas del Narcea, Ou­ren­se o Santiago, donde un empresario, Antonio Murcia, declaró que esta empresa pagaba las campañas electorales del PSOE.

Parece lógico el entusiasmo de los gobernantes, aunque no lo comparte la ciudadanía. En Avilés, la llegada de Aqua­gest desencadenó un movimiento que recabó 20.000 firmas para exigir un referéndum. No sirvió para frenar el proyecto y en 2010 esta empresa adquirió la concesión tras pagar un canon de 37 millones. En 1996, la oposición también acompañó la entrada de FCC-Acqualia en Oviedo, que ahora también gestiona limpieza, basuras, cementerio o grúa municipal.

Cánones

La trampa está en las concesiones rehenes: Duran dos o tres décadas, su rescisión supera hasta en 15 veces el canon pagado y a veces se renuevan automáticamente al realizar infraestructuras. El canon se amortiza con una subida del precio del agua (meses antes de la privatización, como en Avilés, o tras la concesión). Además, las compras y obras de esa empresa mixta recaerán en filiales de la empresa privada.

“Si en Oviedo se limpiaba las calles a manguerazos era porque la misma empresa facturaba el agua al ayuntamiento”, recuerda Miranda. Negocio redondo. Miranda reflexiona que “no se consiguió probar la financiación irregular, pero la sospecha sigue viva: ¿qué hacían empresas de servicios comprando caballos en la yeguada de los hijos de Gabino de Lorenzo?”.

Lo que sí que se ha probado fueron los sobresueldos del ex presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, según reveló Atlán­tica XXII. Alcan­zaron los 6.000 euros mensuales. También cobraron su secretario general, Fernando Go­ñi, Aréstegui, presidente del PP de Avilés o el exsenador Javier So­peña. También hay donantes en ‘a’: en 2011, Indus­trias Lácteas Asturianas (Reny Pi­cot), empresa de Francisco Ro­drí­guez, realizó la 8ª mayor donación en al PP estatal (60.000) euros.

Con decenas de obras de los donantes del PP aprobadas por gobiernos asturianos de todos los colores, Miranda concluye: “si se hicieran investigaciones a nivel municipal y autonómico encontraríamos hechos similares a los que están apareciendo en los papeles de Bárcenas, y no sólo implicando al PP”. El tiempo dirá si movimientos sociales y ciudadanía siguen la pista del dinero.