Paco A. Cascos, P.A.C. o Cascos a secas. Tras cinco años de investigación del caso Gürtel y otro más de los papeles de Bárcenas, el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya ha dado por veraz que las distintas siglas utilizadas en los documentos incautados en la trama sobre financiación ilegal del Partido Popular se corresponden con Francisco Álvarez-Cascos. Ministro de Fomento entre los años 2000 y 2004, y actualmente diputado autonómico por Asturias, Cascos es, según las anotaciones estudiadas por la unidad policial, el responsable de varias de las adjudicaciones de contratas hechas a las empresas de la Gürtel y el “mayor perceptor de dinero” de las mismas.

“La UDEF ha certificado su participación en la Gürtel como una de las personas que, de forma permanente, venían cobrando como político y vinculado a actividades empresariales”, señala Enrique Santiago, uno de los abogados que trabaja en la querella popular por los papeles de Bárcenas. Santiago apunta que el exministro aparece en las anotaciones de los años 1990 a 1993 tanto cobrando como aportando distintas sumas de dinero a la financiación en b de su partido. “¿A qué se debe esto? Él mismo reconoció en su declaración que, en esos años, además de ocupar la secretaría general del PP, ocupaba la tesorería en  funciones”. Eran los años que fueron desde la dimisión de Rosendo Naseiro, protagonista del caso que, a principios de los 90, puso por primera vez sobre la mesa la financiación ilegal del partido, hasta que se nombró a Álvaro Lapuerta. “Suponemos que las cantidades que él [Álvarez-Cascos] aportaba era lo que recaudaba entre los empresarios”. Cascos, que se llegó a definir como “padre espiritual” de los estatutos del Partido Popular, según señala El Plural, abandonó el Partido Popular en 2011 al no ser designado candidato para Asturias, y formó su propio partido, Foro Astu­rias, con el que alcanzó la presidencia de la región. Años antes, mientras llevaba la cartera de Fomento, se adjudicaron contratas al menos a seis empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas, relacionadas con el despegue de la línea de Alta Velocidad y la red de autopistas.

Empresas y buenas relaciones

Entre las comisiones que la UDEF le atribuye a Álvarez-Cascos en relación a la Gürtel destacan más de medio millón por la facturación hecha entre los años 2003 y 2004 a la empresa Rialgreen S.L., administrada entonces por Pablo Crespo; y otros 69.000 euros que habría recibido en 2008 de Creative Team, también vinculada a la trama, a través de Tecnas, empresa que el exministro de Fomento presidió hasta 2011. No era la única. Hasta principios de julio de 2011, pocos meses antes de que asumiera la presidencia de Asturias, Álvarez-Cascos aparecía en los consejos de dirección de al menos otras cinco empresas, ya como presidente, vicepresidente o consejero. Después de esa fecha decidió cederle sus cargos en las sociedades a Benigno Blanco, secretario de Infraestructuras cuando Álvarez-Cascos ocupaba la cartera de Fomen­to. Actualmente, Blanco es presidente del Foro de la Familia, unas de las asociaciones que han impulsado la reforma de la Ley del Aborto presentada por Alberto Ruiz-Gallardón.

Entre las seis empresas de Álvarez-Cascos figura Servicios Integrales de Procesos Informáticos, en la que también están presentes altos cargos del PNV como Andoni Olabarri, o Spineq Europe, una firma que presta asesoramiento a constructoras españolas para la promoción de nuevos proyectos en el exterior en la que, además de Álvarez-Cascos e Isabel Martín Castellá –exdirectiva del Banco Europeo de Inversiones– hasta 2011 figuraba como consejero otro peso pesado en las decisiones relacionadas con las infraestructuras que se ponían en marcha en el Estado español: Antonio López Corral, ex director general de Programación Económica del Ministerio de Fomento en los mismos años y, según publicada el periódico Expansión en 2008, responsable de la actual legislación estatal sobre concesiones de obra pública, la Ley 13/2003, en cuyo marco se ha desarrollado el nuevo modelo de gestión privada de los centros sanitarios.

Según la exposición de motivos de la ley, se trataba de “responder sin ambigüedades” a la normativa europea vigente en ese momento, dando más “protagonismo” al empresariado privado en la obra pública, pero esta normativa llegó mucho más adelante que la comunitaria al permitir la concesión de servicios públicos de carácter no económico y al suavizar el concepto de “riesgo” con respecto a la normativa europa, por el que la empresa concesionaria asumía el riesgo de no ingresar lo esperado e, incluso tener pérdidas, añadiendo el concepto de “equilibrio económico”, que abre la puerta a la revisión del contrato de concesión si la empresa concesionaria no consigue ingresar lo esperado o que ésta pueda contar con un aval público a la hora de acceder a una concesión.

“El problema con Cascos es que, sorprendentemente, está costando mucho que salga imputado”, continúa Santiago. En febrero, cuando se presentó la querella popular por los papeles de Bárcenas, los colectivos que la firmaron reclamaron la imputación del exministro de Fomento, pero Gómez Bermúdez, primer magistrado que trabajó en el caso, entendió que no había motivo. Cuando en septiembre se presentó la ampliación de la querella, de nuevo reclamando la imputación de Cascos, el juez Ruz respondió expresamente que, al ser aforado, era competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias. Estos días, el TSJ ha emitido un comunicado en el que afirma que, al haber sido Cascos diputado o ministro en los años en los que se dieron los hechos denunciados, entiende que el aforamiento corresponde al Tribunal Supremo. “El TSJ de alguna manera le pasa la pelota al Supremo, parece que hay falta de voluntad o miedo de  actuar contra Álvarez-Cascos”, concluye Santiago.